En la reforma electoral que ayer culminó en el Congreso con otra votación unánime, el PRI ``perdió'' 15 posiciones en la Cámara de Diputados y casi 20 en la de Senadores, con lo cual su amplia mayoría en este órgano legislativo se reduce de 75 a poco más de 60 por ciento. A cambio, el partido tricolor alcanzará la mayor fortaleza económica y la más amplia autonomía de que ha gozado en sus casi 70 años de vida.

En otras palabras, se puede decir que con estas modificaciones a la Constitución General de la República el presidente Ernesto Zedillo consolidó el propósito que anunció desde el inicio de su gestión: establecer una ``sana distancia'' entre el gobierno federal y el partido todavía mayoritario.

Al mismo tiempo quedan erradicadas para siempre acciones como la que puso en práctica Carlos Salinas de Gortari, que fue conocida popularmente como ``pasar la charola'', cuando prácticamente impuso millonarias aportaciones (en dólares) a los magnates del país.

También pasarán al olvido las prácticas viciadas de que los gobernantes en turno buscaran subterfugios legales y financieros para entregar recursos al partido oficial ``por debajo de la mesa''. Y, por supuesto, está definitivamente superada aquella época en que por acuerdo del ex presidente Lázaro Cárdenas se obligó a todos los funcionarios del gobierno a pagar cuotas al tricolor.

La consolidación de la economía del PRI es uno de los aspectos poco explorados, pero los conocedores del medio lo tienen perfectamente claro, aunque han preferido no festinarlo.

Claro está, la fortaleza económica y la consolidación de la autonomía priísta a largo plazo dependerán de que mantenga los niveles de votación que logró en las elecciones presidenciales de 1994.

Por lo pronto, con las modificaciones a la Constitución que ayer ratificó el Senado de la República en otra rápida sesión de trabajo, el PRI tiene asegurada una amplia ventaja económica respecto de los otros partidos, que en este caso no podrán alegar ninguna ventaja ilegal para los candidatos del partido del gobierno.

Los billetes sobre la mesa

Para que se entienda mejor esta situación de virtual bonanza económica del Revolucionario Institucional, es necesario empezar, como Perogrullo, desde el principio: La legislación electoral todavía vigente establece que el monto del financiamiento oficial a los partidos con registro se calcula con base en los resultados que obtuvieron en las votaciones anteriores y que el monto resultante de esos cálculos se entregue en partidas anuales, a razón de 20 por ciento el primer año, 30 el segundo y 50 por ciento en el tercero, que es nuevamente año de campañas y de elecciones.

Con los cambios acordados por el gobierno federal, así como por los diputados y senadores de todos los partidos, el punto de origen serán los mismos sufragios, pero el cálculo de los recursos será anual e inclusive se tomarán en cuentas las tasas de inflación. La consecuencia inmediata es que los partidos recibirán ya no de 20 a 50 por ciento anual, sino 100 por ciento, lo cual amplía enormemente los recursos a distribuirse cada año.

De acuerdo con lo ya aprobado, el 30 por ciento del presupuesto para financiamiento público se dividirá a partes iguales, lo cual representa un acto de justicia para las organizaciones minoritarias. El 70 por ciento restante se distribuirá conforme al porcentaje de votación y, en el caso presente, el PRI obtuvo 50 por ciento de los sufragios emitidos en 1994. Esto significa que por sí solo recibirá más de la suma total que se reparta equitativamente entre todos los partidos, incluido por supuesto el propio tricolor.

Por si eso fuera poco, están previstas otras partidas para lo que se puede considerar ``gastos de administración'' y para actividades como capacitación electoral, las cuales se cubrirán por parte del IFE en partidas adicionales, a partir de la comprobación de gastos por parte de los partidos. Por su estructura mucho mayor, obviamente el PRI ocupará el primer sitio en estos apartados.

Todo tiene un costo

Esa consolidación en lo económico hará que la dirigencia del PRI ya no tenga que depender de la voluntad del Ejecutivo federal, ni negociar a escondidas un subsidio siempre negado. Tampoco dependerá de los gobernadores, quienes eran los que en los estados decidían a qué candidatos se daba respaldo y a cuáles no.

Por consecuencia, las candidaturas se decidirán ahora no por los ``padrinazgos'' de que se goce, sino de las trayectorias partidistas y de la representación real de los aspirantes a candidatos, sin importar si pertenecen o no a alguno de los sectores tradicionales. En síntesis, los políticos-políticos están en situación de reconquistar el poder.

Este panorama aparece como muy positivo. Sin embargo no todo es alegría en las filas priístas, pues se tuvo que pagar un precio y ese va más allá de las posiciones en el Congreso a las que se hacía referencia al inicio de este texto.

Tal vez sea más grave en lo interno el innegable disgusto de los jerarcas del sector obrero, que fueron en apariencia los más ``sacrificados'', pues en aras de avanzar en la reforma se puso punto final al corporativismo, al proscribirse la afiliación obligatoria de los miembros de un sindicato a un determinado partido. Esa era la fuerza de las grandes centrales obreras y su carta de presentación dentro de las organizaciones políticas.

Ahora el movimiento obrero perdió ese elemento de negociación, pero además será el sector priísta que resienta más la reducción de los puestos a repartirse. Por ejemplo, de los 32 senadores salientes, que serán remplazados por los primeros elegidos mediante el sistema de representación proporcional, casi la mitad son del sector obrero y, obviamente, el PRI no les podrá reponer esas posiciones, porque aún los cálculos más optimistas indican que el tricolor apenas logrará retener 14.

También a nivel individual se han escuchado quejas de quienes suponen que las reformas se hicieron con ``dedicatoria personal''. Es el caso de la prohibición para que los ex jefes del Departamento del Distrito Federal puedan postularse para conquistar el cargo de gobernador de esta capital, que oficialmente se denominará ``jefe de gobierno''.

En los primeros análisis de esta limitación se olvida que los elegidos como responsables del gobierno del DF eran los presidentes de la República y, aunque parezca increíble, circulan versiones de que por lo menos un ex primer mandatario conserva la inquietud de gobernar directamente a la gran metrópoli. En consecuencia, si hubo ``dedicatoria'', fue por lo menos para dos personas.

Más allá de esas manifestaciones de inconformidad, resultan justificadas las expresiones de satisfacción que anoche mostraban el presidente Zedillo, el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y el líder de la Cámara de Diputados, Humberto Roque Villanueva, cuando los dos últimos, junto con los presidentes de los partidos, acudieron a Los Pinos a informar de la culminación de esa difícil obra.