Sólo da el Insen atención médica a 0.6% de personas de 60 años o más
Triunfo Elizalde /I Por falta de capacidad física y de un mayor presupuesto, el Instituto Nacional de la Senectud (Insen) atiende médicamente a sólo 0.6 por ciento de los cinco millones 875 mil habitantes con más de 60 años, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) a julio de este año.
Desde su creación --en agosto de 1979-- hasta este mes, el instituto ha expedido dos millones 225 mil credenciales; de ese número, 35 mil personas --150 por día-- demandan anualmente atención médica externa. Quienes requieren de tratamientos especializados o de intervenciones quirúrgicas son canalizados a hospitales del Seguro Social, del ISSSTE y de la Secretaría de Salud, asegura Julio Sánchez Vargas, director general de este organismo descentralizado.
A pesar del Insen, la población senecta aún carece de
una adecuada protección y atención. Foto: Frida Hartz
Para 1996 el instituto cuenta con un presupuesto de 47 millones de pesos: 43 millones asignados por la Secretaría de Salud y cuatro millones en ``donativos y recursos propios'' (hasta junio ya se habían gastado 21 millones). Según Sánchez Vargas, ``la mayor parte es para cubrir los gastos administrativos, entre ellos sueldos y prestaciones de los 857 trabajadores con que cuenta el organismo''.
Por ello, los servicios médicos del Insen, concentrados en el edificio principal, reciben críticas y quejas de los senectos, ya que el número de médicos para atender a las 150 personas que acuden diariamente es insuficiente: hay un cardiólogo, un dermatólogo, un urólogo, un acupunturista, un optometrista, un reumatólogo, dos odontólogos, seis médicos generales, un audiólogo, un gastroenterólogo, un otorrinolaringólogo, una técnico en ultrasonido --a punto de ser dado de baja ``por irresponsable''- y una enfermera para tomar los electrocardiogramas.
En las quejas contra la consulta médica externa hay coincidencias: a pesar de que los pacientes son citados desde temprano, pasan varias horas sin ser atendidos; cuando finalmente los reciben los médicos son examinados de manera superficial y con prisas. No hay paciencia para escucharlos; se les trata con aspereza; cuando tienen que subir a las mesas de auscultación y lo hacen lentamente por su edad, o porque sufren de algún tipo de invalidez, se les regaña.
Si los ancianos van a los laboratorios para análisis clínicos, la espera es un martirio debido a los líquidos ingeridos y la prohibición de orinar o defecar, al margen de que los resultados les serán entregados en un mes o mes y medio. Y ``no siempre son confiables'', porque es común que en los laboratorios se carezca de reactivos. Lo mismo sucede con Rayos X, donde los equipos ``seguido están descompuestos''.
Esta situación la padeció en el área de Odontología el propio director general, la cual cuenta con cinco sillones. Cuando Sánchez Vargas requirió de una revisión bucal, las compresoras estaban descompuestas.
Sobre este episodio, el que fuera procurador general de la República en 1968, comenta: ``Son fallas técnicas de los aparatos y de las casas que los venden, ya que no los reparan de inmediato''. Y puntualiza: ``Cuando utilizó un servicio del Insen lo hago para demostrar la confianza que tengo en ellos; siempre pago, aunque algunas veces no me den recibo''.
--¿Es entonces, una actitud política?
--Indudablemente que sí. Lo hago para demostrar públicamente la confianza que tengo en mi instituto, y para conseguirle más cosas.
Prácticamente no hay servicio de emergencia, no obstante que la institución tiene dos ambulancias y cuatro unidades móviles que, de acuerdo con comentarios de empleados del Insen que pidieron permanecer en el anónimato ``por temor a represalias'', comúnmente se utilizan para destinos distintos a los servicios de urgencia. Inclusive se afirma que en dichos vehículos ``se transportan a domicilios particulares de los altos funcionarios del instituto, algunas de las 500 despensas que Conasupo entrega mensualmente''.
