Si el Sutaur pone a circular autobuses se retirarán y se impondrán multas, advierte Peña Garavito

Judith Calderón Gómez Ante el anuncio de los ex trabajadores de Ruta 100, consistente en poner en operación los 81 autobuses el próximo jueves, aunque no cuenten con los permisos para concesión, el director de Autotransporte Urbano del Distrito Federal, Fernando Peña Garavito, advirtió ayer que si esto ocurre ``se aplicará la ley''.Explicó que las unidades serán retiradas de circulación y se aplicará una multa quivalente a 30 salarios mínimos al conductor que opere sin el permiso correspondiente.

Explicó que el acuerdo del Departamento del Distrito Federal (DDF) fue el de otorgar dos concesiones al Sindicato Unico de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100 (Sutaur 100), pero aseguró que aún no tienen los títulos para concesión.Dijo que actualmente cuentan con un ``padrón claro'', que incluye 87 mil taxis y 27 mil microbuses. Peña Garavito fue entrevistado durante el primer congreso ordinario de la sección 2 del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Autotransportes, Similares y Conexos de la República Mexicana, que tiene afiliados en el Distrito Federal. En la sesión fue reelecto para el siguiente trienio, como secretario general, Pablo Cruz Maldonado.

Durante el evento realizado en el auditorio Fernando Amilpa, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) el líder nacional de ese sindicato, José Ramírez Gamero, externó su interés de participar en las concesiones del autotransporte urbano, que reemplazará a Ruta 100. Adelantó que presentarán la documentación que exigen los requisitos, y que en sus planes prevén invertir l0 millones depesos.

El pasado 23 de julio los dirigentes de Sutaur 100 responsabilizaron a las autoridades del DDF de incumplir los acuerdos mutuos.

En el comunicado para la prensa, manifestaron haber constituido cuatro sociedades mercantiles, y haber iniciado la compra de autobuses para dar servicio en los módulos 10, 13, 20, 4l y 51, en donde tienen planeado emplear a 5 mil 500 trabajadores.

Con la compra de autobuses que hicieron a Diesel Nacional (Dina), entre otras empresas, destinarán a mil trabajadores para operadores, 2 mil para taxis, y el resto para servicios alternativos.

Representantes del Sutaur 100 aseguraron contar con los permisos de las sociedades, debidamente constituidas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y haber conformdo ante un notario público los consejos de administración; sin embargo, dijeron que la demora en los títulos para concesión para las rutas esta impidiendo iniciar labores a los 5 mil 500 trabajadores.

Un año después de que se quedaron sin empleo los 12 mil asalariados de Ruta 100, el 26 de abril de este año firmaron un acuerdo político con las autoridades del DDF, donde quedó establecido que se destinarían a esa organización dos concesiones. Esto fue para emplear a la mayoría de los 8 mil 500 sindicalizados que no aceptaron ser indemnizados.

Inconformes con la actitud del DDF, los sindicalizados determinaron en asamblea que el próximo jueves pondrán en operación los 81 autobuses adquiridos mediante préstamos. Acordaron dar un lapso de tres días para que les entreguen los mencionados títulos, concesiones de las rutas y permisos de circulación.

Pidieron además, en la misiva, que los l2 dirigentes presos, que fueron puestos en libertad y que se encuentran libres bajo fianza, sean liberados mediante sentencia absolutoria. Los sindicalizados depositaron 150 millones de pesos para pagar la fianza.

Recordaron haber entregado l40 millones de pesos en efectivo y 60 escrituras de propiedades particulares, de los desempleados, para lograr la suma.

Fernando Peña Garavito, director de los Servicios al Transporte, asume: "La modernización del transporte enfrenta retrasos por las inercias de los concesionarios que no creen en el sistema de empresas". Sin embargo, los tiempos legales para la conformación de nuevas empresas de transporte apremian, por lo que en los próximos meses, adelantó, se agilizará el proceso ``con medidas de autoridad''

El gobierno ha optado por la privatización del transporte en aras de una mayor eficiencia. "Anteriormente la política del transporte era una política social, y ahora tenemos que buscar una que conlleve un mejor sistema de transporte", advierte.

La magnitud del problema --saturación vial, lentitud, incomodidad, conflictos de interés-- para movilizar a 17 millones de usuarios en la Zona Metropolitana de la ciudad, obliga a buscar una política eficiente, que se expresa en la reconversión de microbuses por autobuses, en el contexto de la integración de empresas de transporte, señala.

Sin embargo, advierte que un problema central a resolver es el financiamiento del programa. "Hasta ahora a los bancos les ha faltado visión para impulsar un programa rentable de financiamiento". La experiencia de las carteras vencidas, explica el funcionario, en el proceso de conversión de combis en microbuses, es un antecedente que frena los nuevos programas de transporte.

Asegura el funcionario que el proyecto de modernización del transporte no puede instrumentarse sin financiamiento. Lamentó que pese a los esfuerzos gubernamentales por acercar a la banca privada con los concesionarios no haya encontrado respuesta de las instituciones financieras para participar en el proyecto con alternativas atractivas de financiamiento.

El problema de la cartera vencida que se registró en el último proceso de modernización del transporte concesionado, recordó Peña Garavito,fue en gran medida responsabilidad de los propios organismos financieros que otorgaron créditos sin restricciones a los diversos permisionarios.

--¿La falta de financiamiento es problema de la desconfianza de los banqueros?

--En un análisis de la situación advertimos que la culpa es de los propios banqueros, de los transportistas y mucha gente más. Los bancos no controlaron la emisión de créditos, pero ahora se cuenta con un sistema de control del padrón que favorece un sistema de crédito con menos riesgos. Si algún banquero tuviera visión estaría frente a un gran negocio.

Peña Garavito sostiene que el programa es rentable. "Todas las rutas son rentables con base en programas de productividad y medidas que abatan el costo de operacion". Hasta ahora los primero 130 autobúses que ya circulan en la ciudad --desde el conflicto de Ruta 100-- que fueron financiados por Dina han disminuido sus costos de operación.

No obstante, admitió que es difícil convencer a los líderes de transportitas de un nuevo esquema de operación, particularmente cuando no creen en él, porque existen ya prácticas de trabajo establecidas.

La conformación de empresas --como lo estipula la nueva Ley de Transporte--, permitirá a los concesionarios tener mucha más accesibilidad al crédito, sostiene Peña Garavito, y estimularía un acelerado proceso de renovación del parque vehícular.

--La nueva Ley del Transporte establece plazos para la integración de las empresas. ¿Quedan sólo unos meses que va a pasar?

--En este año que comprende la primera etapa daremos buenos resultados. En cualquier caso adoptaremos medidas para retirar de la circulación unidades en mal estado porque ese es un compromiso gubernamental. No queremos, y ya se propuso en el seno de la Comisión de Transporte, que no se permitirá ningún cambio de microbús por microbús, vamos a ser muy exigentes. El trabajo con los permisionarios ha sido duro para convencerlos de un sistema de empresas en el que ellos no creen, pero hay elementos suficientes para confiar en que finalmente podremos detonar este programa.

Sin embargo admite que el proceso va lento y hasta ahora sólo se ha constituido la ruta 26 como una nueva empresa, aunque hay un conjunto de organizaciones que también analizan este procedimiento.