El consenso finalmente logrado entre las cuatro fuerzas políticas con registro, en torno a la reforma electoral anunciada el pasado 25 de julio, permitió concretar, en la Cámara de Diputados, un paquete de modificaciones constitucionales que representan, sin duda, un paso de gran importancia para la democratización del país. No es, ni podía serlo, la ``reforma definitiva'', porque no existe un ``país definitivo'' sino una sociedad viva y cambiante que a corto, mediano o largo plazo reclamará y hará necesarias nuevas adecuaciones a las leyes electorales. Pero sí constituye un marco legal aceptable para todos los partidos políticos de cara a los procesos comiciales de 1997 y del 2000, por lo menos.

El proceso de negociación que desembocó en estas modificaciones sustanciales a la normatividad de los procesos electorales fue accidentado y difícil, los debates alcanzaron momentos ríspidos y hubo ocasiones en las que pareció que todo el trabajo podía irse a pique. Pero a la larga prevaleció la cordura de las partes involucradas, así como su determinación para renunciar a puntos aislados defendidos en lo particular, a fin de conseguir un marco general que resultara aceptable para todos.

En este espíritu, cabe felicitarse por los alcances globales de la reforma, pero sin olvidar por ello los dos más graves puntos negros del proceso.

Por una parte, quedaron fuera de las modificaciones legales formas de participación ciudadana directa, como el referéndum o el plebiscito, lo cual impedirá ampliar los márgenes de legitimidad de decisiones trascendentales para el país cuando el momento lo requiera.

Por la otra, se impuso, por medio de maniobras deplorables de último minuto, el veto a los actuales consejeros ciudadanos del Instituto Federal Electoral. Esa imposición del oficialismo resulta doblemente negativa por la forma como se llevó a cabo que recuerda las prácticas tradicionales de la peor cultura política y por lo que implica en el fondo: impedir que los actuales consejeros, que se han desempeñado en forma ejemplar y que han propiciado la equidad, la limpieza y la transparencia en los comicios federales, sigan aportando su experiencia en la organización de los procesos electorales.

Pese a ello, con las modificaciones legales logradas el país podrá vivir, a partir de ahora, elecciones más equitativas y menos sobresaltadas, siempre y cuando el espíritu y la letra de la reforma recién aprobada sean respetados escrupulosamente por todas las partes. Enhorabuena.