La iniciativa del gobierno y de los representantes de los partidos políticos para la reforma electoral representa un avance significativo en el desarrollo democrático de México.

La relevancia de lo acordado se evidencia en sus efectos inmediatos frente a las tensiones acumuladas en el medio político y en lo acertado de las propuestas para lograr equidad y transparencia, a fin de dotar a los procesos electorales nacionales de una incuestionable credibilidad y confianza, haciendo a todos los actores concurrentes corresponsables de su buena marcha; lo que ratifica el compromiso de las principales fuerzas políticas del país con la renovación a fondo y en un sentido definidamente democrático de las leyes e instituciones que rigen nuestra convivencia.

La reforma electoral no agota la agenda de la reforma política. Pero es un avance de la mayor importancia en la transformación democrática del Estado. En otras palabras, la instauración de nuevas reglas para una contienda electoral equitativa y la conformación de un Poder Legislativo más representativo y autónomo, se habían convertido en condición ineludible para la transición democrática. Hoy, gracias al acuerdo alcanzado, el requisito empieza a cumplirse.

En términos de legitimidad y convivencia, este acuerdo representa, también, un logro y una lección; la sociedad reconoce cuando se coloca el interés general por encima de intereses particulares y vuelve a albergar esperanzas en la política como fórmula privilegiada para el diálogo y el entendimiento, y en las instituciones políticas como eficaces promotores de consensos.

La iniciativa propone la autonomía de los órganos electorales. El secretario de Gobernación (representante del Ejecutivo) ya no presidirá ni formará parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Este Consejo estará integrado por ocho consejeros electorales y un presidente que serán electos por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios. Aumentará el número de representantes del poder Legislativo, aunque su participación será con voz pero sin voto. En suma, la llamada ciudadanización de las autoridades electorales será un hecho.

En lo que se refiere a lo contencioso electoral, el Tribunal Federal Electoral (Trife) se incorpora al Poder Judicial y se creará una sala superior y salas regionales integradas por magistrados electorales, quienes serán designados por el voto de las tres cuartas partes del Senado. Se elimina el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados para calificar los comicios presidenciales, responsabilidad que asumirá el Trife. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá competencia para conocer sobre la constitucionalidad de leyes electorales, tanto a nivel local como federal.

En cuanto a la actividad de los partidos, se propone reformar el artículo 41 de la Constitución con el fin de garantizar la afiliación libre e individual de los ciudadanos. Se plantea que prevalezca el financiamiento público sobre el financiamiento privado (cuyo monto no deberá rebasar el 10 por ciento de aquél). Para hacer más equitativa la contienda, se propone que el 30 por ciento de los recursos públicos se distribuya de forma igualitaria y el 70 por ciento restante de acuerdo a la fuerza de cada partido. Junto con ello, el Gobierno Federal se compromete a asegurar el acceso equitativo de los partidos registrados a los medios de comunicación en tiempo de elecciones.

Respecto al Distrito Federal, se plantea la elección por voto universal, libre, directo y secreto de un jefe de gobierno en 1997. Se crearán nuevas delegaciones, cuyos titulares se elegirán de manera indirecta el próximo año y de forma directa a partir del año 2000. La Asamblea de Representantes del Distrito Federal ampliará sus atribuciones. Hay que mencionar, también, el derecho de voto para los mexicanos residentes en el extranjero, sobre el cual habrá que encontrar la mejor manera para su realización.

No se trata de un documento acabado, perfecto e intocable. Es un hecho que deberá afinarse en el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Corresponde ahora al Poder Legislativo la precisión jurídica: legislar para traducir estos compromisos en ley y después, para todos los actores políticos y para la ciudadanía, lo más difícil: superar las inercias, los viejos usos, e ir consolidando una cultura cívica. El camino ha parecido largo, más de 18 meses, pero ha valido la pena pues, como dijo el poeta, lo que importa no es llegar solos ni pronto, sino con todos y a tiempo.