Nuevo golpe a la clase media argentina

Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 12 de agosto Aumentos en los combustibles, de 46 por ciento para el gasoil, utilizado por gran parte del transporte público y de carga, y de 11 por ciento en la gasolina especial, así como la aplicación de impuestos al valor agregado (IVA) sobre varios servicios, fueron anunciados esta tarde por el ministro de Economía, Roque Fernández, entre otras medidas que afectarán a la clase media y sectores de escasos recursos, en un intento por controlar el déficit fiscal.

Pero el presidente Carlos Menem dejó poco después sin efecto algunos de los anuncios, como los impuestos de entre cinco y diez por ciento para los colegios privados y en la venta de libros, revistas y folletos, aunque confirmó las medidas más duras.

Consultado por la prensa sobre si la insólita decisión presidencial debe interpretarse como una desautorización del ministro, quien hace quince días remplazó a Domingo Cavallo, el jefe del Gabinete, Jorge Rodríguez, dijo que Menem "estaba enterado del bloque de medidas, pero luego de un análisis con más detalle ha tomado esa decisión".

Al anunciar poco antes las nuevas medidas, que muestran una continuidad con la anterior política de corte neoliberal, Fernández insistió en que las alzas tendrán un impacto ``muy mínimo'' en el área del transporte.

Los aumentos afectarán también las tasas de las patentes a los automóviles gasoleros nuevos y usados, que eran la tabla de salvación para millones de trabajadores cuentapropistas; además, los espectáculos públicos, la televisión por cable, la publicidad en los medios de comunicación y la medicina serán gravados con un 10.5 por ciento de IVA.

También los transportes de pasajeros y el pago de los trabajadores autónomos harán frente a nuevos tributos, lo que de hecho pondrá en una encrucijada a millones de profesionales sin trabajo, porque deben pagar prácticamente por tener un título, al aumentar en 30 por ciento la presunta renta o ganancia. Como una lejana esperanza, Fernández anunció el descenso del IVA del 21 al 20 por ciento a partir del 1 de enero de 1997.

Con estas y otras medidas, Fernández espera cerrar el abultado déficit de casi tres mil millones de dólares, luego de que se conociera que el desequilibrio era 12 por ciento más alto de lo que reconocía el ministro Domingo Cavallo, cuya gestión fue alabada hoy por The New York Times .

En un medio sacudido por la incertidumbre, el desempleo y el descenso social de las mayorías, los anuncios del ministro no fueron bien recibidos ni por unos ni por otros. El llamado Grupo de los Ocho, que reúne a las cámaras empresariales y comerciales, manifestó sus dudas sobre el nuevo plan de ajuste, ya que temen un incremento de la recesión, mientras que en el agro hay convulsión, porque aunque se pueden deducir gastos en gasoil para tractores y naves de pesca, el impacto de la nueva medida va a ser grande.

La gubernamental Confederación General del Trabajo (CGT), se reunirá mañana para analizar el impacto de las decisiones económicas --cuyos aspectos impositivos deben ser aprobados por el Congreso-- que hasta esta mañana eran negadas por Menem, mientras que la oposición política consideró que el nuevo paquete profundizará la recesión.

Aunque nadie esperaba un cambio de rumbo en la política económica gubernamental de corte neoliberal, había una tímida esperanza de que el alerta rojo que significó la exitosa huelga general del pasado 8 de agosto llevaría al gobierno a gravar a los sectores más ricos, que evaden miles de millones de dólares en impuestos. Pero el golpe fue directamente hacia abajo.

Se prevé también un aumento gradual en ferrocarriles y subterráneos, con la eliminación de los subsidios que se otorgaban a estas empresas privatizadas. En un país donde el boleto mínimo del transporte cuesta 50 centavos de dólar, un aumento de cinco centavos será muy fuerte, incluso para los casi cuatro millones que buscan trabajo cada día.

Fernández consideró que las medidas anunciadas, que representarán ingresos de unos cinco mil millones de dólares el próximo año, "son suficientes para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional" (FMI), con lo que se espera un refinanciamiento. También se refirió a las privatizaciones en carpeta --las más duras de aceptar-- como son las centrales nucleares, los aeropuertos y la central hidroeléctrica binacional de Yaciretá, que dejará una deuda de casi ocho mil millones luego de su venta.

Además, de acuerdo con una nueva ley, las mujeres ya no podrán jubilarse a los 60 años, sino que deberán hacerlo a los 65, con lo que se acumularán ganancias, y también habrá reducciones de aportes patronales para la Caja de Jubilaciones, pensiones y seguridad social. También se mencionó la sanción de la nueva ley penal tributaria que castigaría con cárcel a los evasores, pero nadie cree que se vaya a tocar a los poderosos. En cambio, Fernández prometió crear un Fondo de Empleo y Producción para reducir los aportes patronales y la tasa del IVA, y destinar anualmente 200 millones de dólares adicionales para la ayuda a casos de extrema pobreza.

El economista Ricardo Schefer estimó que se podía haber acudido a medidas más fuertes cuantitativamente, como eliminar el virtual subsidio a las empresas más grandes en la deducción que hacen de los intereses que pagan, y que importa unos dos mil 400 millones de dólares por año. "Racionalmente esta debía ser una medida, terminar con este injusto subsidio", opinó.

La mayoría de los sectores opositores estiman que el gobierno perdió el rumbo, y los gremios recibieron con preocupación "más de lo mismo", como dicen los analistas, en momentos en que se multiplican las denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito contra personas y funcionarios muy cercanos a Menem.