En una inusual votación unánime, la Cámara de Diputados aprobó las reformas constitucionales que representan la primera etapa de la reforma de Estado en materia político-electoral.

Todavía falta que la iniciativa, que ayer pasó la sanción de la Cámara de Diputados, sea aprobada por el Senado y la mitad más uno de los congresos de los estados, pero desde ahora se puede dar por seguro que ni los legisladores federales ni los locales harán uso de su facultad de exigir cambios, con lo cual obligarían a que el proyecto de reformas constitucionales regresara a la Cámara de origen, en este caso, la de Diputados.

En efecto, cualquier adición, enmienda, corrección o cambio en la propuesta de reformas constitucionales significaría volver al inicio. Porque, tal como lo establece la Carta Magna, para que pueda ser modificada, se necesita el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los legisladores federales y estatales. En caso de que no ocurriera así y de que una mayoría de cualquiera de esos órganos legislativos impulsara un cambio a la iniciativa, ésta tendría que volver a recorrer todo el camino.

Pero esto no ocurrirá. Se puede dar por seguro que, salvo casos de protagonismo, la reforma estudiada y discutida durante casi 20 meses será aprobada sin mayores problemas en el Senado y en los congresos locales.

Esto no significa que los senadores o los diputados locales depongan su capacidad de expresar desacuerdos. De hecho, los llamados representantes del pacto federal, los senadores, estuvieron presentes en todas las reuniones de comisiones legislativas en las que se revisaron las propuestas originales de reforma, de conformidad con el sistema de trabajo denominado ``de conferencia'', por el cual participan en las negociaciones, tanto senadores, como diputados, al mismo tiempo.

Con todo y la buena voluntad demostrada hasta ahora por todas las partes, no se puede considerar que ya se alcanzó una etapa de pleno acuerdo y de coincidencia de voluntades. Por el contrario, es necesario advertir que tal vez falta lo más difícil, que en palabras breves y en una expresión de uso común se puede definir como ``aterrizar'' la reforma.En efecto, los acuerdos de carácter general así se puede hablar de las reformas constitucionales son apenas la primera fase del trabajo. Falta concluir los acuerdos en lo específico, ultimar los detalles que, como en cualquier construcción, son con frecuencia los que requieren más cuidado y mayores inversiones.

En estos detalles tendrán que trabajar los legisladores federales en el periodo necesario, para que la reforma reciba la aprobación de los congresos locales, pues se necesita que, una vez promulgadas las modificaciones a la Constitución, se tengan listas las iniciativas de reformas a las leyes reglamentarias, con el fin de que puedan ser puestas en práctica de inmediato, con tiempo para que operen a partir de 1997.

No es luna de miel

Este es el caso, por ejemplo, de lo relativo a la organización del gobierno del Distrito Federal. Es un hecho que, a partir del año venidero, se elegirá al gobernador de la capital del país y, desde el año 2000, a los delegados políticos. Sin embargo, faltan muchos aspectos por definir. Por ejemplo: la administración de las delegaciones seguirá centralizada en un solo individuo o, a manera de los ayuntamientos, se crearán cuerpos colegiados.

Es evidente que cada partido tiene su propia visión de lo que será el gobierno capitalino, y no siempre esas diferencias se podrán dilucidar en la mesa de negociaciones. Es probable que en algunos casos el debate sea público y áspero.

Un anticipo de lo que vendrá se puede encontrar en el reto lanzado por el dirigente del PAN en el Distrito Federal, Gonzalo Altamirano Dimas, a su contraparte del PRI, el diputado federal Roberto Campa Cifrián.

El presidente capitalino del priísmo ya ha dado muestras de su carácter combativo, sobre todo, por su constante presión sobre el procurador general de la República como se sabe, surgido de las filas del PAN, Antonio Lozano Gracia, por la lentitud o, de plano, el empantanamiento de las investigaciones en torno del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.

Altamirano Dimas salió, obviamente, en defensa de su correligionario y, para dirimir esas y otras diferencias, retó al presidente priísta a un debate público. Las cosas han cambiado tanto que Campa Cifrián no se refugió en su condición de dirigente del partido en el gobierno, sino que, de inmediato, aceptó e inclusive se manifestó dispuesto a acudir a la sede del partido azul y blanco, a condición de que la discusión fuera moderada por tres periodistas elegidos por mutuo consentimiento.

Diferencias aparte, en relación con las investigaciones en torno del atentado contra Luis Donaldo Colosio, resultará muy interesante el debate sobre las características del gobierno capitalino, pues, tanto Altamirano Dimas, como Campa Cifrián, se cuentan entre los precandidatos de sus respectivos partidos a la nominación para primer gobernador del Distrito Federal elegido por voto universal y directo.

La cosecha

En un rumbo muy distante, físicamente, aunque muy vinculado, en lo político, con lo que ocurría en la Cámara de Diputados, también por unanimidad, fueron aprobadas las propuestas del Consejo General del IFE respecto de la ``redistritación'' del país y la nueva conformación de las circunscripciones plurinominales que sirven de base para determinar el reparto de las llamadas diputaciones de representación proporcional... En ese ambiente de unidad de criterios, los consejeros ciudadanos presentaron un ``voto razonado'' que no invalida el proceso de reorganización del país para efectos electorales, aunque establece algunas precisiones... La unanimidad de votos comprendió la subdivisión del Distrito Federal en 30 distritos para las elecciones federales y en 40 para efectos de la integración de la Asamblea de Representantes que, a partir de las reformas aprobadas en la Cámara de Diputados, adquirirá todavía más la condición de Congreso local... Asimismo, en esa asamblea rindieron protesta el delegado del PDM, Juan Campos Vega, y del PPS, José Luis Herrera, partidos que en principio fueron rechazados, pero que, luego de protestar ante el Tribunal Federal Electoral (TFE), confirmaron su derecho a participar con voto condicionado en las elecciones federales de 1997...