Más retrocesos que avances en la participación ciudadana directa

Mireya Cuéllar y corresponsales/ II Más allá de las promesas de gobernantes y partidos políticos, en el país en materia de participación ciudadana directa ha habido más retrocesos que avances.

Históricamente, el PRI se ha resistido a incluir en la Constitución General de la República y en las constituciones locales los mecanismos de la llamada ``democracia directa'': plebiscito, referéndum y la iniciativa popular. Y cuando otros partidos, como Acción Nacional en Chihuahua, los han impulsado, el Revolucionario Institucional ha operado como detractor.

Las candidaturas independientes han tenido una trayectoria similar, con la diferencia de que en este tema el PAN tampoco es partidario de ellas. Lo ocurrido en Oaxaca es un buen ejemplo del retroceso en materia de candidaturas independientes: en 1985 el gobernador interino Jesús Martínez Alvarez logró que se incluyeran en la Constitución y la ley electoral del estado, y en el 86 Heladio Ramírez López las eliminó.

Chiapas es un caso sui generis. Ahí, dichas figuras jurídicas no existen en la Constitución, pero en al menos doce municipios indígenas se han realizado plebiscitos entre 1982 y 1985 para nombrar autoridades provisionales o interinas.

Duante los dos meses que Eduardo Robledo Rincon fue gobernador de Chiapas, presentó ante el Congreso una iniciativa de reformas constitucionales que incluía estas formas de la democracia directa, pero una vez que Robledo dejó el gobierno, el PRI les retiró su apoyo.

Los chiapanecos tienen un antecedente importante de procesos plebiscitarios: en 1824, cuando Chiapas se anexó a México se hizo una consulta ciudadana -54.7 de ellos votaron por unirse al país-, que sirvió también para redactar la declaración de anexión.

En Guerrero, el pasado 9 de mayo se aprobó un nuevo código electoral, y en contra de lo acordado por los dirigentes de los tres partidos políticos más fuertes del estado (PRI, PRD y PAN) y el gobernador, los diputados priístas se negaron en el último momento a discutir e incluir el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y las candidaturas independientes.

Durante las negociaciones, el gobernador Angel Heladio Aguirre se comprometió a exhortar a los legisladores de su partido para que incluyeran dichos mecanismos, incluso gobernador y partidos firmaron un acuerdo a finales de abril, pero finalmente el PRI no cumplió.

Panistas y perredistas de Tamaulipas han insistido, desde hace más de un año, que los referidos conceptos entren en la Constitución, pero el PRI ``hace oídos sordos''. En Nayarit las cosas no han sido distintas: el PRD hizo una propuesta formal de integración de dichas figuras, sin embargo fueron rechazadas. En Yucatán la iniciativa fue del PAN, pero permanece en la congeladora.

Mientras, en Michoacán, con motivo de la reforma del Estado, y el debate de estos temas a escala nacional, PAN, PRD y PRI locales empezaron a discutir la viabilidad de estas figuras para su aplicación estatal. Si bien no hay un acuerdo, todas las fuerzas políticas parecen dispuestas a modificar la Constitución. En el tópico de las candidaturas independientes los puntos de vista están encontrados.

En Baja California, los ciudadanos todavía están a la espera de que Héctor Terán les cumpla su promesa de campaña. Hace nueve meses llegó a la gubernatura y uno de sus ``100 compromisos por la democracia'' fue impulsar el plebiscito y el referéndum.

En estados como Hidalgo, Tlaxcala, Campeche, Guanajuato, Puebla y Aguascalientes los temas ni siquieran están a debate, pese a que en algunos de ellos se hicieron reformas constitucionales y electorales recientemente.

En Sonora se aprobó el 24 de junio pasado un nuevo código electoral, y los conocidos temas de la ``agenda ciudadana'' no fueron incluidos; las ONG señalaron que dicha reforma ``consolida un autoritario sistema de partidos que excluye la participación ciudadana''.

Sólo en Chihuahua existe la posibilidad legal de poner a consideración de los ciudadanos las decisiones importantes a través del referéndum o el plebiscito. En diciembre de 1993 la mayoría panista del Congreso local reformó la Constitución y también incluyó la iniciativa popular.

