La Jornada 2 de agosto de 1996

Aprueba el Senado de EU la reforma al welfare

Ap, Reuter, Afp, Dpa, Ansa y Efe, Washington, 1o. de agosto El Senado aprobó esta noche un controvertido proyecto para reformar el sistema de bienestar social que el presidente Bill Clinton ha prometido convertir en ley "aunque no es perfecta", y cuyas previsiones resentirán los inmigrantes, los niños y las madres solteras en especial. Asimismo, la Cámara de Representantes aprobó una iniciativa que designa al inglés idioma oficial y requiere que los asuntos oficiales se lleven a cabo sólo en esa lengua.

Tras una acalorada discusión, el pleno del Senado aprobó las drásticas reformas al sistema de bienestar social (welfare), que amenaza con afectar a casi 13 millones de estadunidenses que reciben prestaciones sociales y a más de 25 millones de beneficiarios de los cupones de alimentos.

La Cámara de Representantes aprobó la iniciativa ayer por 328 votos contra 101 y este jueves lo hizo el Senado por 78 a 21. Clinton ya anunció que aunque la iniciativa tiene errores la convertirá en ley porque "provee la oportunidad de que el bienestar social sea lo que se propuso ser inicialmente: una segunda oportunidad, no un medio de vida".

Básicamente el espíritu del proyecto es limitar la dependencia ciudadana del Estado benefactor, aunque suponga un alto costo para los pobres. El welfare data de los 30, y desde entonces no se había realizado una profunda revisión del mismo. El objetivo es ahorrar 55 millones de dólares en seis años en base a drásticos recortes a varios de los 75 programas del welfare.

Entre las principales provisiones del proyecto, que tiene énfasis en los extranjeros, está poner un límite a las ayudas garantizadas a los más desfavorecidos; esta ayuda que antes era sin límite de ahora en adelante será por un máximo de cinco años, y su gestión será transferida de la administración federal a los gobiernos estatales.

Además, reducción a cinco años de la ayuda social. Todo adulto en buen estado de salud deberá encontrar trabajo al cabo de dos años. Los inmigrantes legales que no hayan adquirido la nacionalidad estadunidense se verán privados de la mayor parte de los programas del welfare durante los cinco primeros años de estancia en el país. Tras esos cinco años, podrán recibir ayuda financiera suministrada a discreción de los estados.

En el caso de los indocumentados, se les negará toda la ayuda y sólo se brindará la médica en el caso de emergencia; es decir a los hijos de los indocumentados se les negará la educación pública y ayuda alimentaria.

Tampoco habrá ayuda social para quienes hayan cometido delito relacionado con las drogas; las adolescentes madres de uno o varios hijos deberán vivir de ahora en adelante con un adulto responsable legal. Los estados disponen de la posibilidad, pero no de la obligación, de dar ayuda social.

Los adultos sin hijos, con edades comprendidas entre los 18 y los 50 años, sólo tendrán derecho a recibir cupones de alimentos sólo por seis meses en un plazo de tres años y sólo durante tres meses consecutivos. Si son despedidos pueden tener derecho a tres meses suplementarios.

Analistas calculan que un millón de inmigrantes legales, incluyendo un alto número de latinoamericanos y una gran porción de niños, reciben cupones para alimentos. Cerca de 650 mil inmigrantes perderán acceso al programa de seguro médico para los pobres, Medicaid, mientras medio millón de personas, entre ellas 45 mil refugiados políticos, no podrán participar más del programa de suplementación de ingreso.

Las protestas

La mayoría republicana en el Congreso ideó la drástica reforma al welfare y desde que logró el control del Capitolio, a fines de 1994, hizo aprobar dos iniciativas sobre este tema, pero Clinton vetó esas medidas. Sin embargo, esta vez el presidente estadunidense informó que la convertiría en ley, alegando que fue una promesa que hizo durante su exitosa campaña electoral de 1992, y porque todos están de acuerdo en que el sistema de bienestar social como está, ya no funciona.

Clinton busca la relección en los comicios del próximo 5 de noviembre y su decisión ha provocado críticas contra el mandatario demócrata, sobre todo porque las bases de su partido han sido las defensoras de los programas del welfare. La decisión de Clinton de unirse a la más profunda y radical reforma votada por los republicanos no es más que la manifestación de una estrategia que consiste en retomar para sí las iniciativas más populares de sus adversarios republicanos.

