El ingreso a las escuelas de bachillerato en la ciudad de México ha vuelto a ser motivo de conflicto. Como sucedió hace un año, jóvenes y padres de familia se han manifestado públicamente en contra del sistema educativo, en particular contra los mecanismos de selección y distribución de estudiantes. Revisemos algunas de las causas de estos nuevos movimientos sociales.

Un factor de origen está en la diferencia entre la oferta y la demanda de espacios educativos. Como ya fue experimentado en el ciclo anterior, la demanda de educación media alta y superior en las escuelas se ha incrementado, tanto por el arribo de la generación nacida a fines de los setenta y principios de los ochenta (que representó todavía tasas demográficas por arriba del 2 por ciento) como por la salida masiva de jóvenes de las escuelas privadas, producto de la súbita y profunda crisis económica iniciada al final del 94.

La reacción de las autoridades educativas a esta problemática ha sido meramente burocrática, en el peor sentido del término. Consideremos la respuesta amenazante y negativa que dio la UNAM a los excluidos a principios del conflicto anterior, superado sólo por cambios de actitud de los jóvenes y padres de familia que protestaban. Becas en escuelas particulares y algunos lugares en la UNAM fueron salidas que costaron no sólo recursos adicionales a las instituciones. Fueron sobre todo espacios ganados por una lucha sumamente controvertida.

A partir del movimiento del 95, las autoridades educativas de la ciudad emprendieron un programa conjunto, aunque siempre admitieron que la demanda escolar seguiría siendo superior a la oferta. De esta forma, la idea de atender la demanda con el concurso de todas las instituciones educativas constituyó una estrategia autolimitada, prevista para atender a un mayor número de estudiantes pero no a todos, como lo demanda la sociedad. El derecho a la educación, incluyendo la de nivel medio superior y en buena medida la superior, constituye un mecanismo fundamental para el funcionamiento de las sociedades contemporáneas. Negar ese derecho, que puede considerarse también un requisito para el desarrollo de un país, es aceptar que las instituciones no tienen capacidad para dar oportunidades de integración social a todos los jóvenes. No quiere esto decir que todos deban ser universitarios, pero sí que todos los que quieran serlo tengan posibilidades. Por ello cuando las autoridades decían que este año nuevamente habría excluidos, simplemente estaban negando uno de los compromisos históricos del Estado mexicano que surgió de 1917.

Las fórmulas de las autoridades educativas para enfrentar la demanda puede considerarse también burocrática, porque trató de regular la demanda y la oferta de espacios educativos con un sistema centralizado y despersonalizado. Tradicionalmente todas las familias valoraban la escuela idónea para que los jóvenes continuaran sus estudios a nivel medio superior. Siempre se pensaba en un equilibrio entre la escuela deseable y en la mejor ubicada. Cada escuela controlaba los accesos y los jóvenes que no lograban ingresar aceptaban pagar el costo recurriendo a otras opciones, alejadas de sus casas. Ir a una escuela lejana era producto de haber fallado en el examen, de no ser de los mejores para acceder al plantel deseado. El proceso se prestaba también a mecanismos ``informales'' de acceso, pero en general todo mundo aceptaba moverse en el mercado escolar conforme a sus deseos y oportunidades.

Ahora se ha impuesto un sistema que define los lugares a los que van a estudiar los jóvenes, dependiendo de opciones seleccionadas por ellos, pero también del ``criterio'' impersonal de un sistema de cómputo. La distancia entre el deseo de las familias y la respuesta de las máquinas ha sido lo suficientemente grande como para levantar la protesta airada de padres de familia y jóvenes. Así que al problema ya anterior de los excluidos, de quienes con buenos antecedentes educativos han quedado fuera del sistema, se agrega el de los ``desplazados'', quienes han sido enviados a estudiar a donde no quieren ir por la distancia o el costo que eso significa.

Enfrentar la nueva demanda educativa, tanto en cantidad y calidad, reclama del gobierno mexicano sensibilidad social. Hacen falta más recursos económicos a la educación, pero también hacen falta mecanismos descentralizados, democráticos, eficientes y humanos.