En el marco de la reforma del Estado, los partidos políticos y el gobierno se abrieron a la discusión -en materia federal- e incluyeron esos tres temas en la llamada agenda ciudadana. También se plantearon discutir las candidaturas independientes, pero éstas tienen pocas posibilidades de prosperar, pues no sólo el PRI está en contra de ellas, también Acción Nacional.

En esas prolongadas negociaciones que sostuvieron en la Secretaría de Gobernación, y que dieron por resultado los llamados Acuerdos de Bucareli, se comprometieron a: ``Instaurar la figura jurídica del referéndum para reformas que incidan en decisiones políticas fundamentales contenidas en la Constitución.

``El PRI, el PRD y el PT coinciden en que no sean materias de referéndum la designación del Presidente de la República con carácter interino, sustituto o provisional, el régimen interior del Congreso de la Unión y el juicio político, así como las leyes tributarias''.

Sin embargo, la Secretaría de Gobernación ha sido muy clara en el tipo de reférendum que el gobierno está dispuesto a aceptar: ``Sólo debe versar sobre materias constitucionales que contengan decisiones políticas fundamentales'', fue una de las acotaciones que hizo a los Acuerdos de Bucareli.

Durante el acto de aniversario del natalicio de Juárez, el pasado 21 de marzo, el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor dijo que el gobierno estudiaba la posibilidad de que en la Constitución se enumere una serie de decisiones políticas fundamentales que sólo podrían ser modificadas con el ``refrendo'' del pueblo.

``A nosotros nos interesa el referéndum facultativo'', dijo el secretario general del PRD, Jesús Ortega Martínez, y explicó que aquél no sólo se refiere a cambios constitucionales, sino que permite poner a consideración de la gente determinadas decisiones como; ¿debe o no desnacionalizarse la petroquímica?

Sobre el plebiscito nunca se pudieron poner de acuerdo y finalmente quedó fuera de los Acuerdos de Bucareli. La iniciativa popular sí es ya un compromiso de los partidos y el gobierno, aunque está pendiente la definición de sus requisitos, procedimientos de admisión, materiales y formatos.

Para el caso de la iniciativa popular, en México no es inédito este derecho. Se consideró durante la reforma política de 1977, aun cuando se limitaba a los habitantes del Distrito Federal.

En la Constitución de Zacatecas también existió hasta 1980, cuando fue retirada. Según el presidente de la Gran Comisión de la 55 Legislatura de esa entidad, Uriel Márquez Valero, la figura de la iniciativa popular nunca se reglamentó en una ley secundaria, por lo que no hubo oportunidad de aplicarla.

El ayuntamiento de Durango correspondiente al trienio 1992-1995, promulgó en diciembre de 1994 un bando municipal que incorpora diversas figuras: plebiscito, iniciativa popular, afirmativa ficta, voz ciudadana en las sesiones de cabildo.

En Suiza y en Italia el electorado tiene derecho a presentar iniciativas a nivel federal, y a escala estatal disfrutan de esa prerrogativa los ciudadanos de 26 estados de la Unión Americana, entre ellos California, Arizona, Washington, Georgia y Maine, según un estudio del Partido de la Revolución Democrática sobre el tema.

En muchos países el referéndum es una figura importante: el 5 de octubre de 1988, 56 por ciento de los chilenos votaron un ``no'' al dictador Augusto Pinochet. En 1992, en Uruguay, se consultó a los ciudadanos sobre una ley de privatización de largo alcance, y 72 por ciento del electorado la desautorizó. Por mencionar sólo dos casos.

(Alejandro Romero Ruiz, Juan Balboa, Raúl García, Teresa Gurza, Antonio Heras, Angel Amador Sánchez Jesús Moreno Durazo, Víctor Ruiz Arrazola, Víctor Hernández Tamayo, Luis A. Boffil, Jesús Narváez, Martín Sánchez, Carlos Camacho, Manuel Carrillo, Carlos Gutiérrez, Lorenzo Chim, corresponsales, y La Jornada de Oriente.)