AN y PRD: el DF, aún lejos de tener gobierno propio

En el balance del Partido Acción Nacional (PAN), la reforma política capitalina es positiva y contiene avances fundamentales que demandaba la oposición históricamente, pero aún dista de conformar un gobierno propio para la ciudad, afirma el dirigente panista capitalino, Gonzalo Altamirano Dimas. En cualquier caso, de la experiencia del primer gobierno electo dependerá si es necesario preservar un régimen sui generis o avanzar hacia la conformación de un estado.

Para Altamirano Dimas, los retrocesos que tuvo la reforma política del Distrito Federal a lo largo del camino reflejan "la complejidad de la negociación entre las fuerzas políticas, así como el involucramiento de diversas instancias de gobierno y legislativas que participaron en él".

En la visión del dirigente panista, la reforma política restó poder e injerencia al Presidente de la República en el rumbo político de la ciudad. "El sólo hecho de no poder ya designar a quien gobernara el Distrito Federal significa un cambio notable para la vida política de la capital".

Por ello, Altamirano Dimas califica de ``trascedente'' la reforma para la ciudad, aun cuando se hayan quedado en el camino aspectos fundamentales que ya habían sido pactados en alguna etapa de las sucesivas negociaciones.

A lo largo de ese proceso, agrega, asomaron las contradicciones al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el que se expresaron diversas posiciones y reticencias a los cambios democráticos que se demandaban, e incluso que ya se habían acordado. Eso mismo ocurrió en algunos sectores del gobierno.

En las difíciles negociaciones que culminaron la semana pasada con la aprobación de cambios constitucionales por parte del Congreso de la Unión, el dirigente panista advierte algunos avances e importantes retrocesos con respecto a los acuerdos originales pactados con el Departamento del Distrito Federal (DDF).

Aunque será hasta el año 2000, la elección directa de los delegados políticos representa uno de los avances importantes que no se había concretado en la primera etapa, así como la aprobación de la ley electoral igualmente diferida.

A cambio, el retiro de las facultades de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF) para aprobar el Estatuto de Gobierno y la Ley de Seguridad Pública fueron aspectos en los que se retrocedió al paso de la negociación.

En lo inmediato, Altamirano Dimas señala que aún faltan aspectos importantes por concretarse en los cambios al Estatuto de Gobierno, que derivarán de las reformas constitucionales: atribuciones de los delegados políticos en el contexto de la nueva forma de designación, el futuro de los Consejos Ciudadanos y la integración de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, entre otros aspectos.

A pregunta expresa, desestima que las reformas aprobadas tiendan a establecer controles excesivos para un gobierno de oposición. "La ley va a ser pareja, independientemente de cuál sea el partido que vaya a gobernar la ciudad", afirma.

Sin embargo, admite que de la reforma se desprenden algunos controles que se dejaron a la federación, entre los que sobresalen la elaboración del Estatuto de Gobierno, la definición de la capacidad de endeudamiento de la gestión capitalina y la facultad presidencial de remover al jefe de Gobierno.

El dirigente panista agrega que la gobernabilidad de la ciudad dependerá de la capacidad y responsabilidad del próximo gobierno local de alcanzar una coexistencia con el Ejecutivo federal.

"Será una experiencia fundamental para la vida política de la ciudad demostrar que la gobernabilidad en el Distrito Federal no se perderá con la nueva estructura de gobierno", manifiesta.

Asimismo, responde a las razones de la marginación de los ex regentes para gobernar la ciudad: "Acción Nacional lo propuso en un principio como fórmula para evitar que el actual jefe del DDF utilizara los programas de gobierno para promover su figura, pero jamás lo planteamos en el sentido de marginar concretamente a un ex regente (Manuel Camacho Solís); eso fue una postura del PRI".

Finalmente, el dirigente explica que entre los avances de la reforma resulta un paso trascendental contar con elecciones, pero en contrapartida no se aprobaron algunas facultades ya acordadas para la ARDF, y una de ellas, que es un aspecto central, es el tema que se refiere a la remoción del jefe de Gobierno de la ciudad, que inicialmente había sido pactada en febrero.

Armando Quintero, nuevo dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal, advierte que los candados establecidos en la reforma política capitalina contienen, esencialmente, garantías para mantener el poder presidencial en la ciudad, el cual limita las atribuciones del gobernante local y, por ende, los alcances para establecer un gobierno propio.

En el camino a la reforma, agrega, las negociaciones fueron paulatinamente dominadas por los sectores duros del PRI y el gobierno, que obligaron a retroceder en acuerdos que ya habían pactado los partidos políticos. Quintero señala que los senadores priístas Fernando Solana y María de los Angeles Moreno encabezaron el endurecimiento en las posiciones.

Sin embargo admite: "Sería absurdo descalificar los avances que se han logrado, particularmente en lo que corresponde a la elección del jefe de Gobierno del Distrito Federal, una reivindicación histórica de los capitalinos, pero el saldo final está lejos de restituir los derechos políticos plenos de la ciudadanía y los candados son injustificables en una ciudad altamente politizada".

Por ello, ofrece que en 1997 el PRD pugnará por alcanzar una reforma política profunda, la cual implica una condición sine qua non: la derrota del PRI, "para que se concreten los cambios democráticos que reclama la sociedad".

En el balance del largo camino de la reforma política, Quintero sintetiza que "no se respetó ni el convenio inicial de los 28 puntos firmado en las mesas del Distrito Federal``. Argumentos ''absurdos e inadmisibles" impidieron que se concretara la elección de delegados en 1997. "¿Cuál es la razón de no elegirlos en ese año y hacerlo en el 2000?"

El PRD, añade, cedió en algunos puntos para concretar avances fundamentales. "Dejamos de lado la elección directa en 1997, la creación de cabildos, la conversión de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal en Congreso y la cláusula que excluye a los ex regentes para contender por el gobierno".

Subraya que esto último es un candado constitucional que contraviene el Estado de derecho. "La determinación tiene nombre y apellido, estuvo dirigida a Manuel Camacho, impulsada por un priísmo conservador y desde el Ejecutivo".

La reforma política, abunda, está conformada en función de un escenario de derrota electoral del PRI. "Se establecieron aspectos para que en ese caso no perdieran todo. El gobierno se prepara para no perder todo".

Destaca que la reforma constitucional finalmente aprobada por el Congreso de la Unión preserva el poder presidencial en la ciudad, con la incorporación de la cláusula que permite remover al jefe de Gobierno con la intervención del Senado, además de abrir la posibilidad de anular la eficacia del voto capitalino.

"No pierde su importancia la elección del jefe de Gobierno en la ciudad; es un avance, pero bajo los controles del Ejecutivo federal se acerca más a la figura de un protectorado que a la integración de un gobierno propio, sobre todo en la posibilidad de que la oposición gane".

Afirma que el PRD está preparado para gobernar. "Hay cuadros con experiencia de gobierno, en organizaciones sociales y sindicatos, amén de los vínculos con académicos e intelectuales".

A pregunta expresa, habla sobre la gobernabilidad: "Si la garantiza el régimen antidemocrático actual, con mayor razón un gobierno democrático. Indudablemente será mucho más compleja en su relaciones con las diversas instancias administrativas, con la sociedad".