La semana pasada vimos algunos de los problemas que se generan cuando se quiere implantar a como dé lugar, en una industria con largos plazos de recuperación de la inversión como la de construcción de plantas de generación de electricidad, al mercado como regulador principal y, como consecuencia, al predominio de decisiones de corto plazo y la falta de certeza en el largo. Tanto cuando se trata de inversión pública como si es inversión privada, el hecho es que éstas se inhiben y la industria se frena.

Las alternativas se plantean en diferentes planos. El primero a considerar es el de la necesidad, en estas ramas estratégicas, de una planeación de largo plazo. A algunos esto les podrá sonar monstruoso o descabellado: cómo puede alguien osar oponerse a Su Majestad el libre mercado a estas alturas? Sin embargo, lo que planteamos implica el simple cumplimiento de la Ley vigente en nuestro país: la Ley de Planeación lo señala como obligatorio para el sector público.

No es, sin embargo, una necesidad exclusiva de las empresas públicas. Más discretamente, pero las grandes empresas privadas que operan en estas áreas estratégicas hacen todo lo posible por planear sus inversiones y desarrollos a largo plazo. No puede ser de otra manera cuando los periodos de recuperación de la inversión, e incluso los de construcción, son de varios años. Como la competencia cotidiana suele ser un obstáculo en esos planes, las grandes empresas con frecuencia se ponen de acuerdo. Como esto tiende a generar rasgos monopólicos, y en Estados Unidos esto está prohibido desde hace mucho tiempo, eso ha llevado a que los citados acuerdos se lleven a cabo en secreto, o por lo menos con mucha discreción. Pasaron algunas décadas, por ejemplo, para que se supiera de los acuerdos suscritos en 1928 en el Castillo de Achnacarry, en Escocia, entre las que luego serían llamadas Las Siete Hermanas, las mayores compañías petroleras del mundo.

Lo menos que necesita una empresa no subsidiada para poder llevar a cabo proyectos de largo plazo, como la construcción de plantas generadoras de electricidad para su venta, es la posibilidad de firmar contratos de largo plazo con el comprador o compradores. Sin esta condición, no obtendrá financiamiento porque los bancos o financieras no tendrán seguridad de que se les pague el dinero prestado a lo largo de, por ejemplo, diez años. Tampoco podrá lograr atraer capital de riesgo en la inversión, porque no habrá garantía de que ésta pueda recuperarse en un tiempo dado.

Existe la tendencia a la formación de monopolios, pero la prohibición de contratos de largo plazo no es la única forma de abordar el problema. Históricamente ha habido por lo menos dos tipos de solución que no implican la parálisis económica en estas ramas estratégicas. Una es la nacionalización de estas ramas, lo cual pueden tener a su vez variantes, como podrían ser la empleada en México por un lado y por otro la vigente en Francia, en ambos casos en el servicio público de energía eléctrica. La otra forma es una reglamentación que prevenga por lo menos el tipo de abusos más comunes, como sería el aumento desmedido de los precios del servicio o la mala calidad del mismo.

En los procesos privatizadores se ha hablado mucho de la necesidad de la libre competencia para lograr mayor eficiencia. En los hechos, sin embargo, aquí hemos visto cómo, en ciertas áreas de la economía, se vuelve a formas monopólicas privadas, sea en una empresa única como Telmex, o con un sistema que minimiza la competencia como sucede con los bancos. Lo cierto es que estas áreas clave requieren de la planeación, de una u otra forma. Quererlo ignorar ha llevado a países como Argentina y Ecuador a tener verdaderas crisis de abastecimiento de electricidad.

La próxima ocasión en la que podamos ocuparnos de esto, nos referiremos al otro argumento principal de las políticas económicas ultraliberales: atraer la inversión. Y veremos qué es lo que en realidad la atrae, y qué la ahuyenta.