Protestas por la presencia militar en la sierra de Chihuahua

Alejandro Romero Ruiz y Rubén Villalpando, corresponsales, Chihuahua, Chih., 12 de agosto Integrantes de la Iglesia católica y organismos de derechos humanos acusaron la presencia y creciente militarización en la sierra de Chihuahua, donde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) instaló retenes para bloquear el tráfico de drogas y armas.

Por su parte, el gobernador Francisco Barrio justificó la presencia militar por el combate a la delincuencia, y negó que la medida se relacione con la búsqueda de grupos guerrilleros.

``(Los retenes) son anticonstitucionales y deben desaparecer'', advirtió el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Heliodoro Juárez, en referencia al artículo 129 que restringe la actividad castrense en tiempos de paz.

Por su parte, Adalberto Almeida y Merino, arzobispo emérito de Chihuahua, consideró que la actuación del Ejército es "intimidatoria y fuera de la ley".

A su vez, el sacerdote Camilo Daniel Pérez, presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), indicó que la militarización policiaca y la presencia de soldados en regiones específicas del país intranquiliza a la población.

Ambos sacerdotes se sumaron a la solicitud del obispo de la Tarahumara, José Luis Divildox, en el sentido de que el presidente Ernesto Zedillo intervenga en el asunto y ordene el retiro de los militares.

Camilo Daniel refirió que en un comunicado dirigido al gobierno estatal y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Estados Unidos, la Cosyddhac expresó su rechazo a los retenes militares en carreteras federales y estatales, así como a la base aérea militar que se construye en Chihuahua y la militarización de los cuerpos policiacos.

Desde mayo de 1996, la Sedena instaló retenes militares en la sierra de Chihua-hua, antes de que saliera a escena el Ejército Popular Revolucionario (EPR) en junio pasado; a partir de entonces los soldados someten a exhaustiva inspección a todo tipo de vehículos y revisan a toda persona, sin excepciones.

El obispo de la Tarahumara denunció públicamente excesos de los soldados, pero el titular de la CEDH comentó que a la fecha no se han recibido quejas concretas contra el Ejército.

Sin embargo, añadió el ombudsman, "el Ejército no tiene facultades para realizar labores de pesquisa. En Chihuahua no existe justificación para instalar retenes, pues no es un estado en guerra o con problemas de guerrilla, y la implantación de éstos presupone un clima de inseguridad pública incontrolable o de peligro inminente para la población; si esto no existe, sólo se causa inquietud en la gente".

El obispo consideró ``un error'' del Ejército la instalación de retenes en la sierra, pues ``los indígenas no usan armas ni drogas'', mientras que los delincuentes siguen moviéndose por brechas y burlan la vigilancia militar.

"Estos puntos de revisión afectan más a la gente de bien que a los infractores de la ley", concluyó el presidente de la CEDH.

Justifica Barrio la presencia militar

El gobernador justificó la presencia del Ejército argumentando que así se evita el tráfico de drogas y armas, por el temor que los delincuentes tienen a los militares.

Barrio dijo en Ciudad Juárez que los retenes que por decenas se han establecido en diferentes puntos de Chihuahua son exclusivamente contra narcotraficantes y contrabandistas de armas, y negó que existan grupos guerrilleros en la sierra Tarahumara.

Rechazó que la movilización castrense en la sierra y en comunidades indígenas tenga que ver con el EPR, y aseguró que es coincidencia que se hayan instalado los retenes días después de su aparición.

El procurador de Justicia estatal, Arturo Chávez, dijo que los militares trabajan en la detección de drogas, armas y alcohol, como una medida de ``seguridad nacional''.