México, contra la ``fiscalización'' ambiental en el TLC: Carabias

Angélica Enciso, enviada, Toronto, 1o. de agosto México no permitirá que la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) del Tratado de Libre Comercio se convierta en un órgano de fiscalización supranacional que actúe fuera de márgenes de las leyes locales y se constituya en un instrumento de presión para modificar las legislaciones nacionales, advirtió ayer Julia Carabias, secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en la reunión ordinaria del consejo de ministros.

Agregó que no se trata de encubrir intereses económicos en nombre de cuestiones ambientales y tampoco se debe permitir que los problemas comerciales presionen al medio ambiente.

Por su parte Carol Browner, administradora de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, dijo que los esfuerzos ambientales de los tres países están sujetos a presiones financieras y políticas, particularmente en su país donde, detalló, el gobierno ha sido presionado por legisladores para la reducción del presupuesto a medio ambiente.

En su turno, Sergio Marchi, ministro de Medio Ambiente de Canadá, dijo que el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte fue diseñado con el fin de poner en práctica las leyes ambientales y la CCA ha pasado de ser ``un concepto a una realidad''.

Dijo que se debe demostrar que la comisión ``no tiene la función de un perro guardián sin dientes que duerme en la parte delantera de la casa''. A su vez Browner agregó que la comisión tiene grandes incidencias para América del Norte y el resto del mundo, ya ``que están examinando y mirando nuestras experiencias''.

A la inauguración del evento asistieron representantes de organizaciones no gubernamentales de los tres países, así como los integrantes del consejo consultivo de la CCA y se destacó la ausencia de representantes del sector social, hacia el cual van dirigidos varios de los proyectos de la comisión.

El secretario de la CCA, Víctor Lichtinger, dijo que existen problemas ambientales de cada uno de los tres países que sólo pueden ser resueltos a través de la cooperación, el compromiso mutuo y la acción conjunta.

En el primer día de trabajos en Ontario, los ministros acordaron llevar a cabo medidas con enfoque regional para garantizar una buena calidad del aire; establecer una oficina en cada país para dar acceso a la información, y fortalecer la participación pública en la solución de los problemas ambientales.

México se comprometió consolidar este año los sistemas de monitoreo de calidad del aire en Guadalajara, Monterrey y Ciudad Juárez, como parte de los acuerdos de la comisión.

Los ministros también anunciaron la asignación de recursos del Fondo de América del Norte para la Cooperación Ambiental consta de 2 millones de dólares, el cual se destinará a 26 proyectos, de los cuales 14 se verán beneficiados con suvenciones cercanas a los 100 mil dólares canadienses. De esos proyectos cinco corresponden a México.

Con relación a la Presa Silva de Guanajuato, el consejo recomendó fortalecer y ayudar a que se apliquen los convenios suscritos en 1995 con el sector industrial y el gobierno. Por su parte Estados Unidos y Canadá se comprometieron a aportar recursos para apoyar a la industria de esa región en el establecimiento de tecnología ambiental.

Angélica Enciso, enviada, Toronto, 1o. de agosto El consejo de ministros de la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) del Tratado de Libre Comercio acordó revisar las reglas de aplicación de los artículos 14 y 15 de los acuerdos paralelos de medio ambiente, bajo los cuales se presentan denuncias populares.

El secretario de la CCA, Víctor Lichtinger, explicó que México solicitó el análisis para evitar malas interpretaciones y sean más claros los lineamientos de aplicación de esos artículos. La revisión, dijo, es tarea de los ministros y se someterá a consulta pública.

Asimismo, se realizará el primer expediente de hechos sobre la petición de organizaciones ambientalistas ante el presunto incumplimiento de la legislación ambiental del proyecto Puerta Maya, de Cozumel, informaron en conferencia Julia Carabias, secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Sergio Marchi, ministro de Medio Ambiente de Canadá, y Carol Browner, administradora de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

El Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte indica que bajo el artículo 14, cualquier persona u organización puede presentar al secretariado una petición, cuando considere que alguno de los países firmantes incurre en omisiones en la aplicación efectiva de su legislación ambiental; el secretariado puede determinar si la petición amerita solicitar una respuesta al país aludido o si, de acuerdo con el artículo 15, se requiere solicitar un expediente de hechos.

Para el gobierno mexicano, detalló, es necesario que las reglas sean más precisas, ya que actualmente son ``muy amplias y vagas'', y se debe dar la misma interpretación por los tres países.

El acuerdo surgido del TLC fue aceptado por las tres naciones. ``México también lo aceptó, y se trata de mecanismos que el congreso aprobó'' y ahora es el momento en que se han comenzado a aplicar, agregó Lichtinger.

Los tres gobiernos, reiteró el secretario de la CCA, buscan precisar algunos aspectos en la aplicación de esos artículos, aunque no vayan en la misma dirección: ``todo esto es nuevo y por eso debe estar en constante revisión''.

Precisó que la CCA no tiene injerencia en la soberanía de los países, pues ``no somos un instrumento jurídico ni podemos llegar a conclusiones, y cualquier resultado de un expediente de hechos no es obligatorio para los países'', pero sí se trata de algo público.

Por su parte, Carabias indicó que México aceptó la integración del expediente porque hay un proceso de cooperación y entendimiento entre los países. México, dijo, no se quiere oponer a la integración del expediente, ya que quiere dejar en claro lo que ha sido esa obra y lo que las autoridades han hecho.

Consideró que de mantenerse las reglas de los artículos como están se corre el riesgo de que el secretariado actúe con discrecionalidad. En este caso, agregó Carabias, actuó fuera de sus funciones, ya que son los ministros que forman el consejo los que deciden sobre la integración del expediente de hechos.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Comité para los Recursos Naturales y el Grupo de los Cien presentaron una petición de incumplimiento de la legislación ambiental en el proyecto Puerta Maya de Cozumel ante el secretariado de la CCA.

Este acuerdo fue uno de los primeros que firmaron los tres países al iniciarse hoy la reunión.