Con la captura de Angel I. Rodríguez Sáez, El Divino, se puede documentar un capítulo más del viciado proceso de reprivatización emprendido por la administración salinista y se cancela el pendiente político que aparentemente condiciona la reventa de Banpaís.

Sólo faltaría que los interesados en esta ex sociedad nacional de crédito cubran los requerimientos legales para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores concluya la intervención en el corporativo --al que El Divino dejó con un hueco financiero de 6 mil 800 millones de pesos-- y la asigne a los nuevos propietarios.

Con el expediente prácticamente cerrado sobre los ilícitos cometidos por el huésped temporal de la policía española, resulta notorio que también en la reprivatización de Banpaís estuvo presente la mano de la familia Salinas de Gortari, pues uno de los integrantes del consejo de administración fue Alberto Ríos Zertuche, ex cuñado de Raúl y presumiblemente uno de sus operadores, aunque no el único.

En la compra de Banpaís participaron, junto con El Divino, Julio C. Villarreal Guajardo, Policarpo Elizondo Gutiérrez, Fernando P. del Real Ibáñez y Sergio Gutiérrez Muguerza, el llamado ``grupo de control''. De los 544 mil 900 millones de (viejos) pesos que ofrecieron pagar (3.03 veces el valor contable a precios de abril de 1991), el gobierno federal les regresó 18 mil 358 millones. Las secretarías de Hacienda y de la Contraloría de la Federación argumentaron que la devolución fue ``por correcciones a los resultados de la clasificación de la cartera de créditos y los consecuentes ajustes a los estados financieros en los términos de lo establecido en el contrato de compra--venta correspondiente''.

Según el Comité de Desincorporación Bancaria, el grupo ganador contaba con más de 200 inversionistas de 25 ciudades del país, y pretendía que el paquete accionario se distribuyera entre más de 2 mil inversionistas.

El Grupo Abaco también participó en la postura por Banpaís, y los accionistas integrados en él, encabezados por Jorge Lankenau Rocha y Enrique García Gómez, ofrecieron 514 mil 938 millones de (viejos) pesos. Posteriormente, se hicieron de Banca Confía.

Junto al ``grupo de control'' participaron --entre otros-- Carlos Peralta Quintero --uno de los mecenas de Raúl Salinas de Gortari--, Isidoro Rodríguez Ruiz --padre de El Divino--, Mario Rodríguez Sáez, Elías Sacal Zetune, Enrique Molina Sobrino (también mencionado como mecenas del incómodo), Erick E. Alvarado Cárdenas, J. Randolfo Balcázar Rodríguez, Moisés Saba D'Jamus, Moisés Saba Stern, Jorge Ramírez Lepe, Eduardo Sacal Zetune, Ernesto Canales Santos, Jaime de la Vega Grajales, Luis Berrondo Martínez, Ramón Beteta Decou, José Carral Cuevas, Jaime P. Constantiner, Rodolfo García Muriel, Ernesto Rubio del Cueto (ex presidente de Concamin y del Comité México--Estados Unidos del CEMAI) y Georgina, Arturo, Guadalupe y Roberto Alcántara Rojas.

Antes de la expropiación lopezportillista, entre los principales accionistas de Banpaís sobresalían Adrián Sada Treviño, Adrián Sada González, Dionisio Garza Sada, Alejandro Garza Lagüera, Alberto Santos de Hoyos (hoy senador de la República), Jaime Garza González, Rogelio Sada Zambrano, Jorge Lankenau Rocha y Manuel J. Clouthier (dirigente panista y ex candidato a la Presidencia de la República).

A la vuelta del tiempo, sin remedio, la constante aparición de irregularidades en el proceso de reprivatización de la banca conducen al octálogo que hizo público el 13 de agosto de 1990 el entonces secretario de Hacienda Pedro Aspe durante los trabajos de apertura de la Convención Bancaria.

Las advertencias que hiciera el actual funcionario del Grupo Pulsar, al dar a conocer las condicionantes salinistas para la reprivatización bancaria, no tiene desperdicio:

Entre otras cosas, Aspe --a nombre de Carlos Salinas de Gortari-- señalaba que la venta de las sociedades nacionales de crédito perseguía ``conformar un sistema financiero más eficiente y competitivo; garantizar una participación diversificada y plural en el capital, con lo que se impiden fenómenos indeseables de concentración, y vincular la aptitud y calidad moral de la administración de los bancos con un adecuado nivel de capitalización''.

Además, la venta pretendía ``no servir para la especulación de unos cuantos; asegurar que la banca mexicana sea controlada por mexicanos; en virtud de que se trata de un servicio de interés general y de que se manejan los recursos de la sociedad, se considerará importante que las instituciones se conduzcan con una sólida perspectiva de largo plazo, que propicie la confianza del público ahorrador; se evitará la concentración en agrupaciones formadas por bancos, casas de bolsa, aseguradoras y otros intermediarios; propiciar las sanas prácticas financieras y bancarias; evitar la conformación de grupos financiero--industriales, ya que éstos concentran el ingreso y pueden provocar un uso ineficiente de los recursos. Ello dio lugar en el pasado a prácticas nocivas para la sociedad, como la canalización preferente de recursos otorgados a empresas relacionadas con los grupos bancarios o bien operaciones de complacencia''.

¡Salud!.

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