Violento desalojo de 800 colonos en Ixtapaluca

Ana Salazar, corresponsal, Teoloyucan, Méx.,13 de agosto Durante un desalojo que efectuaron policías estatales esta madrugada, 150 viviendas fueron destruidas --20 de ellas quemadas--, hubo tres heridos, 13 personas golpeadas y 800 más fueron expulsadas violentamente de un predio que ocupaban desde hace dos años en el municipio de Ixtapaluca, que supuestamente es considerado como reserva ecológica.

El desalojo se efectuó alrededor de las 4:00 de la madrugada, cuando en el predio La Cañada, ubicado en un terreno accidentado en la colonia Jorge Jiménez Cantú, se presentaron más de mil policías pertenecientes al grupo de Fuerza de Acción Inmediata (grupo antimotines), apoyados por granaderos y policías estatales.

Con perros y blandiendo macanas, los policias irrumpieron en las viviendas sorprendiendo a sus moradores y obligándoles a abandonar el predio.

Algunos de los vecinos se resistieron a dejar ``su único patrimonio, que adquirieron desde hace dos años mediante cuotas módicas a Natalia Armendáriz Menéndez, secretaria de Vivienda de la Confederación Nacional Campesina, y a Maricela Serrano, dirigente de Antorcha Campesina''.

Las dirigentes propiciaron la ocupación del predio, perteneciente al ejido de Ayotla, municipio de Ixtapaluca, y según el director de Gobernación estatal, Jesús Arroyo, este sitio es considerado como zona de reserva ecológica.

Pese a la resistencia de los vecinos, la policía los obligó a abandonar el sitio y resultaron golpeados más de 13 personas, entre ellos un menor de 12 años que fue trasladado al Hospital Infantil de Iztacalco, en la ciudad de México, según comentaron Josefina Ramírez y Alejandro Castro.

Jesús Arroyo dijo que el desalojo responde a ``una solicitud del organismo regulador de la tierra (CRESEM), debido a que las 130 familias asentadas, y que conformaron un asentamiento irregular, no tenían posibilidades de integrarse al desarrollo urbano de esta localidad''.

Comentó que la acción fue mediante una resolución judicial y la acción fue supervisada por ocho notarios públicos y 10 agentes del Ministerio Público de la zona oriente de la entidad.

El funcionario expresó que en las acciones para salvaguardar la reserva ecológica se les dieron garantías a los colonos para que pudieran guardar sus pertenencias, así como medidas de seguridad y asesoría jurídica para denunciar a las personas que les vendieron los terrenos.

Arroyo negó que el desalojo haya sido violento y por lo tanto que hayan resultado personas golpeadas. Agregó que durante las acciones de expulsión de los vecinos también intervino la caballería.

El presidente municipal, José Antonio Soberanes Lara, dijo que hubo un exhorto a Natalia Armendáriz para que desalojaran dos hectáreas del predio, sin que hubiera una respuesta positiva.

La lideresa de más de 300 familias sostuvo que el desalojo se realizó sin importar quemar viviendas, en cuyo interior había menores de edad. Desde las 5:30 horas bloquearon la carretera de cuota en protesta y tres horas después fue desocupada.

Por su parte, la policía estatal mencionó que fueron derrumbadas las viviendas con maquinaria pesada y durante los trabajos 20 se incendiaron.