Después de la Helms-Burton, la ley D'Amato, firmada ayer por el presidente estadunidense, William Clinton, es un grave paso adicional en la determinación de Washington de imponer sus reglas a otros Estados y de afiliarlos a la fuerza en los contenciosos que Estados Unidos mantiene con naciones como Cuba o Libia. Los dos documentos mencionados constituyen expresiones de una tendencia y dan pie a suponer que, si los poderes estadunidenses no son persuadidos en breve por el resto de la comunidad internacional de la improcedencia de estos ensayos de imposición, más temprano que tarde el Capitolio votará y la Casa Blanca firmará nuevas leyes que pretenderán prohibir las actividades comerciales de terceros países con Corea del Norte o Colombia, por ejemplo.

En su momento, muchas naciones de América y del viejo continente, así como la propia Unión Europea, expresaron su rechazo a la Helms-Burton, en primer lugar porque constituye un atropello a las soberanías nacionales y atenta contra el principio de la territorialidad del derecho, pero también porque lesiona intereses comerciales de diversos países y contradice la libertad de comercio que con tanto convencimiento pregona el gobierno estadunidense en otras circunstancias.

De la ley D'Amato puede decirse otro tanto, pero entre ella y la Helms-Burton hay una diferencia sustancial: el tamaño de los intercambios comerciales afectados, mucho mayor en el caso de la primera. Considérese, a guisa de ejemplo, que Italia tiene a Libia como su primer proveedor de petróleo, y la empresa estatal Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) mantiene tratos con ese país productor y desarrolla trabajos, precisamente, en Libia. Es por demás improbable que Roma esté dispuesta a romper esos lazos de muchos años en perjuicio de su abasto petrolero, de su inversión ya realizada y de su decisión de no depender exclusivamente del cártel internacional del petróleo, sólo porque a los legisladores y al presidente de Estados Unidos se les ocurrió castigar a Libia y a Irán por apoyos reales o supuestos de estos países a acciones terroristas.

En este panorama, la ley D'Amato no sólo debilita los principios básicos del derecho internacional sino que puede desencadenar fenómenos económicos sumamente perniciosos para todo el mundo, incluido Estados Unidos, muchas de cuyas empresas pueden verse afectadas por las ``leyes antídoto'' que, previsiblemente, adoptarán diversos socios comerciales de Libia e Irán.

Así, aunada a las actuales tensiones y diferencias internacionales causadas por las prácticas de comercio desleal y por las políticas arancelarias, la legislación mencionada introduce en la economía mundial graves riesgos de guerras comerciales y de indeseables retrocesos en materia de libre comercio.

La peligrosa circunstancia hace impostergable que la comunidad internacional haga saber a Estados Unidos, con firmeza y claridad, que ninguna nación, independientemente de su poderío económico o militar, puede arrogarse la facultad de decir a las otras con quién pueden comerciar y con quién no. Washington debe percibir inequívocamente que, al margen de sus coyunturas político-electorales internas, la prepotencia de su política exterior y su autodesignado papel como legislador planetario están llegando a la insensatez.