(Primera de dos partes)
La violencia se ha adueñado de la región norte de Chiapas. Asesinatos, emboscadas y expulsiones se han convertido en hechos usuales en los municipios de Tila, Sabanilla, Tumbalá y Salto del Agua. Son parte de la guerra. Son la evidencia de que ésta va mucho más allá de la Selva y los Altos.
El hecho que desencadenó la espiral de violencia en la región fue el asesinato de un joven perredista por parte del presidente municipal de Tila, Jesús de Célis, perteneciente al PRI, el 19 de marzo de 1995. El crimen provocó que el ayuntamiento, integrado por militantes de una fracción del partido oficial, del PRD, del PT y del PFCRN, protestaran saqueando la comandancia de policía y tomando durante 15 días la presidencia municipal, hasta que se nombró un Consejo. El alcalde había sido fuertemente impugnado desde tiempo atrás, y en el municipio, como en toda la región, el cardenismo había obtenido una copiosa votación durante las elecciones para gobernador de 1994. Asimismo, miles de choles se habían incorporado activamente a las jornadas de resistencia civil en contra del fraude electoral que hizo a Eduardo Robledo gobernador del estado. Muchas de las comunidades que votaron por la oposición fueron excluidas de las obras sociales y sus dirigentes amenazados. Los comerciantes ricos de la cabecera municipal habían desatado una campaña de calumnias en contra del párroco del lugar, Heriberto Cruz, en parte porque éste les canceló la posibilidad de hacer negocios dentro de los terrenos que ocupa el templo. El asesinato del perredista apareció así, no como un hecho aislado, sino como parte de la escalada represiva de los sectores oficiales para tratar de contener a un movimiento popular crecientemente radicalizado.
En esta escalada de a violencia, los opositores detuvieron a Nicolás Pérez, dirigente de la CNC y uno de los pocos operadores políticos del partido oficial en la región, quien buscó organizar a los comerciantes y sectores del PRI para retomar la presidencia municipal. Al ser trasladado al ejido Panwitz fue asesinado. A partir de ese momento la muerte pareció tener permiso.
El recrudecimiento del enfrentamiento político que sólo marginalmente puede explicarse como un conflicto interpartidario coincidió con el aumento en la inseguridad pública. Una ola de asaltos en la parte baja del municipio sirvió como pretexto para que, una parte del Consejo Municipal, pidiera la intervención del Ejército y del Ministero Público. El malestar popular creció. El comentario de la gente era: ``los nombramos para cuidar el municipio, no para meter al Ejército''. La militarización no frenó la delincuencia.
El proceso electoral para nombrar diputados locales y presidentes municipales el 15 de octubre de 1995 incrementó aún más la confrontación. De un lado, hubo una fuerte disputa por las candidaturas a diputados y presidentes municipales dentro del PRI entre el cacicazgo tradicional asentado en Yajalón, representado por las familias Seltzer y Utrilla, que promovieron la candidatura a diputado del dirigente de la CNC y organizaciones de nuevo tipo como Socama y la Pajal, apoyadas por Sedesol, que impulsaron a Samuel Sánchez. Del otro, el avance organizativo de la oposición. En este contexto apareció públicamente el grupo paramilitar ``Paz y Justicia'', al que diversas fuentes asocian con el hoy diputado Samuel Sánchez, y con el diputado federal Rafael Ceballos. ``Paz y Justicia'' surge, claramente, ante el arrinconamiento de los grupos de poder locales.
Durante meses ``Paz y Justicia'' actuó con completa impunidad. Los agravios que las comunidades disidentes del PRI han sufrido por parte de este grupo podrían llenar varias cuartillas: asesinatos, violaciones, casas quemadas, expulsiones, clausura de templos, cobro de ``impuestos'' por permitirles regresar al PRI e intentona de secuestrar al Obispo Coadjutor.
Sus víctimas pertenecen a todos los partidos políticos que actúan en la región. Parte de sus integrantes son ex soldados dados de baja en Tabasco o Campeche. Portan buen armamento y, según diversos testimonios, tienen adiestramiento militar de soldados en activo. Parecieran ser la versión nacional de los grupos de ``autodefensa'' campesina creados para combatir a la guerrilla guatemalteca.
Ciertamente, también han muerto militantes del PRI. El 15 de julio de 1995 se produjo en la comunidad de Sulhja, en Tila, un choque que arrojó un saldo de cuatro muertos. Tres pertenecían al PRI y uno al PRD. El ``acontecimiento'' más notorio de este periodo fue la muerte de ocho integrantes de una familia en Mizopá, Tila, en hechos que, primero fueron señalados como brujería, y que, posteriormente, las versiones oficiales quisieron asociar sin pruebas a un ``ajuste de cuentas'' entre integrantes de una ``organización secreta vinculada al EZLN''.
Este enfrentamiento se da entre indígenas pero también se ha producido entre indígenas y comerciantes ladinos. De hecho, en Sitalá y Petalcingo ha habido fuertes conflictos interétnicos.