La persecución de los delitos, ¿un asunto de partido?
Recomendados del PAN a la PGR
Cuando Antonio Lozano Gracia fue presentado como procurador general de la República, poco después de que Ernesto Zedillo tomó posesión como presidente de México, el todavía diputado federal y la dirigencia de su partido juraron y perjuraron que la designación de ese cargo no significaba una concesión alguna al panismo. Más aún, Lozano Gracia renunció de manera oficial al Partido Acción Nacional, y durante muchos meses se insistió en que la Procuraduría General de la República no era una posición partidista.
Pronto quedó al descubierto el doble lenguaje panista cuando, por intermediación de la presidencia del PAN, un publicista industrial se convirtió en policía, ocupó una de las más importantes plazas de la Judicial Federal --la de Tijuana--, alcanzó un cargo relevante en el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas y, hace apenas unos días, fue detenido y se le sometió a proceso como presunto responsable de chantajear y liberar a traficantes de drogas.
La historia tendría poco de particular: si acaso sería una muestra más de las muy comunes prácticas priístas de inventar funcionarios, si no fuera porque, con una torpeza mayúscula, el publicista industrial, amigo de los dirigentes panistas, policía judicial y funcionario de la PGR, fue aprehendido luego de que acusó al propio Antonio Lozano Gracia de enriquecimiento ilícito mediante la venta de plazas.
El nuevo escándalo en que se encuentra metido el titular de la PGR se produjo cuando Ricardo Cordero Ontiveros, potosino de origen y publicista industrial de profesión, denunció públicamente corruptelas en la PGR --corporación a la que perteneció por casi un año--, luego de que según él mismo renunció y, de acuerdo con la PGR, fue expulsado.
Más allá de la supuesta veracidad de las denuncias de Cordero Ontiveros --que deberán investigarse a fondo-- o de que se confirme o no la tardía reacción de la PGR al detenerlo, la escaramuza en la que se metieron el Ministerio Público Federal y el PAN deja ver que la persecución de los delitos se ha convertido más en una razón de partido que de Estado.
Las evidencias son muchas: primero, al igual que en las estructuras corruptas del PRI --que el propio Lozano criticó desde la tribuna de la Cámara de Diputados cuando era legislador y el PAN combatió por años--, un hombre como Ricardo Cordero Ontiveros, cuyo único mérito es ser amigo de los dirigentes panistas, se convierte en un importante policía del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas.
En San Luis Potosí y en México se recuerda a Cordero Ontiveros como un hombre que nunca, en sus 35 años, había tenido que ver con la policía o con la impartición de la justicia. Nadie, eso sí, se atreve a meter las manos por él para desligarlo del narcotráfico. Más bien lo recuerdan como un entrañable amigo de Mario Leal Campos, el consejero nacional panista y eficaz operador político que hizo la campaña de Vicente Fox Quesada a la gubernatura en 1991 y, sobre todo, muy amigo de Carlos Castillo Peraza.
Pues bien: Ricardo Cordero Ontiveros llegó a ocupar la subdireción de Aprehensiones del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas gracias a las recomendaciones que hicieran Mario Leal Campos y Carlos Castillo Peraza al procurador Antonio Lozano Gracia. Esta es sólo una muestra de que la dirección nacional panista no sólo dicta instrucciones, sino que fabrica funcionarios para la PGR. ¿Es o no la dirigencia panista la que ordena en la Procuraduría?
Sin embargo, es más grave que una institución como la PGR, que fue encomendada a un importante miembro del Partido Acción Nacional, delegue funciones tan importantes como la persecución de narcotraficantes en un hombre cuya experiencia en la materia es nula. ¿Qué hace un publicista industrial persiguiendo narcotraficantes? ¿Cuántos más como Ricardo Cordero Ontiveros han sido inventados en esa dependencia?
Y por si fuera poco: ¿No resulta por lo menos cuestionable que se decida investigar a Cordero Ontiveros sólo después de que éste denunció a Antonio Lozano Gracia? Hasta donde se sabe, en el código del narcotráfico el chantaje se cobra con la vida, y si no, basta recordar lo que ocurrió con cinco hombres que se quedaron con un cargamento de cocaína en Guadalajara que, por cierto, fue el detonador que dejó al descubierto la implicación en el narcotráfico de algunos niveles del gobierno del también panista Alberto Cárdenas Jiménez en Jalisco. La PGR ha revelado que Ricardo Cordero Ontiveros exigía dinero a los narcos para dejarlos en libertad y luego se quedaba con la droga.
Es muy probable, como se ha dicho en este espacio, que exista una campaña contra Lozano Gracia y contra su partido, pero también es cierto que no necesita mucho para que esa campaña crezca.