5 mil mdd al año por tráfico de migrantes

Jorge Alberto Cornejo, corresponsal, Tijuana, BC., 4 de agosto Durante 1995 se registraron más de un millón de intentos infructuosos de mexicanos por ingresar en forma ilegal en el vecino país del norte. El 40 por ciento de esas personas eligió la región fronteriza de Tijuana como punto de cruce y 80 por ciento utilizó los servicios de un pollero. Este flujo migratorio generó jugosas ganancias a los traficantes de indocumentados, que cobran en promedio 350 dólares por persona.

Migrantes guiados en el sitio conocido como Nido
del Aguila. Foto: Elsa Medina

Las importantes cantidades de dinero que reciben las bandas organizadas dedicadas al tráfico de personas propician prácticas de lavado de dinero y un ambiente corrupto que envuelve a las distintas corporaciones policiacas de la localidad, revela un estudio del Centro Binacional de Derechos Humanos (CBDH).

Un informe de la delegación regional del Instituto Nacional de Migración (INM) en esta frontera indica que al menos 86 agentes policiacos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Policía Judicial Federal y la Policía Judicial del estado reciben semanalmente entre 500 y mil dólares en pago por la protección que brindan a esas organizaciones delictivas.

Añade que en la actualidad por lo menos cuatro grandes bandas internacionales se dedican al tráfico de personas hacia Estados Unidos y operan a través de una amplia red de reclutadores o ``enganchadores'', quienes contactan a los migrantes desde sus lugares de origen en México y Sudamérica para luego canalizarlos hasta esta frontera.

Una vez aquí los migrantes son recibidos por los ``contactos'', quienes se encargan de entregar los viajeros a los guías, personas experimentadas dentro de la organización que conocen el terreno a recorrer hasta San Diego y Los Angeles, California.

``Apalabramientos'' entre polleros y autoridades mexicanas

Las cuatro organizaciones identificadas por las autoridades migratorias ofrecen pagos de hasta 50 mil dólares mensuales a funcionarios de primer nivel y de entre 20 y 30 mil dólares a los jefes de corporaciones policiacas involucradas y que les brindan protección.

Víctor Clark Alfaro, director del CBDH, describe esta situación como producto de los ``apalabramientos'' entre los grandes grupos dedicados a esa actividad y las autoridades mexicanas. Asegura que los traficantes independientes de menor importancia son también blanco de constantes extorsiones por parte de agentes policiacos de diversas corporaciones.

La influencia de los traficantes de indocumentados quedó de manifiesto durante una junta del Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde se solicitó que fuera excluido de ese organismo Gerardo Delgado, delegado regional del INM. E incluso fuentes consultadas refirieron que este funcionario fue amenazado de muerte cuando pidió que se castigara a los agentes policiacos que brindan protección a dichas organizaciones.

Interrogado al respecto, Gerardo Delgado comentó: ``Hay a quienes no les parece. Incluso mi gente me dice que no le gusta quedarse fuera del negocio, pero prometí acabar con la corrupción y eso estoy haciendo.''

Cada tercer día los vecinos de la calle Mar Egeo, en la colonia Alemán, localizada justo frente al muro metálico que divide la frontera, observaban cuando tres camionetas tipo Suburban con placas del Distrito Federal se estacionaban frente a la casa marcada con el número 213, en donde se encuentra un albergue para migrantes que serán internados ilegalmente en el vecino país.

El delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en esta entidad, Luis Antonio Ibáñez Cornejo, fue enterado de esta situación y prometió actuar al respecto.

Ahora los agentes se estacionan a dos cuadras del domicilio y el dinero se los lleva uno de los polleros en un vehículo Camaro color rojo con matrículas de California. Estos hechos también los tiene documentados el INM, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Ibáñez Cornejo reconoce que existe corrupción en las filas de la dependencia, por eso desde el 16 de julio se inició una investigación con el número de control 1256 en contra de sus propios agentes identificados por los vecinos de la colonia Alemán como los extorsionadores de polleros.

La acción de la PGR va más allá. Actualmente se integran los expedientes para proceder penalmente contra dos altos funcionarios del INM acusados de vender formas migratorias en los municipios de Tecate y Playas de Rosarito.

Para Ibáñez Cornejo toparse con funcionarios corrompidos por los encantos del dinero ``fácil'' no es una novedad. Durante el tiempo que estuvo al frente de la delegación de la PGR en Chiapas arrestó al delegado regional del Instituto Nacional de Migración en esa entidad Juan Rojas Rojas, así como a los delegados locales de Tapachula Jesús Ramírez Pérez y Didier Villagómez Alvarado, al igual que al agente Ramiro Cruz Alvarez, por los delitos de cohecho y abuso de autoridad, según consta en la averiguación previa 127/95 fechada el 7 de julio de 1995.

Una ``industria'' con ganancias de 5 mil millones de dólares anuales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene identificadas por lo menos seis organizaciones internacionales dedicadas al tráfico de indocumentados, con nexos en Asia, Europa, Africa, América Latina y el Caribe. En el interior de Estados Unidos están conectadas con otras organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico, prostitución, lavado de dinero y otros delitos graves.

