Finalmente los partidos políticos con presencia en el Congreso de la Unión negociaron una propuesta de reforma electoral. Aunque falta aún que ésta sea aprobada formalmente y que se instrumente, el acuerdo es relevante tanto por la forma en la que se llegó a él como por lo acordado.

En un país en el que se legisla sobre la base de albazos parlamentarios de la mayoría y sobre iniciativas que parten del Ejecutivo, el que se reforme la ley sobre la base de consensos alcanzados por los partidos políticos no es poca cosa. Sienta un precedente que sanea el ambiente político nacional.

Los puntos de acuerdo son relevantes porque introducen modificaciones en el sistema electoral, que son un avance en la ciudadanización de la autoridad electoral, así como en la construcción de condiciones de mayor equidad en la competencia entre partidos.

Asimismo, reduce limitadamentela sobrerrepresentación del partido mayoritario en la Cámara de Diputados. Establece, violentando la naturaleza del Senado, que la cuarta parte de las curules que lo integran sean distribuidas proporcionalmente. Y avanza en la democratización del DF.

Los acuerdos entre partidos están, más allá de sus aciertos indudables, lejos de ser la reforma electoral definitiva que el jefe del Ejecutivo ofreció. Y no lo son porque, si bien la reforma avanza en la construcción de un marco electoral más adecuado para una competencia más equitativa entre partidos, mantiene prácticamente sin modificaciones la naturaleza del actual sistema de partidos, no aborda la necesidad de legislar mecanismos de democracia directa, no trata el punto de contar con un padrón electoral confiable, deja fuera el reclamo de los pueblos indios para construir sus representaciones políticas por otras vías y mantiene ventajas ilícitas para el PRI.

El actual sistema de partidos es insuficiente para expresar la complejidad de la vida política nacional. Una y otra vez, a lo largo de los últimos años, una gran cantidad de actores sociales y políticos se ha generado en el país desempeñando funciones que, en condiciones de ``normalidad'' institucional, deberían de ser responsabilidad de los partidos. Este sistema de partidos reproduce a su interior la lógica autoritaria que nace de la fusión entre el PRI y el Estado. A pesar de ello, la reforma acordada mantiene intacto este sistema de partidos, al conservar el monopolio de la participación electoral en manos de éstos. Las candidaturas ciudadanas fueron excluídas de la agenda. Asimismo, aunque falta aún conocer más detalles de la propuesta, el tema de la flexibilización de las coaliciones fue congelado. No se trata de un aspecto secundario: las coaliciones electorales flexibles son la única vía para terminar, por la vía electoral, con el régimen de partido de Estado.

A pesar de que han sido demandas de amplios grupos de ciudadanos, el acuerdo interpartidario deja fuera un conjunto de iniciativas tales como el Plebiscito, el Referéndum, la Iniciativa Popular, la Acción Popular, la Revocación del Mandato, y la Rendición de cuentas. Todas ellas apuntan a la construcción de nuevas relaciones entre gobernantes y gobernados y a la ampliación de la acción ciudadana en el gobierno.

Como parte de los acuerdos pactados entre el EZLN y el Gobierno Federal en la Mesa sobre Derechos y Cultura Indígena se estableció un conjunto de compromisos para impulsar reformas a la vía de construcción de representación política. Ninguno de estos compromisos ha sido retomado en el acuerdo entre partidos, a pesar de que ellos implican reformas en el plano electoral.

Las reformas acordadas no dicen nada del uso ilegítimo que el PRI hace de los colores de la bandera nacional, ni de las presiones de las organizaciones corporativas a sus miembros para que voten por el partido oficial.

En síntesis, las reformas son un avance limitado que tiene que pasar aún una doble prueba: la de su aprobación en el Congreso y la de la práctica en el país de las leyes de los Roberto Madrazo y Rubén Figueroa.

Pero las reformas tienen también grandes huecos en puntos claves: dejan intacto el actual sistema de partidos, mantienen el monopolio de la participación electoral en los partidos, no abordan el punto de la necesidad de un padrón electoral confiable, ignoran los acuerdos de San Andrés y permiten privilegios ilegítimos al partido oficial.