La reforma electoral acordada por las principales fuerzas políticas del país constituye un sólido punto de partida para la transformación democrática del sistema electoral. Pero hay mucho que hacer por delante.

Uno de los aspectos más significativos de la reforma electoral está en el complejo proceso que implicó su construcción a partir de la voluntad de actores centrales el gobierno y los partidos políticos de diseñar fórmulas que no sólo transformaran decisivamente el ámbito electoral, sino que entrañaran cambios profundos al propio sistema político. Ese largo proceso, vale recordarlo, estuvo siempre acompañado por el PRI, que nunca se levantó de la mesa de Barcelona, mostrando de manera inequívoca su voluntad de contribuir a una reforma que respondiera a las inquietudes e intereses de la nueva conducta colectiva.

Pero, decía, la reforma plantea dificultades y retos de distinta naturaleza. Uno inmediato para el PRI y los partidos representados en el Congreso de la Unión, será la traducción del mandato constitucional a la legislación secundaria. Sería inaudito, aunque no imposible, que en el proceso de aterrizaje en el Congreso de la Unión, se desvirtuara el compromiso democrático que entraña. Toca, entonces, a los partidos, rescatar la vocación democrática de los reformadores, poniendo al sistema electoral, durante los trabajos del próximo periodo de sesiones, al orden de nuestro tiempo.

El segundo escollo de la reforma que interpela directamente a los partidos políticos y, en el caso que nos ocupa, al PRI, será su materialización en la práctica política: desterrar los usos y costumbres que tantas veces han enrarecido la atmósfera comicial; fortalecer en la práctica cotidiana las condiciones de respeto, tolerancia y apego a la ley. El recurso a las viejas trampas que no son privativas de un partido alimentaría desconfianzas y conflictos, y enfrentaría el rechazo de una sociedad que reclama la recomposición institucional y el firme asiento de una gobernabilidad democrática en el país.

Pero la reforma también reclama a los partidos, procesos de selección de candidatos que permitan postular a cargos de elección popular, a quienes mejor entiendan las necesidades y las demandas de los electores y a quienes, desde el gobierno o la representación popular, trabajen eficazmente en el ámbito de sus responsabilidades.

Hasta el año de 1993 con excepción del periodo 1988-1991 el PRI mantuvo condiciones que le permitían definir solo, si así lo decidía, cambios fundamentales al pacto social establecido en la Constitución. La nueva configuración del mapa político y los términos de la cláusula de gobernabilidad recién acordados, plantean varios retos al PRI: no sólo mejorar sus procesos de selección para que sus candidatos ganen en las urnas y respondan mejor al perfil que reclama el trabajo parlamentario, sino también identificar las convergencias que permitan crear condiciones de operatividad del Congreso, y de gobernabilidad para la República.

La reforma electoral refuerza el derecho constitucional de los mexicanos de libre asociación con fines políticos, y propone que ésta se rija con la condición de ser individual. En el mismo sentido, se plantea que la afiliación a los partidos políticos sea libre e individual.

A este respecto, en el anteproyecto de Estatutos de los Documentos Básicos del PRI hacia la XVII Asamblea Nacional (anterior a la reforma), se establece la afiliación individual y la posibilidad de que luego de la afiliación, los trabajadores, campesinos, mujeres y jóvenes se integren a cualesquiera de los sectores del partido en función de la actividad que desarrollen o de la categoría productiva y social de la que formen parte.

Sin embargo, estos términos implicarán una revisión cuidadosa de los estatutos de cada organización sectorial del PRI para cumplir con lo establecido en la Constitución y, al mismo tiempo, exigirán fortalecer el trabajo de los sectores que, como se establece en el anteproyecto de los Estatutos, constituyen el ``eje y fundamento del funcionamiento del PRI''.

Esto encierra un cambio de usos, prácticas y percepciones políticas. La militancia no podrá darse por descontada, sino que habrá que ganarla en cada organización, mediante el trabajo político, propuestas, gestoría y convencimiento, y por otra parte, entraña también una reformulación de las relaciones del partido con las organizaciones y de éstas con sus miembros, renovando su compromiso con ellos, tanto en los objetivos propios de cada organización, como en lo relativo a los principios y programas políticos que se buscan promover y defender.

Las nuevas condiciones políticas constituyen un llamado a mantener la unidad partidista (que no es sinónimo de unanimidad), a respetar las opiniones divergentes, a generar candidaturas competitivas, y una oferta electoral que esté a la altura de los retos nacionales.

El reto del PRI es recuperar lo más valioso de su historia para configurar un nuevo perfil partidista y llevar a cabo las acciones que lo ubiquen a la altura de las nuevas demandas de la sociedad; hacer frente, con eficacia y apego a la ley, a la competitividad electoral y obtener triunfos que no dejen duda.

Con la misma congruencia con la que el PRI acompañó la primera fase del proceso de reforma electoral, deberá seguir haciendo camino y acompañando constructivamente el cambio democrático en curso.