La Jornada 30 de julio de 1996

Según el gobierno, 30.85% de transportistas están en cartera vencida; son 70%, dice El Barzón

Segunda y última Con una cartera vencida que el transporte concesionado arrastra desde la pasada administración, la viabildad del proyecto gubernamental de modernización del sector depende de subsanar el problema financiero. Al recelo manifiesto de la banca comercial para financiarlo, tras el escandaloso fraude de la Arrendadora Havre, que permeó la última experiencia, se añade el encarecimiento ``desmedido'' --casi 700 por ciento-- del único crédito que se tiene garantizado y que proviene del Banco Mundial.

La cartera vencida del transporte concesionado se traduce en una guerra de cifras entre autoridades y concesionarios. La Dirección General de los Servicios al Transporte fija el monto en 639 millones de pesos, que afecta a 9 mil 255 permisionarios y que representa el 30.85 por ciento del total. La dependencia señala que se hacen esfuerzos para dar salida al problema.

En tanto, para los permisionarios que están agrupados en El Barzón, el impacto de la cartera vencida afecta al 70 por ciento de los permisionarios. La generalizada presencia de los problemas financieros en el sector hace que la conversión en autobuses sea ``un proyecto irrealizable en el corto plazo'', señala Enrique Puebla, dirigente de El Barzón-Transportistas.

Para los integrantes del Foro del Autotransporte --que agrupa a un conjunto de organizaciones independientes-- y El Barzón, el proyecto del DDF no es viable si no se cumplen dos condiciones previas: resolver el problema de la cartera vencida y garantizar esquemas financieros accesibles que se complementen con un programa integral que posibilite la rentabilidad de las empresas.

El retraso en el programa --advierte el presidente de la Comisión de Transporte de la ARDF, José Luis Luege-- va más allá del cumplimento de los plazos legales, ``pues involucra un riesgo real de crisis en el transporte concesionado, ante el acelerado deterioro del parque vehicular cuya operación no podrá superar uno o dos años en las actuales condiciones''.

En las proyecciones gubernamentales se estimaba que entrarían en operación cinco mil autobuses para 1997. Sin embargo, los programas virtualmente están detenidos y las metas difícilmente se cumplirán.

Paradójicamente, afirma Luege, se cuenta con un crédito del Banco Mundial que se concibe como prioritario para el proyecto, pero que se enfrenta con la maraña de intereses en la ciudad que incluye a la banca de fomento --Banobras--, cuyo esquema encarece ``en demasía'' el crédito hasta equipararlo con cualquier préstamo comercial.

Un análisis de la Comisión de Transporte de la ARDF señala que el encarecimiento del crédito por parte de Banobras oscila entre 35 y 40 por ciento. El préstamo a tasas preferenciales otorgado por el organismo internacional fija una tasa de interés de 7 por ciento, en tanto que Banobras lo otorga a una tasa de 35 por ciento --Cetes más 6 puntos--, independientemente de que para concretarlo debe intermediar una banca comercial, razón por la cual se eleva hasta 48 por ciento, es decir, casi siete veces más que la tasa original.

``Existe un diferencial de casi 30 puntos en términos nominales entre la tasa que cobra Banobras y la que cobra el BM a México, lo cual provoca distorsiones en el mercado crediticio''. A ello se añade que el BM otorga el crédito a un plazo de 10 años y Banobras a cinco años'', señala un documento de la comisión, que agrega: ``Puede inferirse que en esta brecha se consideran los riesgos cambiarios, políticos y sociales''.

José Luis Luege sostiene que es inadmisible que ``un crédito ya autorizado para un programa necesario, sea virtualmente paralizado por la banca de fomento nacional, porque a las tasas de interés que son entregados finalmente es inviable para cualquier permisionario adquirir el crédito''.

El asambleísta señala que el programa de transporte es ``inviable'' si el gobierno ``no allana el problema financiero y pugna por instrumentar esquemas accesibles y rentables para los permisionarios''.

La otra vía de financiamiento enfrenta el recelo y desinterés de la banca comercial. La experiencia con la Arrendadora Havre, que participó en la renovación de la mayor parte del proceso de conversión de combis en microbuses, es un precedente que juega en contra de la posibilidad de buscar nuevos financiamientos de la banca comercial para este nuevo proceso de modernización.

Para el Foro del Autotransporte no puede repetirse la experiencia que se dio en el proceso de sustitución de combis por microbuses, en el cual no se contó con un proyecto integral, aunado a la corrupción de líderes y de instituciones financieras que dio paso al problema de la cartera vencida.

Con un amparo ganado en contra de la Ley de Transporte que los obliga a convertirse en empresas, el dirigente del Foro dice que esa agrupación está dispuesta a convertirse en empresas. ``El problema no es la figura jurídica que adquiramos --de hecho cuatro de las organizaciones que integran el Foro ya se integraron como tales--, sino la viabilidad de la adquisición de autobuses, la rentabilidad de las empresas basada en la tarifa, pues en el pasado los intereses políticos del gobierno estancaron las tarifas''.