Cuando el presidente Ernesto Zedillo sugiere abrir un debate sobre el ``modelo económico'' plantea un falso dilema, y cuando su secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, lo corrige señalando que ``no está a debate el modelo'', confunde las partes por el todo. En un caso se pretende reducir el proceso de cambio que sufre México a un plano académico, sustrayendo la política pública de su vinculación con la realidad. En el otro, al insistir en la vigencia de un concepto abstracto, se pretenden encubrir las consecuencias de las medidas específicas que ha tomado el gobierno en materia económica.

Evidentemente, las políticas que el gobierno mexicano ha puesto en práctica en los últimos 10 ó 15 años están guiadas por una lógica común, resultado de la ideología y, principalmente, del propio mercado. La restructuración de la economía de un capitalismo monopólico de Estado a un capitalismo monopólico privado es resultado de un proceso global e histórico inevitable. Pero cualquier lógica se acaba ahí. Nada define de antemano la forma en que el cambio estructural se debe llevar a cabo; de ahí que la responsabilidad del gobierno se finque, no en las posibles ventajas de un modelo sobre otro, sino en las consecuencias concretas de sus acciones.

En otras palabras, ``el modelo'' no tiene resueltos los detalles a priori: los define en la aplicación misma. Por lo tanto, el juicio popular sobre el desempeño del gobierno con o sin modelotiene que hacerse con respecto a su capacidad, o incapacidad, de proveer el bienestar de los mexicanos. Y sabemos que respecto a este criterio la gestión del régimen ha fracasado, pues la mayoría de la población se ha empobrecido en los últimos 15 años e, incluso, en los dos más recientes. Sin embargo, incluso bajo los parámetros mismos del neoliberalismo, los logros del gobierno han resultado insatisfactorios.

A pesar de que uno de los principios rectores del modelo neoliberal se finca en la ``libertad económica y el régimen de la ley'', a nivel internacional México es considerado (Economic Freedom of the World, 1975-95, y Transparency International 1996) como uno de los países más corruptos del mundo. Las relaciones de Raúl, hermano del ex presidente Carlos Salinas, con inversionistas como José Madariaga, Adrián Sada, y Ricardo Salinas Pliego que adquirieron empresas públicas durante el proceso de privatización del sexenio anterior son incompatibles con el funcionamiento de la mano invisible del mercado.

El neoliberalismo no contiene dentro de sí una fórmula predeterminada sobre la manera en que deben asignarse los recursos públicos: el gobierno lo decide con criterios políticos. Así se explica la decisión de Hacienda de pagar en forma anticipada el paquete de asistencia internacional; o el compromiso de cubrir la totalidad de los Tesobonos al tipo de cambio imperante en su vencimiento; o el respaldo a los banqueros mexicanos o, como se ha dicho, la forma en que fueron vendidas las empresas públicas. Todas estas acciones involucran decisiones políticas.

El criterio político de las acciones públicas ha continuado prevaleciendo durante este sexenio. El gobierno, por ejemplo, carece de argumentos que justifiquen la venta de las plantas petroquímicas, pues según el director general de Pemex, Adrián Lajous, ``el concepto de lo que es estratégico para el Estado'' cambia con el tiempo. En otras palabras, reconoce que la relación entre el gobierno y la industria petrolera está dictada por consideraciones de carácter coyuntural, aunque no se atrevería a reconocer cuáles son exactamente: el neoliberalismo no ofrece, en este caso, soluciones fáciles.

De hecho, el ``modelo'' no proporciona demasiadas claves al gobierno; éste se guía más bien por criterios cortoplacistas y pragmáticos. Pretender, pues, como lo hizo recientemente el presidente Zedillo que el debate económico en México se lleve a cabo en el plano teórico, sólo busca desviar la atención de la sociedad (y ocupar el tiempo de ocio de los intelectuales). El gobierno determina sus prioridades en las finanzas, el petróleo o cualquier otro tema a partir de la relación de fuerzas que priva en la economía-política del país, y es en este terreno en donde se tienen que generar las propuestas de política alternativa al modelo neoliberal.