Al vender Banpaís a los principales accionistas de la casa de Bolsa Mexival y su ``grupo de control'', las autoridades mexicanas tropezaron con la misma piedra por segunda ocasión en menos de una década, a pesar de las advertencias.

En 1988 y en 1995 Isidoro Rodríguez Ruíz y Angel I. Rodríguez Sáez --El Divino senior y El Divino junior, respectivamente-- fueron acusados de fraude a la nación, el primero, y fraude a los accionistas de la ex sociedad nacional de crédito, el segundo.

Así, la captura y eventual extradición del ex presidente del consejo de administración de Banpaís, podría convertirse en una excelente oportunidad para oxigenar aquella vieja denuncia (1988) en contra suya, de su padre y de otros socios de Mexival, por la compra fraudulenta de dos barcos petroleros, el otorgamiento ilegal de un crédito por parte del Banco Nacional Pesquero y Portuario (el extinto Banpesca), y la obtención de un contrato de arrendamiento de dichos buques, sin poseerlos, entre otras cosas.

Aunque la denuncia contra Isidoro Rodríguez Ruíz se presentó en 1988, los delitos de los que fue acusado se cometieron tres años antes. El documento presentado ante la PGR señalaba que el 29 de noviembre de 1985, Pemex celebró un contrato de fletamiento a largo plazo con la empresa Flota Petrolera Mexicana (FPM), respecto de los barcos Antonio J. Bermúdez y Antonio Dovalía J., a través de los cuales la paraestatal se comprometía a pagar al consorcio privado 4 millones 732 mil 489 dólares por 353 días al año de fletamiento real, por cada uno de los mencionados barcos, durante 10 años y con derecho a revisión anual de las tarifas.

De acuerdo con la denuncia, Flota Petrolera Mexicana se constituyó de manera coyuntural y exprofeso para dicha operación con un capital suscrito de 10 millones de viejos pesos, de los cuales solamente 2.5 millones fueron pagados el 19 de abril de 1985, según consta en la escritura 217 mil 102 del volumen 8 mil 462, ante la fe de los notarios 10 y 87 del Patrimonio Nacional y del Distrito Federal.

Casualmente, los accionistas de FPM eran Isidoro Rodríguez Ruíz, Angel I. Rodríguez Sáez, Agustín Rodríguez Ortiz, Sergio Manuel Báez Pérez, Humberto Pulido García, Víctor Lozano Rendón, Salvador Sánchez Alcántara, Bernardo Lijtazain Bimstein (actual dirigente de la Canacar), Jesús Alcántara Miranda, Oscar Aguirre López, Miguel Angel Vázquez Vázquez y Alberto Mercado Araiza. El comité de dirección lo encabezaba Angel I. Rodríguez Sáenz y Jorge Oseguera Murguía.

Varios de esos personajes, empezando por El Divino junior, conformaron el ``grupo de control'' para adquirir Banpaís. Entre los accionistas de la casa de bolsa Mexival destacan los apellidos Alcántara, Rodríguez Sáez y Oseguera Murguía.

La denuncia también señala que independientemente de violar las tarifas legales de fletamento, las que fueran autoridades de Pemex hace 11 años (Mario Ramón Beteta a la cabeza) se prestaron para servir al grupo de Isidoro Rodríguez Ruíz como gestores en la obtención de un crédito en Banpesca a favor de FPM, por un monto de mil 650 millones de viejos pesos, que convirtieron a dólares controlados, con un diferencial de 33 por ciento respecto de la cotización en el mercado libre.

``Banpesca, excediéndose de su objeto social, benefició a ese consorcio particular sin que contara con autorización legal para ello, pues su función era la de financiar embarcaciones para la captura y proceso de especies marinas, y no para financiar marina mercante de empresas privadas, sustrayendo con ello recursos de la nación para darlos en condiciones de privilegio a una empresa que no arriesgó un solo centavo en toda esta operación'', precisa la denuncia.

Ante esa serie de irregularidades, la otrora Secretaría de la Contraloría General de la Federación envió un oficio (SUB. A 151/86) al subdirector comercial de Pemex, Donaciano Tamez Fuentes, en el que se advertía que la tarifa adicional que se pagaría a Flota Petrolera Mexicana ``representaría un auténtico subsidio a particulares con cargo a recursos públicos; si se justifica o no un subsidio a los particulares en estas condiciones, es una cuestión que el Poder Ejecutivo debe ponderar y, en su caso, someter a la autorización del Congreso de la Unión''.

El documento, firmado por el entonces subsecretario ``A'' de la dependencia pública, Ignacio Pichardo Pagaza, señalaba también que ``del análisis preliminar que se ha realizado con respecto a la contratación de los buques Antonio J. Bermúdez y Antonio Dovalí Jaime, se desprende que Pemex estaría pagando en enero de 1986 sustancialmente arriba de la tarifa que se puede conseguir en el mercado competitivo por cualquier compañía petrolera''.

Pero todo ello no fue suficiente, y el gobierno federal decidió asignar Banpaís a los empresarios agrupados en Holding Fiasa y la casa de bolsa Mexival, uno de ellos detenido hoy en la cárcel de Ibiza.

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