La Jornada 13 de agosto de 1996

Pablo Chapa, fuera del caso Colosio

Elena Gallegos y Juan Manuel Venegas A casi 20 meses de hacerse cargo de la investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio, y luego de no haber obtenido resultado alguno, Pablo Chapa Bezanilla fue removido anoche del caso por acuerdo del presidente Ernesto Zedillo.

En los próximos días y con base en la instrucción presidencial, el procurador Antonio Lozano Gracia deberá nombrar un nuevo fiscal especial y tendrá que reunirse con las comisiones del Congreso de la Unión que dan seguimiento a las pesquisas, acatar sus recomendaciones e, incluso, poner a consideración de las mismas la posibilidad de que sus miembros apoyen la tarea para esclarecer el crimen.

Las anteriores decisiones las tomó el presidente Zedillo una vez que Lozano Gracia le informó de las actividades de la Procuraduría en torno al caso Colosio, específicamente las relacionadas con la acusación que se formuló contra Othón Cortés Vázquez y que terminaron con una sentencia absolutoria emitida el miércoles pasado por el juez de la causa, Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Con lo anterior, el gobierno del presidente Zedillo reiteró su ``compromiso de no escatimar esfuerzo alguno hasta que se conozca plenamente la verdad''.

En el comunicado que dio a conocer anoche la Presidencia de la República, se informó que el jefe del Ejecutivo dijo al procurador que cumpla con el deber de ejercer su tarea con absoluta libertad y con base en lo que confiere el artículo 102 constitucional.

Esto es, ``velar porque las investigaciones del Ministerio Público Federal no se desvíen del curso de la legalidad, imparcialidad y profesionalismo, hasta sus últimas consecuencias'', y que ``dichas investigaciones no se sujeten a ninguna presión ajena a la justicia''.

Desde el jueves pasado, y una vez que Othón Cortés fue absuelto, noticia que ocupó los principales encabezados de todos los diarios nacionales y amplios espacios en los medios electrónicos, fuentes de la Presidencia de la República adelantaron que a principios de esta semana Ernesto Zedillo tomaría una importante determinación en torno al caso Colosio.

En columnas y análisis periodísticos se equiparó la libertad de Cortés con el desmoronamiento de la tesis del complot, ante lo cual la PGR insistió en que el asesinato del 23 de marzo de 1994, en Tijuana, había sido producto de la acción de varias personas.

Pablo Chapa Bezanilla fue designado fiscal especial 16 días después de que asumió el poder la nueva administración. Más tarde se supo que su nombramiento se debió a una recomendación hecha por Juan Velázquez, hoy abogado de Carlos Salinas, al panista Lozano Gracia.

Hasta ese momento, la hipótesis sobre el crimen del candidato del PRI a la Presidencia de la República había girado en torno a la teoría del asesino solitario, Mario Aburto Martínez, quien para entonces ya había sido sentenciado a 46 años de prisión por haber propinado los dos disparos que segaron la vida de Colosio.

El 24 de febrero de 1995, a dos meses y ocho días de haberse hecho cargo de la investigación, la hipótesis cambió totalmente. Pablo Chapa Bezanilla y su equipo aseguraron que el homicidio había sido planeado y ejecutado por varias personas.

Y no sólo eso. Con base en nuevos peritajes echaron por tierra uno de los argumentos centrales del primer fiscal especial, Miguel Montes García: el cuerpo de Luis Donaldo Colosio no había dado un giro de 180 grados. Por lo mismo, se dijo, en Lomas Taurinas no hubo uno, sino dos tiradores contra el político sonorense.

Según esta nueva versión, Mario Aburto había disparado la bala que penetró en la cabeza del candidato, con trayectoria de derecha a izquierda, en tanto que la otra bala había sido propinada por otra persona, en sedal en el abdomen, de izquierda a derecha.

El gran descubrimiento de Chapa y sus policías era que el segundo tirador se llamaba Othón Cortés. Una noche antes del espectacular anuncio a la opinión pública, éste había sido detenido en Tijuana. Cortés era un oscuro empleado de dirigentes priístas locales, que se desvivía por ofrecer sus servicios y que una vez detenido se le fue en repetir que era inocente.

Para Chapa, Cortés tenía relación con el general Roberto Domiro García Reyes, quien había dejado la subjefatura del Estado Mayor Presidencial para hacerse cargo de la seguridad de Colosio. Para el fiscal, probar esto significaba vincular la autoría intelectual del crimen con altas esferas del poder. Pero no pudo hacerlo.

Los testimonios para soportar lo anterior fueron frágiles y fue incapaz de documentar la supuesta relación entre Cortés y García Reyes. Esto derivó en la sentencia absolutoria dictada el miércoles pasado.

Por eso, anoche se informó que ``el presidente Ernesto Zedillo y el procurador Antonio Lozano Gracia acordaron que con el propósito de servir a los fines de la justicia y al compromiso de no escatimar esfuerzo alguno hasta que se conozca plenamente la verdad, es conveniente que los funcionarios que hasta ahora se hicieron cargo del caso Colosio se reincorporen a la estructura normal de la PGR para, desde ahí, atender los otros asuntos que se les han conferido''.

Trascendió que Chapa continuará a cargo de las últimas investigaciones del caso Ruiz Massieu, desde la Subprocuraduría C que le fue asignada al entrar en vigor la nueva Ley Orgánica de la PGR, en abril pasado. Desde entonces se auguraba ya que las pesquisas en torno a Cortés no prosperarían y que en cualquier momento Chapa sería relevado.

Se supone entonces que el nuevo fiscal se dedicará exclusivamente a la resolución del caso Colosio.

El comunicado del Ejecutivo también dio cuenta de la instrucción presidencial al procurador para que se entreviste con las comisiones legislativas del caso Colosio, y atienda las recomendaciones que éstas hagan a la Procuraduría, a fin de fortalecer las investigaciones del crimen.

Se informó que el Presidente ordenó a Lozano poner a consideración de esas comisiones la posibilidad de que miembros de ambas Cámaras apoyen las tareas del nuevo fiscal, que para el efecto designe el propio procurador