Una ``reforma electoral'' no es toda la democracia, pero es importante avanzar en ese tema fundamental de la transición democrática. Esencial que la reforma se fortalezca con el básico consenso de los principales partidos políticos. Debe decirse además que el ejecutivo el Presidente y el secretario de Gobernación, al dar luz verde y empujar los términos de la reforma, cumplen con una exigencia nacional que está en el origen de la reforma a los textos constitucionales y legales que, todo indica, seguirá adelante en los Congresos federal y estatales, ojalá sin los ``afeites'' con que se procuró mellarla en la etapa posterior a las negociaciones de Bucareli. Exigencia nacional que se cumple y no acción graciosa del gobierno o de la dirección de los partidos, es decir, necesidad que se recoge y a la cual se le da forma y cumple. Debe mencionarse igualmente el papel abierto que cumplió Santiago Oñate, y el papel histórico que en este proceso corresponde a Porfirio Muñoz Ledo.

La posiciones críticas implican por definición el reconocimiento. Y, por supuesto, en éste vale también encender luces rojas, dar seguimiento crítico a cuestión tan básica para el país.

La primera es la de la voluntad política para que efectivamente se apliquen las reformas. Las autoridades saben bien que entre el dicho y el hecho, entre la instrucción y su ejecución, media a veces una distancia infranqueable. Lo saben por experiencia política y porque ahora mismo se han enfrentado a la ``resistencia'' y aún al ``sabotaje'' que ejercen las corrientes más retrógradas al interior del partido y del gobierno. Contra ellas será necesario luchar.

En los puestos de poder asalta con frecuencia la tentación de quitar por un lado y de otorgar por el otro. Este es el más eficaz camino para mediatizar las mejores decisiones. Hoy los responsables políticos deben saber que el camino en que se han empeñado es histórico, no circunstancial y efímero; sustancial aun en el largo plazo, al menos como preparación y antecedente de cambios más profundos.

Debe también señalarse que la vigilancia sobre la concreta aplicación de las reformas electorales corresponderá ya también a partidos políticos y a la sociedad en general. No será únicamente función gubernamental sino tarea conjunta de partidos y ciudadanía, que exigirán y denunciarán, que señalarán y reclamarán. Pero vale más que las autoridades se distingan por la claridad de sus propósitos y de los medios que utilizan, para dejar atrás esa lamentable impresión de dar un paso adelante y luego dos atrás, o de voltear a la izquierda para caminar hacia la derecha.

La modificación a las leyes electorales es sólo un paso importante en el camino de la democracia, al que deberán seguir otros en profundidad, si de verdad hemos de llevar a este país de su atraso político a una situación que no nos haga sonrojar.En los próximos meses deberá proseguirse el diálogo para la reforma del Estado. Muchos son los temas que abarca esa fundamental agenda. Mencionaré dos: el de la ``desconcentración'' de los poderes acumulados en el Presidente de la República facultades de hecho y derecho, junto a los indispensables pesos y contrapesos, jurídicos e institucionales, para limitar el poder presidencial. Ello supone como condición imprescindible el reconocimiento de la autonomía de los poderes legislativo y judicial, que ha de comenzar con el autorrespeto de esos mismos poderes.

Y, desde luego, el tema absolutamente esencial de la responsabilidad legal y política de los gobernantes, de los más altos funcionarios. En este terreno estamos en pañales, y es precisamente esa carencia factor que ha propiciado la escandalosa corrupción que ahora sale a flote, absolutamente destructiva de nuestra vida política, de las instituciones públicas de este país.

La impunidad ha de corregirse y combatirse, so pena de que naufrague la transición democrática. Hay quienes sostienen, no sin poderosas razones, que éste es el principal obstáculo que se opone ya a la profundización de la democracia mexicana, la barrera que hará imposible la democracia en nuestro país por la vía política, por el camino pactado y evitando una violencia que nadie desea.

La determinación de esas responsabilidades el fin de la impunidad es, en efecto, absolutamente crucial en una ``normalización'' democrática de la vida política en México. Este es un punto esencial en que deberá insistirse, el tema nodal de una transformación democrática sobre la que insistirá la sociedad mexicana y muchos militantes de los partidos políticos. Una tarea, por supuesto, que no es exclusiva ``de'' los partidos sino que cruza horizontalmente, más allá de los partidos, a la sociedad y a la República en su conjunto. Como decíamos: se trata de una tarea histórica y no de mera circunstancia.