Un estudio de la dependencia indica que estas organizaciones criminales constituyen una verdadera industria que genera ganancias netas por unos 5 mil millones de dólares anualmente.

Precisa que las utilidades de los polleros se han incrementado en los últimos meses, toda vez que las cuotas de estas organizaciones a los migrantes se han elevado de 250 hasta a 900 dólares por persona de Tijuana a Los Angeles, y hasta a 35 mil por persona de China a Nueva York.

El documento señala que en muchas ocasiones una vez que los migrantes se encuentran en territorio estadunidense, y antes de ser entregados en sus lugares de destino, son forzados a pagar mayores cantidades de dinero de lo acordado al momento de contratar los servicios. Algunos incluso son forzados a trabajar para estas organizaciones criminales transportando estupefacientes, y se tienen registrados casos de mujeres víctimas de abuso sexual por parte de los llamados polleros y coyotes .

El Departamento de Justicia indica que estas bandas utilizan los métodos de transportación más modernos para hacerse de clientes en cualquier punto del mundo, y operan con cierta facilidad que les permite en ocasiones recorrer varios países de Latinoamérica en busca de clientes.

Para combatir a estas organizaciones se han realizado varios programas, como el Operativo Interrupción y Gato Salvaje, conformados por agentes investigadores que se dedican a seguir la pista a guías al servicio de los polleros.

Los programas se extienden aún más allá de la frontera de Estados Unidos y se trabaja con cinco puntos específicos: Primero, el intercambio de información sobre las actividades de bandas de traficantes con otros países como México; segundo, apoyo logístico a otros gobiernos para que logren identificar actividades vinculadas con el tráfico de personas; tercero, el cabildeo para la homologación de sanciones a polleros en los diferentes países donde operan sus organizaciones; cuarto, asistencia técnica y mayor acercamiento con las autoridades mexicanas en la frontera sur de Estados Unidos, y quinto, entrenar a agentes migratorios de otros países para que sepan reconocer documentación migratoria estadunidense apócrifa.

El informe precisa que la lucha contra el tráfico de personas no puede ser tarea exclusiva del gobierno estadunidense, sino que para lograr resultados favorables se requiere la colaboración y activa participación de países exportadores de migrantes, principalmente del gobierno de México, país a través del cual operan la mayoría de las bandas internacionales de polleros .

Según cifras de la Patrulla Fronteriza en el sector de San Diego, durante 1995 se arrestó en esa región a 230 traficantes de indocumentados. Sin embargo, muchos de ellos fueron liberados a los pocos días de su detención y por ello a partir del 20 de marzo de este año el Servicio de Inmigración y Naturalización inició un programa para incrementar las penalidades a los polleros. Estas van de dos años hasta cadena perpetua para aquellos que pongan en riesgo la vida de los migrantes en su intento por evadir a la Patrulla Fronteriza.

Sólo ``enganchadores'' y ``contactos'' están presos

El llamado zar de la frontera, Alan Bersin, procurador federal para la frontera sur de Estados Unidos, comentó que mientras en 1994 sólo 25 personas fueron procesadas penalmente por el delito de tráfico de inmigrantes, en 1995 el número se triplicó y se espera que para finales de 1996 se haya procesado al menos a 300 personas dedicadas a esa actividad.

Del lado mexicano los arrestos también se han incrementado notablemente: mientras que en 1994 sólo se documentaron 40 arrestos de traficantes de migrantes, en 1995 la cifra aumentó a 186 casos que involucraron a más de 300 personas. Tan sólo en los primeros seis meses de 1996 se reportan ya 200 casos, de los cuales en 83 por ciento se dictó auto de formal prisión.

Las autoridades mexicanas de la PGR y el INM reconocen que en la mayoría de los casos se trata de ``enganchadores'' y ``contactos''. Sin embargo, son muy pocos los guías arrestados y hasta la fecha no se ha logrado capturar a alguna de las cabezas de los cuatro grupos importantes que trafican con nacionales y extranjeros.

El pasado 18 de mayo un oficial del grupo Alfa dedicado a la protección de los migrantes en la región fronteriza de Tecate, Baja California, murió baleado.

El informe oficial establece que pereció en un enfrentamiento con bandas de bajapollos, delincuentes dedicados a asaltar a los migrantes en zonas despobladas. Sin embargo, fuentes del INM en ese municipio revelaron que el oficial, dependiente de la policía local de ese lugar, extorsionaba a los traficantes de indocumentados y murió en un enfrentamiento con ellos mismos.

El comandante de la Policía Judicial del estado Antonio Torres Miranda dijo tener dudas similares en torno de una balacera ocurrida el 16 de marzo cuando una persona identificada como José Mauricio Lobo Mojano, de 23 años de edad, resultó herida de bala.

Para el jefe policiaco la explicación que dieron de los hechos los integrantes del grupo Beta en esta frontera no era congruente, y además éstos se negaron a acudir ante el Ministerio Público para aclarar la confusión. La duda aún queda en la mente del policía.