En el curso de la presente semana se definirán los aspectos característicos de la reforma electoral. En unos años más los ciudadanos del Distrito Federal eligiremos a nuestros gobernantes, pero cuáles van a ser sus características o condiciones?Los diputados federales van a ser los que representen la voluntad popular? O van a ser los abanderados de los partidos? Y, en todo caso, si estos árbitros van a ser los que definan las condiciones en que se van a clasificar los principales competidores; entonces de lo que se trata es de establecer las condiciones en las que se definirán las mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado.

En la práctica es muy importante determinar el número de diputados y senadores que cada partido tendrá como abanderados en cada una de las fases en que se definirán los cargos de representación popular. Uno de los temas centrales de discusión son las condiciones de cada aspirante a cargos de representación popular.

Lo que importa en realidad es saber si México puede ser reconocido a nivel mundial como uno de los países que tienen un sistema democrático para elegir a sus gobernantes y representantes populares.

Es decir, importa saber si nuestro país es capaz de elegir a sus representantes por la vía del voto universal para que sean los electores los que definan si hay condiciones para avanzar o sólo se trata de reformas en lo aparente, pero con la intención de que nada se modifique en realidad.

La interrogante

Esto es precisamente lo que se tiene que definir en el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión que se realizará esta semana.

No hay la menor duda de que los ciudadanos de México desean avanzar y consolidar sus demandas. Pero también es un hecho que esos electores están conscientes de su realidad y de que sus votos no son para un solo partido, sino para todas las organizaciones que aparecen representadas en las diversas corrientes que conforman el espectro político del país.

En esta fase no se trata de que una sola organización aparezca como la vencedora en el proceso de actualización de la democracia mexicana, sino de que se establezcan condiciones para que ya no sean posibles los fraudes y los engaños. Tampoco es admisible que ocurran tales irregularidades y que se acepten como verdades.

Por el contrario, la democracia mexicana es producto del esfuerzo de diferentes corrientes políticas que se comprometieron con el cambio. Esa responsabilidad quedó especificada en diversos convenios y acuerdos.

Toda la atención del país estará centrada en las reformas electorales que se aprobarán en el curso de las sesiones de las cámaras de Diputados y de Senadores. Esos legisladores federales representarán más o menos ciudadanos, pero su valía será la misma.

En ese sentido, es muy importante la cantidad de senadores representados de acuerdo con nuestro actual sistema de gobierno. Por ejemplo, si se aceptacomo parece que así ocurrirá que en las elecciones de 1997 la asignación de senadores sea consecuencia de una distribución de acuerdo con el porcentaje de votos que reciba cada uno de los partidos políticos, sin duda se presentará un panorama diferente al actual, pero sin muchas diferencias.

En esas votaciones estarán involucrados un total de 32 senadores de la República. De conformidad con las leyes vigentes podría darse el caso de que el PRI perdiera la mayor parte de las posiciones, pero aún así sería la fuerza dominante en el Senado.

Incluso en el caso extremo de que el PRI perdiera la totalidad de los cargos a senadores que estarán en disputa en el proceso electoral de 1997, su mayoría en el Senado sería absolutamente mayoritaria y le aseguraría las reformas a la Constitución, pues en esa Cámara tiene una mayoría suficiente para hacer los cambios que considere oportunos.

En el peor de los casos para el PRI, la reforma en la integración del Senado significará que pierda por lo menos la mitad de los 32 cargos de representación popular en el Senado que estarán en juego en los comicios de 1997.

Pero aunque así ocurriera, el tricolor conservaría amplia ventaja respecto de los partidos de oposición.

En el peor de los casos, para sus propios intereses, el PRI perdería 32 posiciones. Es decir, sería derrotado en todos los estados, pero inclusive en esas circunstancias tendría una amplia ventaja, producto de los triunfos que obtuvo en las más recientes elecciones.

Eso es en el peor de los panoramas. Pero del otro lado, siempre se mantiene la posibilidad de que el partido oficial gane con amplitud las elecciones de 1997. Si así ocurriera y su ventaja fuera amplia cómo podrían explicar los otros partidos que sin aumentar el número de votantes lograran más posiciones en el Congreso de la Unión?