(La forma)

Una ``reforma política'' negociada a espaldas del país por políticos de escasa representatividad, no podría dar más de lo que dio. La ``reforma de Zedillo'', entendida desde la lógica gradualista, entraña cambios irrelevantes y peligrosos retrocesos, pero desde la perspectiva democrática resulta un fracaso. No es más que la reforma de los dirigentes de los partidos para beneficio de los partidos.

1. La ``reforma política definitiva'' de Zedillo no genera las condiciones para que pueda darse una vida democrática, y sienta precedentes negativos para la vida pública al sustentarse en la práctica de que los dirigentes partidistas pueden anteponerse a sus formaciones, al Poder Legislativo y a la voluntad nacional.

2. La práctica de las ``negociaciones'' durante el sexenio de Salinas, redujo al Congreso al triste papel de instancia convalidadora de los acuerdos de monsieur Córdoba y los panistas, en el que sigue relegado. La reforma pactada en Barcelona y Bucareli no fue discutida ni por las comisiones ni por los plenos de las Cámaras, que se limitaron a hacerle mínimos cambios antes de aprobarla de manera cortesana, dejando de cumplir su papel por una razón. Los legisladores no votaron en conciencia sino por ``disciplina de partido'': asumiéndose no como representantes de la Nación sino de partidos que no tienen vida democrática interna.

3. El gobierno no ocultó su falta de respeto a las formas, pues el propio Zedillo en entrevista con Zabludovsky asumió que el Congreso aprobaría sin cambios la iniciativa (24 Horas, julio 25) y Emilio Chuayffet, para lograr la firma de los dirigentes del PRD, les indicó que empeñaba su ``palabra de hombre'' en que ciertos cambios introducidos mañosamente al documento serían rectificados por los legisladores (La Jornada, julio 26). El titular del Ejecutivo y su secretario de Gobernación hablaron nada menos que en nombre de otro Poder.

4. El caso del Distrito Federal es significativo del desprecio oficial a las formas constitucionales, pues al margen de que los cambios no crean un Legislativo autónomo ni un Ejecutivo con facultades plena, y no restablecen el régimen municipal, se trata de una reforma impuesta, no decidida por los habitantes de la capital sino por un grupo de dirigentes políticos y legisladores de otras entidades. La democratización de la ciudad de México supondría la convocatoria a un Congreso Constituyente en el que representantes de la misma discutieran libremente el nuevo orden legal: como fue el caso de Buenos Aires en 1996, en el que la Estatuyente decidió el cambio de abajo a arriba.5. El problema de fondo es que los partidos no tuvieron una propuesta de reforma más profunda: no vieron los derechos de la sociedad sino sus pequeños intereses como organizaciones políticas.

6. El abuso de los dirigentes de los partidos no se midió ante el riesgo de trastocar a las instituciones, y fue también el caso del Senado. En un régimen federal bicameral, hay dos principios centrales: que los diputados representan a la Nación y los senadores a los estados, y que todos los estados deben tener el mismo número de senadores. Los jefes partidistas, sin embargo, en un abierto agandalle que trastoca la naturaleza del Senado, aceptaron que junto con los 64 senadores de mayoría, se elija a un senador ``de partido'' por entidad (con lo que esos senadores representarían a los partidos) y a otros tantos por circunscripción plurinominal (lo que quebranta el principio de la paridad de representación), desvirtuándose la naturaleza de la Cámara alta.

7. La ``reforma'' no tuvo desde la perspectiva de los tecnócratas más que un objetivo: que las elecciones no sean ya cuestionadas y alcance lo que llaman ``normalidad electoral'', lo que en el marco del ``sistema'' de Partido de Estado significaría que los dirigentes de los partidos aceptan nuevas reglas de relación con el gobierno, es decir, las que el PAN definió en su alianza con Salinas, y que suponen negociarlo todo antes que llegar a lo que el gobierno llama ``la confrontación''.

8. El proceso de ``reforma'' no fue para los líderes partidistas la ocasión para transitar a la democracia, sino para renegociar su relación con el gobierno. Entendiendo que éste se opone a desmantelar al ``sistema'' y sin entender las demandas de la sociedad, se resignaron a cambios irrelevantes que tratan de presentar como una ``reforma'' muy profunda en virtud de su supuesta ``nueva'' relación con el gobierno.

9. Los hechos son claros: la decimosexta ``reforma'' política de importancia desde 1917 no propicia el desmantelamiento del ``sistema'' ni una transición a la democracia sino que por la forma en que se negoció y por lo lo que esto entraña, señala precedentes muy negativos, como el que los partidos pueden ``negociar'' a espaldas de las instancias constitucionales.

10. La tesis de que aceptadas las reglas del juego electoral se deben aceptar fatalmente los resultados, no pasa de ser más que la expectativa autoritaria de un régimen en descomposición. El sueño político guajiro de Córdoba y Zedillo se enfrentará muy pronto a la realidad, donde las cosas son muy diferentes, y las bases no suelen obedecer a las cúpulas de los partidos. Y ante esto nada puede hacer la propaganda.