La exoneración de Othón Cortés ha actualizado las críticas contra el procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, y el subprocurador Pablo Chapa Bezanilla porque, según el juez Jorge Mario Pardo Rebolledo, la PGR no aportó pruebas bastantes sobre la culpabilidad del procesado. Las censuras, fundadas, no deben desproporcionarse, sin embargo, y llegar a la demanda de linchamiento contra esos funcionarios, a quienes se les ha encomendado una muy difícil tarea casos similares tampoco han tenido conclusiones satisfactorias a plenitud en otros países, si bien tal dificultad no los libera de la obligación de conducir con acierto sus indagaciones.

Aun cuando la absolución de Othón Cortés no es definitiva la PGR apelará el fallo, sí representa una nueva frustración para una amplia parte de la sociedad nacional, pues debilita pero no anula, conviene aclarar la hipótesis de complot en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Y esto resulta inaceptable para muy grandes segmentos de la población, que consideran como verdad absoluta la supuesta conspiración para asesinar a Colosio. Más aún, para aquéllos los principales autores intelectuales están identificados y se llaman Carlos Salinas de Gortari y José Córdoba Montoya.

La hipótesis que ubica a Othón Cortés como uno de los ejes del complot fue defendida y alimentada por la propia PGR, de modo que cuando el juez determina la absolución de la pieza clave y contradice al Ministerio Público, la confusión y la decepción generalizadas son consecuencias lógicas, si bien estas circunstancias tampoco deben conducir al linchamiento del juez Pardo ni a atribuirle motivos extrajurídicos a su fallo.

En realidad, la supuesta conspiración que sitúa a Cortés como segundo tirador nunca fue suficientemente sólida por una razón fundamental: aunque para una gran porción del conjunto social no hay dudas sobre la autoría intelectual del magnicidio, la PGR nunca ha señalado oficialmente quiénes podrían ser los culpables. Cómo podría sostenerse una acusación de complot como la planteada si sólo se conoce a quienes dispararon, pero no a quienes les ordenaron hacerlo o influyeron en ese sentido? Tampoco se ha precisado convincentemente cuáles serían los beneficios que Mario Aburto y Othón Cortés recibirían y de quiénestras del homicidio del candidato presidencial del PRI.

Entre los asuntos pendientes que la PGR debe determinar figuran, entonces, quiénes son los autores intelectuales y cuáles los beneficios que obtendrían los ejecutores. Aun cuando efectivamente Othón Cortés sea inocente como lo determinó el juez Pardo, ello no implica necesariamente la inexistencia de una conspiración, en la cual insiste la PGR. Para la existencia de un complot no se precisa más de un ejecutor. Si hubo quien pagó a Mario Aburto o influyó sobre él para la comisión del crimen, ahí estaría el complot aun cuando aquél hubiera actuado solo. Parece correcta, pues, la insistencia de la PGR en la hipótesis de una conspiración, pero no forzosamente la que ha descrito hasta ahora. Si no logra reunir las pruebas suficientes, hará mal en empecinarse en la culpabilidad de Othón y, consecuentemente, descuidar otras líneas de investigación.

Evidentemente, en el caso Colosio la actuación de la PGR bajo el panista Antonio Lozano Gracia no ha sido satisfactoria, como tampoco lo fue bajo sus antecesores en el cargo, aunque a éstos nunca se les atacó con la vehemencia con que ahora lo hacen prominentes políticos. Podrán encontrarse argumentos para demandar la remoción de Lozano, pero resulta sumamente difícil deslindar esta exigencia de los intereses partidarios.

Por supuesto, si la ineficiencia de la PGR continúa, Lozano Gracia deberá irse. Pero para juzgar sin prejuicios su actuación es menester despojarla de su carga partidista y no olvidar que la exoneración de Cortés no es definitiva aún, es decir existe otra instancia judicial que evaluará nuevamente las pruebas aportadas.

Con estas premisas importará preguntarse, entonces, si la eventual salida de Lozano, como consecuencia de aquel fallo, ayudará en algo a la averiguación sobre el magnicidio de Tijuana o si pese a todo el procurador y el fiscal especial aún tienen posibilidades de avanzar sustancialmente en las investigaciones. Y convendrá tener presente que el esclarecimiento del asesinato es más importante que cualquier interés partidario.