Además de las trágicas pérdidas en vidas humanas, la explosión del complejo Cactus que destrozó totalmente dos plantas productoras de gas cuesta al país más de mil 500 millones de pesos para reponerlas, más la pérdida de un tercio de su producción en ese rubro, imponiendo la necesidad de importar gas con la consiguiente erogación en divisas.

Ahora se plantea, además, la duda de si el accidente se debió sólo a la fatalidad o, como en casos anteriores (San Juanito, Guadalajara) fue resultante de una insuficiencia en los controles, de una disminución del mantenimiento o de otro tipo de responsabilidades técnicas o administrativas.

El hecho mismo de que Pemex se vea obligado a entregar la inmensa mayoría de sus ingresos al Estado y haya debido enfrentar un aumento de sus costos y de los precios de las piezas y productos de mantenimiento que importaba, da fundamentos a esta pregunta, sobre todo porque no se dispone de información precisa sobre las auditorías técnicas que la empresa periódicamente debe realizar. El sector petrolero es básico desde el punto de vista de nuestra economía, y también desde el de nuestra posibilidad de defender la soberanía. Por eso México todo es sumamente sensible a lo que sucede en el frente del petróleo. Ahora bien, a las amenazas de pérdida del control estatal sobre el ramo de la petroquímica secundaria se agrega el problema de la eficiencia de la empresa, que incluye tanto la cuestión de sus gastos y procedimientos internos como la dificultad en mantenerse al paso con las costosísimas nuevas tecnologías.

El accidente en Cactus, por lo tanto, vuelve a plantear la necesidad de una plena transparencia en Pemex en cuanto a la utilización de sus recursos. El país debe poder seguir el ritmo de las pulsaciones de su arteria económica vital y no puede ignorar los problemas que enfrenta su principal fuente de ingresos ni la situación real de la misma. Pemex no puede desconocer la urgencia de informar a la opinión pública no solamente sobre las causas presuntas del accidente en Cactus, sino también sobre su sistema general de control técnico y sobre los fondos que destina a evitar estas desgracias, así como los porcentajes de sus recursos que dedica a la renovación de los equipos, a las inversiones productivas y al mantenimiento.

Si a este respecto llegase a faltar la claridad, no solamente se fomentaría un clima de fatalismo y una sensación de permanente inseguridad, sino también un dañino ambiente de sospecha, negativo para los dirigentes y técnicos de la empresa y para todo el país que no puede ver desmoronarse un pilar de su recuperación económica.