Se someterá a caciques del transporte: DDF

El proyecto de modernización del transporte de la ciudad enfrenta el riesgo del fracaso: ahogado por la falta de fianciamiento, copado por los líderes de las rutas concesionadas que se rehúsan a abadonar el control político y económico que ejercen y con deficiencias en sus proyecciones que amenazan la saturación de rutas entre las nuevas empresas que sustituirán a Ruta 100 y las que por ley deben conformar los microbuses.

Capaz de movilizar a más del 60 por ciento de los viajes al día, el transporte concesionado está virtualmente controlado por tres líderes que monopolizan las dos terceras partes de este sector, cuyas reticencias a conformar empresas desafía a autoridades y leyes. Las condiciones preferenciales con las que operan actualmente --favorecidas por la ``corrupción'' y situción fiscal excepcional-- son razones que pesan en su actitud.

Gustavo Roldán, Francisco Aguirre y Jesús Martínez , líderes forjados al paso del crecimiento anárquico del transporte concesionado, hoy detentan las rutas más rentables. Con grandes intereses económicos derivados de la forma de organización del transporte concesionado, su postura va a contracorriente de uno de los principales proyectos del gobierno de Oscar Espinosa.

El proyecto de gobierno pone en manos de la IP gran parte del peso del transporte en la ciudad como punto de partida para alcanzar: el fin de la anarquía, incrementar la eficiencia y gobernabilidad del sector; terminar con la corrupción que involucra a líderes de microbuses y mandos medios.

Para el presidente de la Comisión de Transporte de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF), José Luis Luege, "la modernización del transporte sólo ha avanzado en el terreno jurídico y legislativo. Los intereses políticos y económicos de los permisionarios y la debilidad que ha tenido la autoridad para impulsar la integración de las empresas detienen el proyecto".

La modernización del transporte --que comenzó con el decreto de quiebra de Ruta 100-- tiene ya actores que se han favorecido de la incertidumbre que ha dejado el prolongado proceso. Los 57 derroteros metropolitanos que operaba Ruta 100 ya son controlados por los grades grupos de transportistas del estado de México, en su mayoría ligados a Carlos Hank González.

La añeja pugna que se forjó entre ambas entidades por la presencia de Ruta 100 se ``resolvió'' con la desaparición de la empresa pública. Hoy, los trayectos son cubiertos por los mexiquenses: Vicente Coss, en Ecatepec, cuyos interses van más allá que el transporte y se ubican en el terreno de la política municipal; Axel García, que controla el transporte en Atizapán; Guadalupe Uribe y Román Dávila, en Naucalpan; Adolfo Toledano, en la zona de Texcoco, y Antonio Aboytes, en el área de Chalco.

Propiamente, en el Distrito Federal el proceso está virtualmente paralizado. A la actitud asumida por los dirigentes de los microbuses de rehusarse a conformar nuevas empresas, se añade el prolongado proceso de concesiones de las sociedades mercantiles que sustituirán a Ruta 100.

Paradójicamente, el proceso que comenzó con el decreto de quiebra de Ruta 100 podría tener su primer paso con la entrada en operación de la primera empresa formada por los ex trabajadores de ese organismo. Esa es, hasta ahora, la única expectativa inmediata de creación de empresas que se añadiría a la ya conformda Autotransportes Terrestres Ruta 26, que con 52 millones de pesos opera ya como tal.

La herencia del desbordado crecimiento que tuvo el transporte concesionado en la última década --cuando creció casi el 500 por ciento-- es la duplicación de recorridos con la ex Ruta 100 y el Metro y que entonces no se vio como un conflicto.

Analistas de transporte advierten que bajo la nueva modalidad que prevalecerá en el transporte de superficie, basada en la empresa privada que pugnará por ampliar sus márgeenes de rentabilidad, está en ciernes un potencial conflicto.

De entrada, la operación de autobuses, aunada a la duplicación de empresas en algunos derroteros importantes, tenderá a saturar ``rápidamente'' las rutas actuales, agudizando los conflictos de penetración e invasiones de rutas. Ello podría ser un riesgo para la viabilidad de la empresas y del propio proyecto de modernización del transporte.

Para José Luis Luege ya se han dado los pasos legislativos correspondientes para reordenar el transporte en la ciudad. "Existen los elementos para que se conformen ya las nuevas empresas que con nuevos criterios puedan hacer más eficiente el transporte de superficie".

Sin embargo,advirtió sobre los obstáculos que representan los líderes del transporte concesionado que se rehúsan a conformarse en empresas y que inclusive han promovido amparos contra la ley:

"En el fondo se encuentra que una organización moderna y empresarial rompería con los controles políticos y económicos; terminaría con las relaciones no muy sanas --que incluso han propiciado la corrupción-- con la autoridad a partir de que son la única instancia de interlocución entre autoridades y los concesionarios, pues monopolizan los trámites".

Luege señaló que es necesario agilizar el proceso de conformación de empresas porque los plazos legales se estrechan y la autoridad debe abandonar la ``debilidad'' con que lo ha afrontado para poder concretarlo. "Hasta ahora, los líderes trabajan en una estructura organizativa que se asemeje a las empresas, pero que no les quite el control".