Más pruebas de fraudes a Conasupo

Oscar Camacho Guzmán Nueve meses de investigaciones realizadas por despachos privados a instancias de legisladores federales y 11 auditorías que la Contaduría Mayor de Hacienda practicó a Conasupo y sus filiales entre 1982 y 1992, han dado por resultado un ``historial negro'' de números rojos, corrupción, ineficiencia, ausencia de controles administrativos, multimillonarias cuentas incobrables y complicidades en esa paraestatal, las cuales han provocado un ``incalculable daño'' al patrimonio de la nación.

A raíz de lo anterior se pudo detectar que en los últimos años se han hecho sobrepagos y daños financieros por subsidio de maíz a Maseca, cercanos a los 50 mil millones de pesos; acumulación de ``cuentas incobrables'' que tan sólo en 1989 alcanzaron 74 mil millones de pesos; la desincorporación ilegal de dos plantas de maíz en donde aparece involucrado Raúl Salinas de Gortari, así como importaciones fraudulentas de maíz y leche contaminados, lo mismo que toneladas de frijol chino no apto para el consumo humano, cuyo costo rebasó los ocho millones de dólares.

En el mismo expediente negro aparecen denuncias sobre desaparición de dinero en efectivo de las arcas de Conasupo y de toneladas de productos, lo cual, a decir del diputado panista Rafael Núñez Peregrín, alcanzó tan sólo en el año de 1984 la cifra de 207 mil millones de pesos, así como la ``pérdida'' de 400 mil toneladas de diferentes productos de consumo popular.

Informe Barriguete

El día de ayer, a las siete de la noche, el despacho Barriguete entregó al presidente de la Comisión Conasupo, Manuel Hinojosa, el resultado de nueve meses de auditorías privadas a las filiales de Conasupo y vinculadas con seis líneas de investigación: PGR-Secodam en relación a Diconsa; resultado de auditorías; compras y adquisiciones; operaciones, clientes y proveedores; desincorporaciones; y denuncias.

En todos los casos el despacho Barriguete, Alonso, López y Compañía recomendó que los diputados prosiguieran por su cuenta las indagatorias toda vez que el punto al que llegaron sus trabajos se topó con problemas de voluntad política.

El informe lo recibieron los diputadospriManuel Hinojosa del PRI, Víctor Quintana del PRD, y Adolfo Aguilar Zínser, legislador independiente. Los representantes panistas no estuvieron en la reunión.

Cuatro horas después, Quintana y Aguilar informaron brevemente del contenido del informe Barriguete. Señalaron que una de las conclusiones establece que si bien no existen evidencias de sustracción en las filiales de Conasupo, sí hay muchos indicios de la realización de una multiplicidad de negocios con empresas privadas, de poco capital y las cuales se constituían semanas antes de que se hiciera pública alguna licitación con Conasupo.

Destacaron los casos de las empresas harineras y de éstas la llamada Abasto Especializado de Víctor Gómez Rodríguez.

En el ramo de desincorporaciones se indicó que la planta de Atlacomulco la vendió Miconsa en 6 mil 600 millones de pesos, sin incluir para el adquiriente el compromiso de cubrir en efectivo y al momento de hacer la compra un adeudo de la filial por 13 mil millones. Este adeudo se fue pagando con trabajos de maquila que la planta, ya en manos privadas, le hacía a Miconsa.

En el orden administrativo, el informe Barriguete señala, entre otras cosas, que en Diconsa, por ejemplo, existe un ``absoluto desorden'' en su papelería. Que no existen prácticamente archivos y que lo existente está en completo desorden. Asimismo da cuenta de que no hay documentos relacionados con compras y adquisiciones.

En otro rubro se indica que se encontró en los estados contables de Diconsa una gran cantidad de ``cuentas incobrables'', y que en muchos casos estas cuentas se tienden a ``inflar''. De estas cuentas incobrables no existe justificación ni explicación alguna que fundamente el porqué ``son incobrables''. Como ejemplo indican que en 1989 las ``cuentas incobrables'' de Diconsa alcanzaron los 74 millones de pesos.

Por último informaron que el presidente de la Comisión Conasupo se comprometió a que en adelante ningún caso o línea de investigación sobre el que se presenten resultados se discutirá y dictaminará en la misma sesión, como ocurrió con el caso del pago de subsidios a Maseca.

Asimismo, Hinojosa expresó el compromiso de que todos los integrantes de la Comisión Conasupo tendrán acceso a toda la documentación disponible.

La Iglesia en manos de Lutero: PAN

Por su lado, el diputado del PAN Rafael Núñez Pellegrín dio a conocer el resultado de un análisis que la fracción blanquiazul obtuvo luego de realizar un análisis a 11 auditorías que la Contaduría Mayor de Hacienda practicó a Conasupo entre 1982 y 1992.

Núñez Pellegrín dijo que durante esa época y basado en las auditorías, Conasupo resintió una ``administración ineficiente, que no actuaba, en la que todo se perdía y en la que no se aclaraba nada''. Responsabilizó directamente a los directores que han pasado por Conasupo, entre ellos Ignacio Ovalle y José Ernesto Costemalle.

Subrayó que las auditorías dan cuenta de una ``falta de control absoluto'' sobre ingresos y egresos de dinero en efectivo, pérdidas de toneladas de productos y deméritos en inventarios (mayor cantidad de mercancía registrada en libros de la que realmente existía en bodegas).

Citó el caso específico de 1984, en el que las auditorías revelan que hubo una desaparición en efectivo de 207 mil millones de pesos de las arcas de Conasupo, así como 400 mil toneladas de todo tipo de productos de bodega.

``Si un símil pudiera hacerse con el manejo que han hecho de Conasupo, sería el de que fue la Iglesia en manos de Lutero''.

Millonarios sobrepagos a Maseca

Por su parte, el diputado independiente Adolfo Aguilar Zínser dijo que de la documentación relacionada con las investigaciones a Conasupo se desprende que en los últimos 15 años se han hecho diversos sobrepagos por subsidios y por daños financieros al grupo Maseca.

Las sumas dadas a conocer por Aguilar Zínser revelan que entre sobrepagos por subsidio y daños financieros reclamados por Maseca, Conasupo ha entregado a esa empresa, propiedad de Roberto González Barrera, alrededor de 50 mil millones de pesos.

Aguilar Zínser dijo que de todas las etapas señaladas las únicas cuentas y documentos que están desaparecidos son los del periodo 1986-1989 y atribuyó ello a que esas cuentas se hicieron cuando Ernesto Zedillo estaba ya en la Secretaría de Programación y Presupuesto.

Aguilar Zínser informó que ayer recibió un informe de la Contraloría y la Secretaría de Comercio en el que ``se confirma que el pago por daño financiero de Conasupo al grupo Maseca por seis millones de dólares fue indebido.

De los dos despachos que deberían haber entregado el día de ayer las conclusiones de sus auditorías, luego de nueve meses, sólo cumplió Barriguete, Alonso, López y compañía, propuesta por el PAN y responsable de auditar a las filiales de Conasupo. El otro, Bladinieres y compañía, el cual fue contratado a propuesta del PRI, no entregó su informe y pidió 15 días de prórroga.