El primer acuerdo adoptado, desde el inicio mismo de las negociaciones encaminadas a establecer las bases de consenso para reformar el régimen político del Distrito Federal, fue instituir la elección directa del jefe de gobierno. Hace más de un año que el PRI lo anunció públicamente, en circunstancias que tomaron por sorpresa a la opinión pública e incluso a los demás partidos, al punto de que éstos pretendieron calificar la declaración priísta como un albazo. El hecho incontrovertible es que el PRI comprometió su voluntad y su influencia política para hacer factible, por todos los medios a su alcance, que en 1997 los habitantes del Distrito Federal ejercieran, por primera vez en la historia de la República, el derecho de elegir al titular de un gobierno propio, dotado de plena autonomía para velar por los intereses de este enorme conglomerado humano.

Todos conocemos las vicisitudes por las que atravesó el largo proceso de discusión y elaboración de los proyectos, tanto en lo concerniente a la materia electoral federal, como en lo relativo a los cambios institucionales en la capital del país. En lo que respecta a este ámbito cuando las tácticas partidistas enturbiaban el proceso y las posibilidades de arribar a consensos parecían alejarse, jamás el PRI presionó con la amenaza de retirar su propuesta de elegir por voto directo al jefe de gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, fueron numerosos los infundios en la prensa escrita, de voceros de otros partidos y aun de comentaristas acreditados como imparciales, que imputaban a los dirigentes priístas la intención de hacer fracasar la reforma por el supuesto temor de perder una elección de la que, paradójicamente, ese partido siempre fue promotor y defensor a ultranza.

El lector no está para saberlo ni yo para hacer ostentación del grado en que las circunstancias me involucraron en los trabajos relacionados con la Reforma Política del DF. Cuando las negociaciones estaban en proceso, cumplí con el deber ético de guardar la debida discreción.

Ahora que la iniciativa ha sido presentada formalmente y está por comenzar la etapa de las discusiones públicas en las Cámaras de Diputados y Senadores y en las Legislaturas de los Estados, no podría seguir renunciando al derecho (que en cierto modo es también obligación) de dar a conocer la verdad, cuando se intente deformarla y hacer aparecer como campeones de la democracia a quienes actuaron con oportunismo o cuando algunos pretendan eludir sus propias responsabilidades y arrojar sobre espaldas ajenas la carga de las culpas que cada quien debiera llevar a cuestas.

Ya he dejado precisada una realidad incontrovertible. El PRI siempre actuó como el primer interesado en llevar a feliz término la Reforma Política del DF y en particular la que establece la elección directa de jefe de gobierno. Ni en los momentos más críticos, cuando fueron presionados para canjear alguna propuesta por otra, los representantes priístas llegaron a considerar aquel avance democrático como un valor de intercambio político negociable. El supuesto temor de perder la elección de jefe de gobierno en 1997 jamás apareció como factor para determinar posiciones. La propuesta que desde hace más de un año fue el compromiso fundamental del PRI, se mantuvo con absoluta firmeza.Han transcurrido apenas 48 horas desde que fue dado a conocer el texto de la iniciativa firmada por los cuatro partidos representados en el Congreso de la Unión, y ya vuelve a especularse acerca del supuesto temor del PRI, ahora ante la eventual postulación de un ex regente, a quien se estaría ``vetando'' mediante la aplicación extensiva del principio de no reelección.

Me consta lo siguiente: la posición del PRI quedó confirmada en el punto 3 de los acuerdos suscritos el 12 de febrero del presente año: ``Se establecerá expresamente el principio de no reelección en términos absolutos''. Fueron representantes de otros partidos quienes pidieron, en deliberaciones ulteriores, que se hiciera explícita su aplicación extensiva a los ciudadanos que hubiesen ocupado el cargo, cualquiera que hubiera sido su denominación. En esos momentos, parecía que su intención era impedir la posible candidatura del actual titular del Departamento del Distrito Federal.

Resulta curioso que se impute al PRI, que cuenta entre sus miembros distinguidos a varios ex regentes y que, en su momento, argumentó para que no fueran excluidos como ciudadanos elegibles, ser el autor de una propuestas que no afecta a ningún otro partido, porque ninguno otro tiene militantes que estén en el caso previsto. Yo diría, ya no como testigo del devenir de las negociaciones, sino como simple observador externo, que los ahora impugnadores de la no reelección extensiva pueden convertirse, sin quererlo y sin siquiera darse cuenta, en reactivadores involuntarios de la candidatura priísta más viable y con mayores posibilidades de obtener el respaldo electoral de una clara mayoría de los ciudadanos del Distrito Federal.