El tamaño del vacío que en materia de democracia dejó la ``histórica reforma electoral por consenso de todos los partidos políticos'' ha sido mostrado por la exclusión de las demandas de campesinos e indígenas, y la omisión del respeto a los derechos de los trabajadores.

La última ronda del Diálogo de San Andrés sacó a relucir que, en la concepción gubernamental, una exitosa reforma electoral no guarda relación alguna con la democracia y la justicia que desde las comunidades indígenas se demanda en Chiapas para toda la sociedad.

En la presentación pública de la nueva cultura laboral se exhibió que lo importante para el gobierno es la firma de quienes dicen representar a los patrones y a los trabajadores, sin importar que para ello se haya prescindido de la mayoría de los dirigentes de sindicatos miembros del Congreso del Trabajo, y de todos los trabajadores y sindicatos que no pertenecen a esta organización cupular. Unos días después como oportuna casualidad, para desgracia de los trabajadores, nuevamente la Ford Cuautitlán se convirtió en el escenario privilegiado del contubernio entre CTM-patrones-gobierno. Una vez más, los trabajadores no pudieron ejercer libremente su derecho a elegir al Comité Ejecutivo local del sindicato de esa empresa. Todavía no cesan las celebraciones de la ``reforma política'' y ya se evidenció su insuficiencia, aun en un ámbito que le reservaron como exclusivo: el de las elecciones.

Si son tan importantes las elecciones, si es tan relevante la democracia representativa en nuestro país, si tanto valor tiene el respeto al voto de los mexicanos, aquí o en el extranjero, si en verdad tiene sentido la reforma constitucional que supuestamente va a impedir la afiliación masiva y forzosa a un partido político, si todo esto se ponderó para aprobar la reforma electoral, ¿cómo es posible que se repitan violaciones tan elementales a los derechos de los obreros, en este caso de la Ford Cuautitlán? ¿Será que al demandar el respeto al voto, la limpieza de las elecciones, y el ejercicio libre de los derechos de los ciudadanos, los partidos políticos no pensaron en los trabajadores, es decir, en la mayoría de la población?

No en vano se afirma que la reforma electoral de este año, más que las anteriores, es la de los partidos para los partidos, con el aval gubernamental.

Hace casi 20 años, la reforma política de 1977 --si bien no era el objetivo--, fue uno de los resultados de décadas de lucha de una izquierda que actuaba en todos los frentes, en todos los sectores económicos, en favor de las clases sociales explotadas. Entonces se criticó que en la concepción de democracia del gobierno no tuvieran cabida los derechos de los trabajadores del campo y de la ciudad, y que esa democracia no abarcara los aspectos económicos y sociales de la mayoría de la población. Hoy vuelve a ocurrir lo mismo, pero con la circunstancia agravante de que muchos de los críticos de hace 20 años son parte de los actores y autores de las reformas actuales.

Veinte años después, otra vez en el contexto de una crisis económica pero con efectos sociales mucho más devastadores, con grupos levantados en armas, los integrantes del sistema de partidos en connivencia con el gobierno, se sienten dueños de las arena política y en ella incluyen las posibilidades de representación, participación y exclusión, del resto de la sociedad. La reforma de los partidos para los partidos ignora peligrosamente al resto de los mortales que acumulan todos los días problemas de empleo, salario, precios, seguridad, corrupción e impotencia, y todo lo que se deriva de la generalizada sensación de terminar un día y empezar otro ``de puro milagro''.

¿Cuál era el objetivo de las reformas que empezaron a discutir hace 19 meses los dirigentes de los partidos registrados y los representantes del Ejecutivo federal?

Para el gobierno nunca ha sido un objetivo real la búsqueda, la ampliación, o la implantación de normas democráticas, pues la democracia practicada en todo el territorio nacional y en todas las actividades de las diferentes clases y sectores sociales, sería el fin seguro del régimen político y de su partido. Pero los partidos políticos, en especial los de oposición, ¿qué pretendieron lograr con esas reformas?

Si sólo se trataba de hacer algunos cambios al sistema electoral, en la medida de las posibilidades de cada uno de los partidos, sin modificar sustancialmente las bases ni los objetivos de ese mismo sistema, algo lograron. Si se trataba de conseguir más cargos disponibles para --``elección popular'' mediante--, distribuirlos entre sus seguidores, también algo lograron. Pero si se trataba de cambiar un poco este país para mejorarlo, para hacerlo más decorosamente habitable, se equivocaron de interlocutor, de medios y de fines.

Desgraciadamente no puede decirse que estemos igual que hace 20 años, porque esas dos décadas no han pasado en balde; ya se han experimentado y abandonado caminos, y los espacios que no se habían querido abrir, permanecen cerrados, y en el cierre de ahora contribuyen muchos de quienes hace 20 años demandaban la apertura de esos y otros espacios.