Atentado con granada a un campamento de cocaleros colombianos en resistencia; dos muertos y 37 heridos

Efe, Afp, Reuter Ap y Ansa, Santafé de Bogotá, 13 de agosto Un atentado con granada ocasionó hoy la muerte de dos campesinos cocaleros y lesiones a 37 más, en el campamento de agricultores que participan en las protestas por la fumigación de cultivos ilegales en la localidad de Orito, departamento de Putumayo.

En tanto, el gobierno colombiano solicitará al embajador de Estados Unidos en Bogotá, Myles de Frechette, que amplíe su información sobre las declaraciones que formuló ayer sobre un supuesto complot golpista; el ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, y el jefe del Ejército, Harold Bedoya, negaron las afirmaciones del diplomático, aunque el alto mando militar anunció la apertura de una investigación al respecto.

El ataque a los campesinos tuvo lugar dos días después de que delegados del gobierno y de los labriegos llegaron a un acuerdo de principio sobre la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos. Según el alcalde de Orito, Luis Burbano, los cultivadores se encontraban festejando el acuerdo cuando sujetos no identificados arrojaron la bomba contra las carpas.

Con estos dos muertos se eleva a cinco el número de víctimas tras los incidentes del sábado 2 de agosto en la población de Puerto Asís, en el marco de enfrentamientos entre manifestantes y el ejército.

Hay versiones encontradas en cuanto a los atacantes, pues el gobierno trabaja sobre las hipótesis de que fueron guerrilleros o narcotraficantes, mientras que los manifestantes culpan a miembros del ejército. Burbano dijo que los cadáveres serán examinados para determinar qué tipo de artefacto se utilizó en el atentado.

En tanto, representantes del gobierno y de los campesinos prosiguen los esfuerzos para llegar a un acuerdo lo más pronto posible. El ministro del Interior, Horacio Serpa, anunció que 12 comisiones integradas por funcionarios del Ejecutivo y organismos del Estado acelerarán el diálogo, al tiempo que condenó el atentado y anunció una investigación al respecto.

Mientras, el vocero presidencial Carlos Castillo expresó su "asombro y extrañeza" por las declaraciones del embajador Frechette, quien el lunes señaló que hace un año un grupo de personalidades civiles se entrevistó con él a nombre de altos oficiales de las fuerzas armadas para pedirle apoyo con miras a un golpe de Estado contra el presidente Ernesto Samper.

Castillo dijo que por medio del Ministerio de Defensa se pedirán al embajador mayores detalles de esa reunión y en torno a sus participantes, y reprochó a De Frechette que "no hubiera informado al gobierno, de manera directa o indirecta, sobre este hecho que atenta contra las leyes y la Constitución". Descartó también que los militares estén interesados en tomar el poder en respuesta a la crisis desatada tras revelarse presuntos aportes de narcodinero a la campaña de Samper.

Esguerra lamentó las declaraciones del embajador porque, dijo, ese tipo de informaciones sólo provocan un clima de zozobra que no le hace falta al país, aunque señaló que las fuerzas armadas están formadas en el respeto a la Constitución y las leyes, y dijo que las revelaciones de De Frechette "son de aquellas cosas que deben reservarse, sobre todo si ocurrieron hace un año".

Por su parte, el general Bedoya negó que los militares hayan proyectado un golpe de Estado, pero el comandante de las fuerzas armadas, almirante Holdan Delgado, informó que ordenará un investigación para determinar si hubo militares involucrados.

En otro contexto, el presidente Samper propuso al Congreso reformar 53 de los 380 artículos de la Constitución, con lo que busca fortalecer los poderes presidenciales. Estos cambios pretenden eliminar la vicepresidencia, establecer el financiamiento estatal de las campañas políticas e inhabilitar a quienes ocupen los cargos de fiscal, procurador y contralor para aspirar a la presidencia en el periodo inmediato al del ejercicio de sus funciones.

Igualmente, prevé crear la figura de jefe de la oposición, cargo que desempeñaría el candidato presidencial perdedor, con escaño en el Senado, así como la prohibición de llamar al gobierno a miembros de la oposición y la modificación de los estados de excepción, entre otras.