La plenaria resolutiva de la Mesa sobre Democracia y Justicia de San Andrés terminó sin acuerdo. No hubo coincidencia entre las partes ni en el diagnóstico de la problemática ni en la profundidad de las reformas requeridas. Ello fue resultado de las dificultades en el proceso, de la coyuntura política y de la diversidad de enfoques entre las partes.

La negociación se dio en un contexto particularmente difícil. Estas dificultades provienen de la lógica de acción gubernamental, del comportamiento de los actores en la mesa y de la coyuntura política nacional.

Durante cuatro meses y medio y tres reuniones previas el gobierno federal no dio a conocer su punto de vista sobre el tema. La parte de la agenda relacionada con la reforma electoral es considerada por la representación gubernamental y por los partidos políticos como su materia de trabajo exclusiva. Y, desde la lógica gubernamental, en el pais no hace falta transitar hacia la democracia sino ``normalizarla''.

Para la delegación del EZLN era difícil llegar a acuerdos con la actual representación gubernamental. Desde su punto de vista, el desgaste de ella era de tal magnitud que, en lugar de ayudar a facilitar la negociación se había convertido en un impedimento para ella. Invirtieron una parte de sus recursos políticos en buscar hacer evidente esta situación, al punto de que, la Secretaría de Gobernación debió de ratificar a su delegación.

El gobierno federal lanzó una nueva ofensiva contra la Conai, ahora en el terreno internacional. Ante la Cancilleria mexicana trató de deslegitimar a la instancia mediadora ante la Unión Europea, acusándola a pesar de estar reconocida por la Ley para el Diálogo de ser parcial y tratando de frenar una donación para financiar sus actividades.

Tres elementos de la actual coyuntura política afectaron la negociación. El primero, es la inminencia del Informe presidencial. En su mensaje a la nación el jefe del Ejecutivo no tiene demasiadas buenas noticias que anunciar. Y una de las que parecía tener a mano era la de los avances en las negociaciones en San Andrés, sean o no reales. Tal circunstancia obliga a la delegación gubernamental a señalar consensos aunque no los haya, o al menos, a tratar de ``amortiguar'' los efectos de un rechazo a su oferta distanciándolo del primero de septiembre. En esta lógica, el EZLN no puede dejarse utilizar aceptando que hay acuerdos cuando no los hay.

El segundo es el creciente protagonismo del EPR, su presentación como una fuerza político-militar implantada nacionalmente más allá de Guerrero, sus declaraciones de que no están dispuestos a negociar con el gobierno y de que aspira a tomar el poder, y su insistencia en el papel de la lucha armada, justo cuando el EZLN está embarcado en la construcción de una salida política. Se declare o no, el nuevo agrupamiento busca disputar al zapatismo la conducción del descontento popular. En esta circunstancia, cualquier negociación de éste que no cobra las expectativas de democratización profunda podría alterar sus líneas de construcción social.

El tercero es la aprobación en el Congreso de la Unión de la reforma electoral y la convicción gubernamental de que ésta le da un margen de maniobra suficientemente amplio como para no tener que hacer concesiones sustantivas en otro terreno a otras fuerzas políticas.

En este contexto, la delegación gubernamental presentó, primero, una propuesta muy limitada, y señaló, después, que había muchos puntos de acuerdo. La propuesta oficial era limitada porque su diagnóstico de la problemática era superficial, negaba la necesidad de hacer reformas constitucionales y dejaba prácticamente intactos los mecanismos que permiten reproducir el régimen. Los supuestos acuerdos eran sólo sobre de los temas que tenían que tratar, mientras que las diferencias eran sobre los contenidos de esos temas.

El tema de democracia y justicia es una parte esencial de la agenda zapatista. A ella debe su razón de ser y una parte de su legitimidad. Por la carencia de democracia y justicia se levantó en armas. Ganar poco en este terreno implica para su proyecto político perder mucho. Pero no se trata, tan sólo, del destino de una fuerza política. La negativa a hacer reformas de fondo no hace más que alejar el proceso de pacificación en la entidad, y alentar las posiciones de quienes no ven viabilidad a la transición pacífica hacia la democracia.