Todos sabíamos que llegarían, de igual manera que todos sabemos que hoy o cualquier día volverá a temblar en los asfaltos movedizos de Tenochtitlan. Las explosiones en el complejo Cactus llegaron después de haberse anunciado en otras explosiones (hace más de un año, por ejemplo, en Plátano y Cacao), en el crujir de algunos de los cientos de ductos viejos que atraviesan todo la geografía de Tabasco y parte de la de Chiapas, en los derrames y fugas de gas que han convertido importantes áreas de nuestro edén tropical en una suerte de basurero contaminante, en las tropelías y abusos sin fin de funcionarios corruptos de Pemex y de otras dependencias gubernamentales, en el autoritarismo e impunidad de gobernantes locales que, como los de Tabasco y Chiapas, sobreviven a pesar de la voluntad mayoritariamente aplastante de sus gobernados.
``Todos sabíamos que llegarían''. La frase es tan dramática como alarmante, pues un temblor de tierra es sin duda inevitable, pero no deberían serlo los ``accidentes industriales''. Ciertamente, la actividad petrolera es potencialmente riesgosa, pero la falta de mantenimiento define toda la diferencia: ``una frecuencia de 10 accidentes personales por año, mientras las compañías petroleras en el mundo tienen un promedio de cinco accidentes personales por año''. En los últimos 20 años esta dramática realidad se expresa en explosiones que han costado la vida y han dejado lisiados a más de 200 tabasqueños. (Pliego Petitorio del Movimiento de Resistencia Civil y Pacífica de Tabasco, encabezado por López Obrador, del 26 de febrero de 1996).
Las explosiones de Cactus abultarán cifras y registros oficiales: seis muertos y 111 heridos más, algunos de ellos ``muy graves''. Las comunidades y pueblos de los alrededores de Cactus, por su cuenta, harán, como todos los pobres del mundo, como los ``sin voz'' de todas partes, el silencioso registro... en la memoria: militarización de la vida (``se acordona la zona''; se vigila el espacio por ``necesidades estratégicas'', etc.), mayor pobreza, miedo o terror a diario y posiblemente para siempre.
Frente a un tipo de ``accidentes'' como el de Cactus, qué significado tienen las declaraciones del señor Lajous Vargas en el sentido de que ``Pemex asume plenamente las responsabilidades que le corresponden en relación con (sus) consecuencias...''? (La Jornada, 28 de julio) Lapsus o realidad? Lajous y otros funcionarios es Pemex?; Pemex y otras paraestatales es Lajous (y otros funcionarios)? No; no hay equivocación en el sentido estricto de la frase: Pemex no es México ni es de los mexicanos; en su organización y contol, así como en el disfrute de sus beneficios, Pemex sólo es una ``empresa social'' en lo formal, y por equivocación o por accidente: en los hechos hace tiempo se ha privatizado y, por tanto, es ella misma Pemex (S.A.) la que deberá ``asumir plenamente las responsabilidades que le corresponden...''Pero cómo hacer pagar las consecuencias? A quién y cómo se va a castigar por el hecho de haber dedicado en 1996 sólo 36 millones de pesos a mantenimiento en el Complejo de Procesamiento de Gas Cactus? A quién se va a penalizar por la corrupción y vicios que corroen todo el sistema de la paraestatal, y que de suyo está ligado a toda la corrupción y vicios característicos del sistema político mexicano? A quién hacer responsable de haber gastado todos los millones de pesos del mundo en la campaña política de Madrazo, o en la militarización del estado de Chiapas para enfrentar al zapatismo, o en la contención y represión del movimiento social encabezado en Tabasco por López Obrador, mientras en Cactus la planta en su tipo más importante de América Latinano hay suficientes recursos para impedir un desastre como el del viernes pasado?La situación de Cactus es similar a la de todo el sistema petrolero. La vasta red de ductos existentes en Tabasco red de alrededor de 8 mil 257 kilómetros que varían de 4 a 36 pulgadas de diámetro, por ejemplo, ``cuenta por lo general con muchos años de uso, y no existe un programa eficiente para mantenerla dentro de los límites de seguridad que permita reducir el índice de frecuencia de accidentes personales'' (documento ya citado del Movimiento de Resistencia Civil y Pacífica de Tabasco).
También hay graves problemas en los procesos de exploración, de apertura de pozos, en la creación de infraestructura adecuada para la explotación. Podemos leer en declaraciones y registros de investigadores y en entrevistas con pobladores tabasqueños: ``Las casas de los pueblos de El Paraíso quedaron seriamente dañadas por paso simple de los transportes de Pemex''; ``un dragado mal hecho en la Boca de Panteones provocó uno de los desastres ecológicos más graves en la historia de Mecoacán''; ``las fugas de petróleo en La Chontalpa han acabado con esteros y ríos, anteriormente productivos, así como con tierras antaño fértiles''.
Tal y como nos recuerda Andrés Manuel López Obrador (La Jornada, 28 de julio), El Movimiento de Resistencia Civil y Pacífica de Tabasco planteó en febrero pasado la necesidad de que la CNDH y el Instituto de Ingeniería de la UNAM intervinieran para llevar a cabo, entre otras, las siguientes acciones: a) Revisar y evaluar el estado que guardan las instalaciones petroleras, sobre todo las líneas de ductos, gasoductos y gasolinoductos; b) certificar si Pemex destina los recursos suficientes y cumple la normatividad en cuanto a seguridad industrial; c) supervisar con regularidad los programas de mantenimiento para reducir los índices de accidentes.
Ante el desastre de Cactus estas demandas o exigencias cobran nueva relevancia, pero se entiende que se trata sólo de algunas acciones provisionales y emergentes: más allá de ellas, deben construirse sistemas de controles sociales sobre la inversión petrolera y el manejo de las empresas, en los que participen no sólo especialistas independientes, sino también y sobre todo los núcleos de población directamente involucrados en o afectados por la actividad petrolera.