Las anticipaciones de la PGR para señalar culpables son ``inmorales'', dice el penalista Mariano Albor

Juan Manuel Venegas y Roberto Garduño E. /II y última La resolución de primera instancia para absolver o condenar a Othón Cortés Vázquez ``es irrelevante y carece de importancia'' porque cualquiera de las dos partes defensa o fiscalía podrán apelar de la decisión del juez Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Conocedor del derecho penal, el abogado Mariano Albor advirtió que ``las filtraciones'' y la ``actitud festiva'' de la Procuraduría General de la República (PGR) para señalar culpables que aún no han sido juzgados son ``inmorales'' porque desde la autoridad se ``atiza el fuego de la opinión pública con la anticipación de sentencias y, además, propicia un clima de linchamiento''.

A la PGR ``le debe quedar claro que eso no vale en un juicio'', porque el magistrado encargado de dictar sentencias, ``más allá de los escándalos'', analiza y valora cada una de las pruebas que presentan no sólo el Ministerio Público, sino también la defensa.

Mariano Albor estima que si el abogado defensor de Othón Cortés, Héctor Sergio Pérez Vargas, logró a lo largo del proceso que el juez dudara de las pruebas de la fiscalía, ello ``le impone el deber jurídico de absolverlo''.

En su opinión, el penalista desmenuzó los desaciertos, ``las muestras de ignorancia'' y las deficiencias de la PGR en torno al proceso contra Othón Cortés Vázquez. Incluso, dudó de la capacidad litigante del equipo que encabeza ``el policía'' Pablo Chapa Bezanilla para acreditar la culpabilidad del presunto segundo victimario de Luis Donaldo Colosio.

En primer lugar, lo que no se ha explicado a la opinión pública es que la resolución de primera instancia que dará a conocer el juez Pardo Rebolledo constituye el cimiento del caso y la estructura de la defensa. Es decir, lo que decida el magistrado en las próximas horas no será el final, sino el principio, explicó.

Ya sea que Othón resulte absuelto o condenado, agregó Mariano Albor, ``asombrarse por las resoluciones de primera instancia, como suele hacer la PGR, anticipándose donde dice haber probado la existencia de un delito, es francamente inmoral, porque es un prejuicio y una presión que se ejerce de manera desmedida''.

Contra los ``apostadores jurídicos'' de la PGR, Mariano Albor se basa en los traspiés de los investigadores que públicamente dicen haber ``acreditado'' responsabilidad ilícita a un hombre cuyas culpas no se ha probado:``Lo primero que no hemos entendido es que el Ministerio Público en las primeras etapas no acusó a Othón Cortés. Es decir, lo que la PGR hizo fue entregar al juez hechos; la Procuraduría no consigna delitos, consigna hechos''.

Además, el juez tiene el derecho de escoger las pruebas que presente el Ministerio Público. La labor del magistrado le aporta dirección al proceso. No puede penetrar en la acusación ni en la defensa. Está frente a dos versiones y a una habrá de decirle que tiene la razón.

Mariano Albor llega al tema de cómo puede lograr la defensa que el juez Pardo Rebolledo absuelva a su cliente: planteando y argumentando dudas sobre las pruebas que presentó la fiscalía:``Con sus filtraciones y comentarios públicos, la autoridad ha provocado un ambiente propicio para el linchamiento. Sin embargo, me parece que el abogado de Othón ha hecho una defensa de las conclusiones con tersura, sin escándalos, muy técnica, muy disciplinada. Si logró llevar al juez a la duda, el juez tiene que absolver, y la sociedad no tendrá que censurar al abogado ni al juez. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a respetar las decisiones del juez.``Una de las preocupaciones del experto es que el juicio no sea un pase automático a la condena. ``No puede ser. Esto hace que los procedimientos sean sospechosos y no tengan eficacia social. El procurador, y no me refiero concretamente a Antonio Lozano Gracia, sino a todos, se vuelve protagónico, festina diligencias antes de tiempo, porque a nadie le consta lo que dicen y vamos apartándonos de lo que realmente pasa en los procesos'', aseveró.

Parece que es distinto lo que se asentó en el expediente de Othón y las pruebas que dice haber acreditado la PGR.

Esto nos da la razón. El procurador es el papá del niño que toca el violín, y ahora resulta que el niño va a tocar lo que dice el papá. El problema es que todo lo que se ha hablado en torno a los procedimientos penales del asesinato de Luis Donaldo Colosio se ha hecho en ausencia de los documentos que realmente pudieran normar un juicio. Esos son los documentos procesales que tiene el juez.

Desde que comenzó el proceso, apunta el penalista, ``el hecho censurable de la PGR es que nos ha sustraído de un procedimiento legal al no permitirnos entrar a la sala donde se realiza el juicio, alejando a los medios de audiencias que deberían ser públicas''.

Es una actitud deliberada?Por tradición la audiencia tiene que ser pública, porque si no es así no ejemplifica. Es una decisión política que el Estado mexicano debe revisar.

Albor asegura que si desde el principio la sociedad hubiera tenido información jurídica del proceso a Mario Aburto, no habría tantas dudas y sospechas, pero ``la autoridad ha sustraído el juzgamiento, creando una atmósfera autoritaria y absurda. Es inmoral y políticamente se está obteniendo el resultado contrario''.

Qué valor tienen las pruebas que ha aportado la fiscalía?Al juez no le basta ver fotografías o el video. El juez mexicano debe conocer el origen del documento (por ejemplo el video), al autor del documento, las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que éste se da.

Tal es el caso de video que se dio a conocer, donde se observó el momento del asesinato en Lomas Taurinas: la primera versión fue que llegó a través de la televisión Argentina por medio de un periodista amigo; segunda, que lo tomó la Secretaría de Gobernación; tercera, que fue de Cepropie, y la cuarta, que Raúl Loza Parra ex subdelegado de la Policía Federal Judicial en Baja Californiahabía mandado grabarlo.Todo esto lo valora un juez, ``porque las pruebas deben reunir cualidades documentales que no contrarien la moral ni el derecho''.

Otro de los argumentos de Mariano Albor es que la PGR ``está encomendada a personas sin capacidad técnica. La modernidad criminal rebasó por mucho sus capacidades como autoridad.

``No estamos viviendo el síndrome del homicidio (de Colosio), sino el síndrome de la actividad de las autoridades, que no sabemos para dónde nos han querido traer. Nos han sembrado dudas, se han señalado unos a otros, hay deconfianza y fiscales van y fiscales vienen y la sociedad no encuentra certeza jurídica''.