Es preocupante el panorama de violencia, criminalidad y corrupción e impunidad policiaca que impera en Morelos, no sólo por los funestos efectos que estos asuntos tienen en la sociedad de ese estado, sino también porque éste constituye un ejemplo del avance de los fenómenos delictivos en todo el país.

Es indudable que una buena parte de la degradación de la seguridad pública morelense se origina en unas corporaciones policiales que, en muchas ocasiones, se confunden con las propias organizaciones delictivas. La connivencia entre unas y otras es tan escandalosa que muchos, demasiados mandos policiales morelenses, se han visto involucrados en acciones ilegales en los últimos años y sobre otros, actualmente en activo, pesa la sospecha pública.Pero, más allá de la evidente necesidad de que se emprenda un saneamiento de fondo, una moralización y una depuración estricta de las policías Judicial y Preventiva del estado, así como de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría estatal en su conjunto, es preciso reflexionar sobre algunos de los elementos de contexto que han propiciado la indignante inseguridad que padecen los morelenses.

Ha de considerarse que la entidad presenta una serie de pronunciados contrastes sociales, originados en parte en la dualidad social de Morelos: tierra, por una parte, de bien estructuradas y resistentes comunidades agrarias, el estado es también un centro turístico y residencial de primera importancia en el país, con algunos desarrollos industriales.

Las relaciones económicas, políticas y sociales entre estas dos realidades sociales son necesariamente tensas y conflictivas. Históricamente, y con base en concepciones de desarrollo económico no necesariamente atinadas, los gobiernos estatales han buscado la expansión del Morelos cosmpopolita, moderno y rentable. En estos procesos, los sectores comunitarios del estado han sido marginados, cuando no amenazados con la pérdida de sus tierras y con el desconocimiento de sus estructuras sociales y de sus costumbres.

Entre las dos realidades se ha ido creando, así, una brecha, una tierra de nadie en la cual proliferan la delincuencia y la corrupción. Víctimas de la prepotencia, el descontrol y la impunidad de las corporaciones policiales estatales, muchas poblaciones han cerrado filas y han optado por dotarse a sí mismas de mecanismos de protección, seguridad y procuración de justicia. Se trata de respuestas acaso inevitables y en muchos sentidos entendibles, pero que ciertamente no contribuyen a resolver el problema sino que, a la postre, lo agravan, en la medida en que son incompatibles con el estado de derecho.

Para revertir esta situación, el gobierno estatal debe empezar, en lo inmediato, por reconstruir la confianza de las comunidades morelenses en las instituciones, y ello pasa, necesariamente, por limpiar a fondo los organismos de seguridad y de justicia. Pero, en una perspectiva de mayor alcance, se requiere además imaginar una propuesta de desarrollo que haga compatibles, y no mutuamente excluyentes, al Morelos moderno y al Morelos ancestral.