Luego de una larga y laberíntica negociación las reformas electoral y del gobierno del DF se hacen realidad con el consenso de los cuatro partidos políticos que tienen asientos en el Congreso. Se escribe fácil, pero se trató de una operación política que tuvo que trascender apuestas cortoplacistas, visiones e intereses diversos, desconfianzas mutuas y augurios adversos. No obstante, hoy todo eso es historia y salvo la persistencia de algunos diferendos menores, las reformas son un hecho.

Vale ponderar el método para forjarlas. Se trató de una auténtica negociación entre formaciones políticas que legítimamente tienen diagnósticos y programas diferentes sobre y para el país. Es decir, fueron necesarios acercamientos sucesivos y recíprocos para anudarla, de tal suerte que todas las partes cedieron en algo e hicieron prosperar muy diversas iniciativas. La negociación a cuatro bandas, y cinco si se suma al gobierno federal, se desarrolló a velocidad lenta, lentísima, pero evidenció que los consensos reformadores son posibles.

El consenso alcanzado es relevante en sí, pero además porque impacta una materia sui generis, la de las reglas, instituciones y procedimientos electorales que por su propia naturaleza reclama de la aceptación de los participantes de tal suerte que el litigio electoral sea eso, y no un círculo infernal de impugnaciones sobre las reglas mismas. Y puede ser la puerta para que los propios partidos y el gobierno federal emprendan opraciones reformadoras de mayor alcance y que ya han sido anunciadas bajo la denominación de una reforma política del Estado. De hecho la fórmula del consenso ya experimentada durante las reformas de 1994, por lo menos por las tres formaciones políticas mayores, merece subrayarse porque es expresión elocuente de las nuevas realidades políticas que cruzan al país. Las primeras reformas (1977 y 1986) salieron de la Secretaría de Gobernación y de la Presidencia de la República, las de 1989-90 y la de 1993 fueron producto de acuerdos parciales, y ahora se alcanza un auténtico consenso que incluye a todos quienes tienen votos en el Congreso. No es poca cosa.

No sólo método y consenso logrados merecen destacarse. Los contenidos de la reforma en el texto constitucional son su mejor carta de presentación. Sin entrar a un análisis pormenorizado, se podría hablar de siete grandes apartados: a) Organos electorales. Se refuerza la autonomía del Instituto Federal Electoral y se multíplica el peso del elemento no partidista en los órganos colegiados del mismo; b) Condiciones de la competencia. Se fomentan condiciones más equitativas para la competencia, desde el texto constitucional y con disposiciones sobre el financiamiento público y privado, topes de campaña, vigilancia de las finanzas partidistas, sanciones, acceso a los medios, etcétera.; c) Garantías individuales. Se establece la disposición constitucional de la afiliación individual a los partidos con lo cual se refuerzan las garantías individuales; d) Justicia electoral. La posibilidad de iniciar acciones de inconstitucionalidad por las leyes electorales o los actos y resoluciones de las autoridades electorales, además de que el Tribunal Electoral pasa a integrarse al Poder Judicial y en su conformación ya no participará el Presidente de la República, desterrando la calificación de la elección a través del Colegio Electoral; e) Integración del Congreso. Se disminuye el límite de diputados que puede tener el partido mayoritario, se establece un máximo a la ``sobrerrepresentación'' y se agregará al Senado una lista nacional por el principio de representación proporcional (en la Cámara de Diputados se trata de una fórmula de compromiso, mediadora, pero en el caso del Senado me parece que rompe con la ``idea fuerza'' de que toda las entidades deben estar representadas por igual número de senadores, para mí ésa es la piedrita en el arroz, pero tratándose de una negociación entre tantos interlocutores no todo puede dejar satisfechos a todos); f) Gobierno del DF. Elección del jefe de gobierno en 1997 y de los hoy ``delegados'' en el 2000 luego de la creación de nuevas demarcaciones político administrativas, las reglas electorales para el DF serán dictadas por la Asamblea Legislativa cuyos integrantes serán ahora diputados; y g) Legislaciones electorales estatales. La Constitución incorporará principios comunes que deberán recoger las legislaciones de los estados.

Los acuerdos son amplios y relevantes. No se trata de una operación menor sino que incide en las instituciones y reglas que modelan la contienda electoral, al tiempo que tiende a democratizar la vida política de la capital. Y hay que reconocerles a quienes los posibilitaron su decisión y audacia. No es tiempo de mezquindades. Pero además, si las reformas tienen el impacto deseado pueden contribuir para que los diferendos electorales y post sigan su camino a la baja, para que la dinámica de mayoría y minoría cambiantes y fluctuantes se asiente entre nosotros, para que la coexistencia de la diversidad tenga un marco para expresarse de manera institucional y pacífica, para que la normalización de las relaciones políticas en términos democráticos, es decir, bajo códigos incluyentes, legales, tolerantes, se afiance; y en una palabra, para que la política pueda desplegarse por mejores conductos y para que las diferencias sin dejar de serlo encuentren cauces productivos y civilizados para expresarse. Porque a fin de cuentas la democracia supone una valoración positiva de la pluralidad, lo que significa en sí mismo diversidad y conflicto, pero a diferencia de los códigos autoritarios, se trata de ofrecer vías para que dicha pluralidad se exprese y contienda de manera civilizada.