Ante tal aseveración, Julio Sánchez Vargas, en el momento de ser entrevistado, llamó por teléfono a su esposa, Rosa Beristáin, y le preguntó: ``¿Tú recibes, para el hogar, despensa de Conasupo? Por favor, platícaselo a la persona que está conmigo''
El comentario de la señora Beristáin fue en sentido negativo, además de puntualizar: ``Deveras, ¿alguien cree que nosotros tenemos necesidad de cometer un abuso de esa naturaleza?''
Entre las quejas por fallas humanas en los servicios médicos están, en especial, las recogidas contra María Eugenia Herrera, ultrasonografista, quien desde hace más de un año sólo ``cumple'' con sus obligaciones entre las 11 y 12 horas, no obstante que su horario es de 8 a 15 horas. ``Llega corriendo a hacer los ultrasonidos --en especial a ancianitas-- y no realiza más de dos o tres. Como tiene prisa, regaña a todo mundo, es de muy mal carácter y rápidamente se va''. A nivel interno se dice que ``es protegida'' del doctor Alejandro Marín, subdirector médico encargado de las Unidades Gerontológicas, además de trabajar en el Hospital General de la Ssa y en un sanatorio particular.
Sobre este asunto, Sánchez Vargas reveló: ``Tengo amplias noticias sobre esta falla y he dispuesto que se invite a esta persona a cambiar de actividad. Este fin de mes vamos a liquidarla''. Por su parte, el doctor Marín negó que fuera su protegida, pero aceptó que sabía de sus fallas desde hace tiempo, ``porque ésta tenía un problema familiar'' en Tehuacán, Puebla. ``No es cierto que trabaje en el Hospital General'', dijo al confirmar que ya se habló con ella para que se retire del Insen este fin de mes.
Otro caso es el del otorrinolaringólogo Enrique del Rey Pérez Peña, encargado de atender hasta 18 pacientes diarios. Este especialista envía, en promedio, nueve casos por día a los Laboratorios Interlab-D, de la calle de Bajío 283, interior 8, colonia Roma Sur, donde a los abuelitos les ``hacen el favor'' de cobrarles 350 pesos por los estudios, 50 por ciento menos del costo ``real'' porque van recomendados por Del Rey. En otros laboratorios particulares el mismo servicio tiene un costo de 150 y hasta 200 pesos como máximo.
--Por todo lo anterior, licenciado Sánchez Vargas, se asegura que usted no sabe lo que está pasando en el Insen. Se dice que permanece en su despacho y que jamás recorre el edificio, y que todo lo ha dejado en manos de Alejandro Marín Guerra, subdirector del Servicio Médico y Encargado del Control de los Albergues, y de Joaquín Jiménez, administrador general. ¿Qué hay de cierto?.
--Tengo conocimiento de todo lo que pasa en el Instituto. Sé cómo se está trabajando. No estoy dedicado a ninguna otra actividad. Soy, única y exclusivamente, director del Insen. En el tiempo que tengo aquí jamás he recibido una observación de los miembros del Consejo Administrativo. Yo puedo dejar de informar de una noticia buena, pero nunca de informar cuando se presenta una anomalía.
Respecto de los dos funcionarios señalados, Sánchez Vargas afirmó: ``No hacen ni deshacen lo que quieren, como se dice. Son dos buenos colaboradores. Aquí, como en todas partes, la numeración principia por el uno, luego el dos y luego el tres... tengo plena confianza en ellos, sobre todo mi confianza financiera en la gente del instituto''.
--Entonces, ¿a qué obedecen todas las críticas? ¿Se buscará quitarlo de este cargo?
--Un funcionario que es de confianza en cualquier momento puede ser cambiado o sustituido. Pero, mire usted, después de 60 años de abogado y 50 años de tener designaciones presidenciales, a mi todas estas cosas no me interesan. No me afectan. Cuido mi nombre, que es mi patrimonio, porque aparte de ser procurador fui ministro de la Corte. Es un patrimonio moral para uno, para la familia, que no voy a manchar con pequeñeces... ¡por favor!