Marcha atrás a la ciudadanización
Ni referéndum ni iniciativa popular

Más aún, el 21 de marzo, en el discurso oficial conmemorativo del natalicio del Benemérito de las Américas, Emilio Chuayffet dijo que el gobierno de la República ``estudia la posibilidad de que la Constitución enumere una serie de decisiones políticas fundamentales que no podrán cambiarse ni siquiera por el Poder Constituyente Permanente, sino a través del referendo del pueblo''. El gobierno de la República, insistió entonces el secretario de Gobernación, ``quiere reconciliación, esperanza y futuro''.

Es importante recordar los ofrecimientos del Ejecutivo para enmarcar tres aspectos de los pocos en los que no se dio una respuesta afirmativa a los partidos de oposición que quedarán para una reforma posterior. Efectivamente, se cumplió la promesa presidencial de que el Instituto Federal Electoral pase a formar parte del Poder Judicial. De acuerdo con la iniciativa que el miércoles entrará a la Cámara de Diputados en primera lectura, la reforma al artículo 105 constitucional estipula que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará facultada para conocer ``de las acciones de inconstitucionalidad'' en materia electoral.

Sin embargo, debe recordarse que tanto el PAN como el PRD habían propuesto enmendar los artículos 103, 104, 105 y 107 para que en la Carta Magna quedara estipulada la figura de amparo electoral. Los estrategas opositores sugerían que los partidos políticos pudieran impugnar las resoluciones del Tribunal Federal Electoral y ampararse contra ellas ante un juez, de modo que la última instancia a la que pudieran recurrir fueran los tribunales colegiados de circuito. No prosperó esa propuesta y, en cambio, la Suprema Corte sólo ``conocerá'' de las acciones inconstitucionales en materia electoral.

El ofrecimiento que hizo Chuayffet el 21 de marzo, incorporar a la Constitución la figura del referéndum, de plano se desechó. En este caso el PAN y el PRD también habían presentado sendas propuestas, especialmente de reformas al artículo 72 constitucional, para que a iniciativa de un grupo ciudadano, estimado en dos por ciento del padrón, se iniciara una consulta a la ciudadanía en general para derogar una ley, siempre que 50 por ciento de los votantes inscritos en el padrón electoral votaran a favor.

La iniciativa popular fue otra de las reformas que en este caso a sugerencia del PAN, PRD y PRI no aceptaron el gobierno y el PRI. Se proponía reformar el artículo 71 en lo relativo a la capacidad que debían tener los ciudadanos para presentar iniciativas de ley. El citado artículo dice en su fracción primera: ``El derecho de iniciar leyes o decretos compete: I. Al presidente de la República. II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión y, III. A los legisladores de los Estados''. Se planteaba introducir un cuarto inciso que dijera: ``a los ciudadanos en los términos que la ley establece''.

Llama la atención que, pese a los importantes avances logrados en la iniciativa que el miércoles empezará a discutirse en la Cámara de Diputados, quedaron fuera aspectos como los arriba citados, sobre todo porque significaban una participación más directa de los ciudadanos en la constitución de leyes. En el fondo, tanto en los organismos electorales como en la promoción o derogación de leyes, se da marcha atrás a la llamada ciudadanización. Como muestra está el cambio de consejeros ciudadanos y las características de éstos por los consejeros electorales que al parecer serán burócratas de las elecciones.

En el camino Reapareció Jorge Hank Rhon, a quien nuevamente se le acusa de evasión fiscal. Lo curioso es que el hijo del poderoso político y empresario mexiquense Carlos Hank González no acudió a la PGR a entregar las pruebas de licitud de sus negocios, sino a la Secretaría de Gobernación. Cuál Grupo Atlacomulco?