Nadie regatea la trascendencia del acuerdo para la reforma electoral, pero tampoco se puede guardar silencio ante la absurda pretensión gubernamental de cesar a los consejeros ciudadanos del Instituto Federal Electoral (IFE).

La insurrección en Chiapas hizo indispensable que las elecciones federales de 1994 fueran pacíficas y confiables. Súbitamente vimos cómo el régimen se transformó en campeón de la credibilidad y una de las formas que pensaron fue darle un baño de ciudadanía al oficialista IFE. Después de tres meses de jaloneos, el 3 de agosto de 1994 tomaron posesión Santiago Creel, Miguel Angel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti, Ricardo Pozas, Fernando Zertuche y José Woldenberg.

Se necesitaban altas dosis de valentía e inconsciencia para entrarle al cargo dos meses y 18 días antes de las elecciones, y sabiendo que tenían una mínima capacidad de modificar sus condiciones. El riesgo de la irrelevancia o el ridículo era considerable.

Pese a las limitantes en que funcionaron, los consejeros hicieron una enorme contribución a la causa de la democracia. Al señalar las muchas carencias y problemas de aquellas y otras elecciones, iban sentando la agenda de la reforma futura.

Cuando terminaron los comicios de 1994 no acabó la actividad de los consejeros. Entre sus actividades estuvo la presentación de un dictamen realista y duro sobre la inequidad de la contienda, la propuesta de una agenda para la reforma electoral, y la disposición de Creel y Ortiz Pinchetti de emitir una opinión arbitral sopre las elecciones para gobernador de Tabasco (a petición del PRD y el PRI).

La misma pareja de consejeros medió entre los partidos cuando el diálogo se rompió en 1995 y organizaron un seminario en el Castillo de Chapultepec donde se encontraron puntos de consenso que ya después ayudarían a la reforma. También sostuvieron una relación permanente con las organizaciones ciudadanas y con aquellos consejeros que, en diversos estados del país, libraron batallas similares. Por si eso no bastara, capacitaron a un grupo de brillantes jóvenes abogados comprometidos con la democracia (entre otros, Mayari Forno, Elizabeth Nava, Santiago Orellana y Pedro Salazar).

En este listado es indispensable recordar su papel de formadores de opinión. En este renglón Granados Chapa merece un reconocimiento especial porque ha combinado su función de Consejero con la del columnista que seis días de cada semana sacude conciencias y orienta opiniones con una prosa incisiva, clara e independiente.

Los consejeros nunca actuaron en bloque; cada uno siguió los dictados de su independencia, y esa frescura y diversidad les dio credibilidad a ellos y mantuvo la esperanza de que las elecciones podían ser un camino para la transición. En suma, cumplieron con creces lo que se esperaba de ellos.

En cualquier país, las instituciones estarían organizando homenajes y reconocimientos. No así en México, en donde sus actividades despertaron la inquina de los que rechazan la independencia y adoran las complicidades. Sólo así se entiende que miembros del gobierno y el PRI exigieran despedir a los consejeros mientras aceptan como algo normal que la Contraloría haya vuelto a contratar a María Elena Vázquez Nava, la inepta funcionaria que no pudo controlar la corrupción del salinato.

La forma en que quieren correrlos es de una rudeza innecesaria porque existía un acuerdo informal por el cual los consejeros dejarían sus cargos al culminar las negociaciones para la reforma electoral. Ante la inconformidad que provocó el despido y la forma de hacerlo, el secretario de Gobernación empeñó su palabra de que se modificaría ese punto cuando se formalice en el Congreso la reforma. Ojalá y lo haga, porque lo razonable es que intentaran convencer a estos consejeros de quedarse en el puesto hasta que culminen las elecciones de julio de 1997. Esos comicios serán organizados por un IFE autónomo que necesitará de toda la experiencia y los conocimientos que acumularon estos consejeros.

Si el secretario no cumple, volveremos a ver la fatigosa búsqueda de nueve ciudadanos independientes al gusto de todos, y dispuestos a aceptar las condiciones que trae la ley. Cuando tomen posesión quedará poco tiempo para conocer la idiosincracia y mañas de los actores, y para familiarizarse con la legislación. Qué ganas de complicarse la vida.