El trayecto de los mexicanos para completar el diseño de procesos electorales equitativos y con la legitimidad suficiente para sustentar a un régimen de gobierno, ha sido no sólo largo sino también lleno de sobresaltos, retrocesos y esperanzas aplazadas. Cuando menos treinta años de padeceres, desencantos, marchas, violencia, desesperanzas y muertes fueron requeridas para horadar y mover el duro tinglado patrimonialista, autoritario y cerrado, que acaparó las decisiones y los actos públicos. La reforma en proceso, si termina como lo hacen sospechar los acuerdos alcanzados, reflejará un rostro donde los partidos y sus burocracias tienen el lugar predominante del espacio electoral, que parece excluir aspiraciones y exigencias del resto de la formación social que fue su real motor y basamento. Es necesario reconocer que la sociedad mexicana fue la fuerza activa que dio continuidad y reciedumbre al esfuerzo que ha venido rompiendo, una tras otra, las numerosas como injustas ataduras que aprisionaban la voluntad soberana del pueblo.

En efecto, la reforma contiene los elementos suficientes para que el poder sea disputado entre aquellas facciones de la sociedad agrupadas en partidos puesto que, ahora, estarán sujetos a reglas e instrumentos al alcance de todos ellos. Las ventajas espurias que fueron la costumbre y la causa de los desacuerdos y dramas se reducen, pero también y al mismo tiempo, los cauces se achican al dejar fuera otras formas y medios de participación que pretenden entrar a la contienda. Las omisiones que marginan a los ciudadanos y sus causas, al lado de las prohibiciones expresas (no reelección en el DF), dan pie a que amplios segmentos del electorado se levanten, de nueva cuenta, para pugnar por sus reclamos olvidados o derechos conculcados por partidos y gobierno. Una etapa de lucha que tiene íntimo contacto con el ánima colectiva se inicia y lleva todos los signos de salir victoriosa en el corto plazo.

Varios son los recursos que todavía quedan al alcance de los ciudadanos para que sus posturas se concreticen en actos legislativos. Uno es el escándalo difusivo que ayuda a formar la conciencia popular al sedimentar la cultura del votante como factor decisivo y que auxilia en la identificación de los actores que se oponen o favorecen la causa. De esta manera, Manuel Camacho por ejemplo, al salir a descampado y elevar su protesta, aisló, al señalarlos con precisión, a los responsables (Presidente, Segob) de su ``castigo'' con toda la cauda de costos y penalidades que esto acarreará para ellos. Existe la duda entre los especialistas acerca de la mecánica y el argumento para, en este preciso caso, utilizar recursos adicionales de protesta, aún cuando se puede dar como supuesto que la razón le asiste al reclamante. No podrá Camacho recurrir al amparo (SCJN) porque no hay tribunal capacitado, fuera del mismo Congreso, para invalidar la cortapisa a su derecho constitucional. Pero el empuje a su presencia pública es notoria, la causa para su eventual candidatura se materializa y la simpatía de amplios grupos encuentra la forma debida para coaligarse a su derredor. Podrá presentarse como candidato a diputado por el Distrito Federal y de triunfar, obtendría tanta legitimidad y presencia como la derivada de la misma jefatura de gobierno de la que ha sido mezquinamente excluido. La maniobra para sacarlo de ese juego probaría así que no sólo fue un capricho o tontería, sino un error político serio. La decisión ahora recae sobre el personaje que deberá abandonar sus dubitaciones e indefiniciones para lanzarse de lleno a la contienda por el voto.

Pero lo trascendente de las omisiones que lastran y condicionan los acuerdos electorales alcanzados, y que han sido observadas por amplios grupos y personas con toda puntillosidad y visión, radica en la fuerza que darán a la cultura ciudadana. La estelaridad y el protagonismo de la sociedad no partidaria solicita su corresponsabilidad en el juego electoral. Ha sido el verdadero motor de la transición y se revela como una realidad tangible e inocultable. Los partidos que oigan sus latidos y respondan a sus sentires podrán compartir el amplísimo margen de simpatías que se mueven en torno a la causa ciudadana que es un signo de los tiempos.

De aquí en adelante, la feroz competencia por el voto será una constante a considerar. El triunfo de las facciones estará determinado por pequeñas diferencias grupales, sectoriales o regionales que, acumuladas, harán las diferencias. Los ciudadanos si tienen, adicionalmente a los recursos mencionados, el camino del amparo para hacer valer sus derechos si éstos no son oídos y aceptados por los partidos. Las leyes reglamentarias derivadas de las reformas deberán incluir formas como las candidaturas independientes, el referéndum, plebiscito, coaliciones y demás medios para atender al movimiento civil. De no hacerlo, la causa queda delineada con tal claridad y vigor que hasta podría resultarle conveniente que ello suceda.