``En promedio, un mexicano muerto con violencia al día en Los Angeles'', fue el títular de la nota que leímos en La Jornada al comenzar esta semana (22 de julio, p.56), basada en informaciones proporcionadas por el consulado mexicano en aquella ciudad californiana. En ella se evidencian otra vez las actitudes racistas y xenofóbicas que enfrentan nuestros connacionales que cruzan la frontera en búsqueda de condiciones de vida que les son negadas en nuestro suelo. Actitudes que en la mayor parte de los casos no son reclamadas legalmente por las víctimas o sus familiares debido a su indigencia, su temor a ser detenidos y deportados, al desconocimiento de sus derechos, los altos costos de un litigio, la incapacidad económica para pagar abogados, así como a las ``inmunidades'' judiciales que disfrutan los agentes violadores de los Derechos Humanos.

Es ampliamente conocido el endurecimiento que ha venido produciéndose en los últimos años en relación con las políticas, las estrategias y los programas operativos dirigidos por el gobierno estadunidense para contener los flujos migratorios en su frontera sur. Es también de dominio público que se han incrementado en un 70 por ciento los recursos financieros que se destinan a esa labor en la actual administración. Y de igual manera es evidente que tales medidas han sido tomadas unilateralmente por parte de los vecinos del norte, sin considerar que al actuar de ese modo incurren en responsabilidades de Estado, al tiempo que lesionan la soberanía y los intereses legítimos de México y sus nacionales.

El mismo día 22 también fue emitida una denuncia y petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por parte de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), en cuya representación actúa el embajador Oscar González, y la Academia Bajacaliforniana de Derechos Humanos (ABCDH), a la que representa José Luis Pérez Canchola, en contra del gobierno de Estados Unidos de América.

En el documento denuncian las graves violaciones a los Derechos Humanos de diversas personas a lo largo de la franja fronteriza, debido al uso injustificado de la fuerza y la violencia por parte de autoridades federales, estatales y locales, y otros órganos de autoridad equivalentes de los estados de California, Arizona, Nuevo México, Texas y Florida.

La denuncia-petición está basada en el conocimiento documentado de un gran número de casos y situaciones en contra de mexicanos, de los cuales se describen 35. Igualmente se sustenta en un escrito del abogado Peter A. Schey, que fue también dirigido al organismo interamericano de Derechos Humanos, en el cual se señala que solamente entre el 5 de mayo de 1989 y el 4 de mayo de 1991 se reportaron mil 274 instancias de abuso en la aplicación de las leyes migratorias, de las cuales el 75 por ciento habían sido cometidas por el Servicio de Inmigración y Naturalización y la Patrulla Fronteriza. Por lo que se considera que existen patrones reiterados de esa conducta.

El fundamento legal de la denuncia-petición se encuentra en la Convención Americana de Derechos Humanos, de cuyo texto han sido total o parcialmente violados los artículos 5, 7, 24 y 25, así como también todos los preceptos del Derecho Consuetudinario y de los instrumentos de Derecho Internacional que son aplicables. Todo ello con independencia del hecho de que Estados Unidos, aunque es signatario, no haya ratificado la mencionada Convención, ya que de acuerdo al artículo 18 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ese país está obligado a abstenerse de realizar actos contrarios al objeto y propósito del Tratado.

Por todo lo anterior, la AMDH y la ABCDH solicitan a la CIDH la designación de un Relator Especial para que investigue, documente e informe acerca de las violaciones a los Derechos Humanos, en particular las agresiones, las lesiones y los ``accidentes'' fatales ocurridos durante 1996, para determinar si corresponden o no a patrones deliberados de conducta del gobierno estadunidense.

También piden que el Informe respectivo se elabora en el lapso anterior a la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, a fin de que sea puesto a su consideración. Y solicitan la expedición de una Recomendación de la CIDH al gobierno de William Clinton, en la que se le exhorte a respetar y garantizar la observancia de los Derechos Humanos de todos y cada uno de los migrantes mexicanos, independientemente de su situación legal, suspendiendo y previniendo cualquier tipo de violación y evitando la impunidad. Y también que se le exhorte al pago justo de indemnizaciones en favor de las víctimas o sus familiares.

Por último, el documento solicita a la CIDH que promueva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una Consulta a fin de que emita una Opinión respecto al alcance de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de protección a migrantes, y que defina con claridad y precisión la obligación de respetar y garantizar la observancia de los Derechos Humanos de los migrantes mexicanos por parte del gobierno estadunidense.