Cambios sustanciales en el pacto inicial en aras del consenso, coinciden

Con las presiones de los tiempos políticos y legislativos, el proyecto original de reforma para la ciudad cedió terreno en el camino. Del ``ambicioso'' acuerdo pactado con las autoridades del Distrito Federal y las principales fuerzas políticas, algunos de sus avances fueron anulados al cabo de la negociación final.

En seis meses la reforma cambió, retrocedió. Próxima a un gobierno propio pactado en el proyecto original, la ciudad mantendrá su dependencia política de la Federación, que guarda para sí la elaboración del Estatuto de Gobierno, virtual Constitución local en las grandes ciudades.

Largamente debatida, la discusión pasó de los reclamos de la oposición para incorporar demandas centrales --como la elección directa de los delegados--, a negociar --casi infructuosamente-- que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuviera sus compromisos, en el contexto de una embestida de los sectores duros de ese partido.

Desde el Senado, María de los Angeles Moreno, Fernando Solana y José Luis Lamadrid encabezaron la cruzada contra los acuerdos de febrero en el Departamento del Distrito Federal (DDF) y de abril en la Secretaría de Gobernación, que finalmente terminaron por abortar avances sustanciales en la integración del gobierno propio. Sus razones: impedir que la reforma dejara en desventaja al Ejecutivo federal frente al gobierno local.

Desde Gobernación también se introdujeron nuevos candados para impulsar la cancelación de oportunidades a los ex regentes. Una plática de Oscar Espinosa Villarreal con altas esferas del Ejecutivo federal derivaron en su dimisión como posible candidato, días antes de formalirzarse el veto. Fue un asunto previamente acordado, y sólo se esperó a la declinación pública de Espinosa Villarreal para ventilarlo e incorporarlo a la iniciativa finalmente aprobada.

Al cabo de las negociaciones, se perdió la posibilidad de que la Asamblea de Repersentantes no sólo aprobara el Estatuto y legislara en materia de seguridad pública, como en algún momento oficialmente se aceptó y se firmó, sino también su facultad para promover el juicio político contra el jefe de Gobierno.

El Estatuto fue un punto central reclamado por la oposición, pero en la negociación final pesaron más los senadores. Entre sus argumentos estuvieron la proximidad que con ello adquiría la ARDF respecto de un Congreso local y, por ende, de transformar al Distrito Federal en nuevo estado.

A contracorriente de la reforma nacional, la sobrerrepresentación se preservará en la ARDF, al mantenerse sin cambios la cláusula de gobernabilidad que garantiza la mayoría al partido que obtenga 30 por ciento de la votación.

Otro aspecto que quedó en el camino de las negociaciones fue el de las nuevas formas de participación ciudadana que, con insistencia, se demandó desde que las pláticas comenzaron en marzo de 1995.

La oferta priísta de incorporar el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular --incluida en los acuerdos firmados de las mesas del DDF y Gobernación-- fue finalmente retirada, pese a las reivindicaciones que la oposición hizo a largo de las negociaciones como uno de los avances democráticos sustanciales.

En síntesis, la reforma política de la ciudad dejó un jefe de Gobierno cercado por controles de la Federación. Y se acordó negociar con las dos terceras partes de la ARFD quiénes serán los titulares de las delegaciones en la próxima gestión.