REMOCION INSUFICIENTE

Si es una decisión aislada, la remoción de Pablo Chapa Bezanilla como fiscal especial del caso Colosio resulta a todas luces insuficiente para hacer justicia en torno al homicidio de Lomas Taurinas y para satisfacer el clamor ciudadano de un pleno esclarecimiento de ese trágico episodio de nuestra historia inmediata.

No cabe duda de que el desempeño de la Fiscalía Especial a cargo de Chapa Bezanilla quedó muy por debajo de lo que se esperaba de ella, y que las acusaciones que logró formular resultaron endebles, mal construidas e inconsistentes, hasta el punto de que Othón Cortés, presentado por el ex fiscal especial como ``el segundo tirador'' en Lomas Taurinas, fue absuelto por el juez Jorge Mario Pardo Rebolledo. Pero la ineficiencia del funcionario mencionado es sólo una anécdota en la cadena de torpezas, ocultamientos y actitudes presuntamente dolosas y encubridoras que han caracterizado a la Procuraduría General de la República a lo largo de toda la investigación por la muerte del candidato presidencial priísta el 23 de marzo del año antepasado.

Para enmendar ese deplorable ejercicio institucional, que en mucho ha contribuido a socavar la confianza ciudadana en las entidades públicas encargadas de procurar justicia, se requiere mucho más que la destitución de un fiscal especial. Es preciso que la PGR emprenda una, por así decirlo, investigación de la investigación, desde la siembra de pistas falsas en Lomas Taurinas el día mismo del asesinato; la fabricación de dictámenes inverosímiles e irresponsables, como aquel que afirmaba que el cuerpo de Colosio había girado 180 grados entre uno y otro impacto; los homicidios de funcionarios que tuvieron que ver con el caso; las razones por las cuales ni Miguel Montes ni Olga Islas ni Chapa Bezanilla lograron sacar prácticamente nada en claro, así como los intereses que podrían haberles impedido esclarecer el homicidio.

Las inconsistencias, los errores y las muchas actitudes inexplicables de los investigadores podrían acaso ser producto de una vasta torpeza profesional e institucional, pero a estas alturas la sociedad sospecha, con fundadas razones, de su trabajo. Desde el 23 de marzo de 1994, la PGR ha sido incapaz de determinar si el homicidio de Colosio fue producto de una conspiración o acto de un asesino solitario. Pero tiene además el deber de establecer, más allá de toda duda, si en su propio seno no se ha desarrollado una conspiración para enturbiar las investigaciones hasta el punto de hacer imposible que se conozca la verdad sobre los hechos.

Este es el desafío que habrá de enfrentar quien sustituya a Pablo Chapa Bezanilla al frente de las investigaciones. Para ello --huelga decirlo-- requerirá de todo el respaldo político presidencial, no sólo porque previsiblemente habrá de desafiar en su tarea a intereses hasta ahora ocultos, sino también porque habrá de realizarla con celeridad. La falta de resultados satisfactorios en el esclarecimiento de la muerte de Colosio sigue gravitando negativamente sobre la PGR y sobre el Ejecutivo en general, y es urgente contrarrestar las dos percepciones populares más generalizadas sobre la institución: que la PGR fue, es y será incapaz de establecer la verdad y, peor aún, que la sabe pero no se atreve a decirla.