El resultado es que faltando tres meses para las elecciones, Clinton goza de una ventaja de 20 puntos sobre su virtual rival republicano Bob Dole, al presidente demócrata no le importó aparecer como el reformador de los programas que su propio partido instauró; pero esta estrategia provocó las críticas de la mayor parte de los grupos que lucharon en 1992 para llevarlo a la Casa Blanca, desde los sindicatos hasta los movimientos negros, pasando por los homosexuales.

Algunos legisladores demócratas ya criticaron la aprobación de la reforma y pidieron a Clinton no convertirla en ley, mientras que el líder de los derechos civiles, Jesse Jackson, afirmó que "de la guerra contra la pobreza estamos pasando a la guerra contra los pobres, dándoles la espalda. El welfare debería responder a las necesidades, a no a vencimientos temporales".

En las filas republicanas también hay desacuerdos; el gobernador del estado de Nueva York, George Pataki, y su colega de partido y alcalde de la gran manzana, Rudolph Giuliani, advirtieron que la reforma tendrá un impacto millonario en su estado.

Asimismo, dos de los diarios más importantes, The New York Times y The Washington Post, fustigaron a Clinton. "Esta decisión se explica por el oportunismo político", sostuvo el diario de la capital federal en su editorial. Recordando la ventaja de Clinton en los sondeos, el Post le reprochó haber rechazado asumir "un riesgo marginal para proteger una fracción vulnerable de la sociedad".

Algunos especialistas indicaron que Clinton decidió correr el riesgo de molestar a las bases tradicionales de su partido, porque sabe que nunca votarán republicano. Para el Times, el proyecto de reforma es ``abominable" y es un ''castigo que sumirá en la pobreza a más de un millón de niños".

English only

El creciente uso del castellano y el tema de la inmigración se han convertido en una preocupación de campaña para los legisladores estadunidenses y este jueves la mayoría republicana de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto que declara el inglés idioma oficial en Estados Unidos, aunque Clinton calificó la iniciativa de ``muy objetable'' y anunció su posible veto a la misma.

Los representantes demócratas se opusieron apasionadamente al proyecto al que calificaron de elemento de visión, antinmigrante y poco respetuoso de las minorías. Pero el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Newt Gingrich, advirtió que la enseñanza de idiomas extranjero como lengua primaria en las escuelas públicas podría conducir a "la decadencia de las partes esenciales de nuestra civilización".

Gingrich recordó los conflictos lingüísticos en Canadá, Bélgica y los países Bálticos: "Miren la situación en Canadá debido a que ellos no tienen un nexo (lingüístico) común", señaló aludiendo a las tensiones separatistas entre la región francoparlante de Quebec y las zonas de Canadá donde predominan las personas que hablan inglés. Sostuvo que la ley era vital y criticó la enseñanza de varios idiomas a niños de diferentes países que asisten a las escuelas públicas. "Eso no es bilingüismo. Es un nivel de confusión en el cual, si se permite durante otros 20 o 30 años podría conducir, estimo, a la decadencia de partes esenciales de nuestra civilización".

El representante demócrata por Texas, Kika de la Garza, afirmó que la legislación tenía un "espíritu mezquino y no me importa como lo hayan disfrazado ustedes", reclamó a los republicanos, que hicieron aprobar la iniciativa por 259 votos contra 169. De ser convertido en ley, el proyecto prevé que el gobierno deberá poner fin a sus servicios en otros idiomas, particularmente el castellano, empleados en diversos documentos, incluyendo las declaraciones anuales de impuestos y las solicitudes de ciudadanía. La iniciativa fue enviada para su votación en el Senado.

Por otra parte, dos banqueros de Arkansas y aliados de Clinton, fueron absueltos hoy de cuatro cargos de fraude y asociación ilícita en un juicio que fue declarado nulo, aunque otras siete acusaciones siguen pendientes.

Herby Brascum y Robert Hill estaban acusados de cometer fraude en su propio banco y de violar las regulaciones bancarias para ayudar a la campaña electoral de Clinton a la gubernatura de Arkansas, en 1990. El presidente se declaró ``feliz'' con la decisión.