Protestas estudiantiles en Argentina contra el proyecto de alargar la primaria a 9 años

Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 16 de agosto En una inesperada acción, legisladores justicialistas, como bloque mayoritario, votaron esta madrugada una exención de impuestos sobre el monto total que reciben diputados y senadores con viáticos y otros ingresos, para que sólo se deduzca lo que corresponda al salario efectivo.

Esto desató una fuerte polémica y el presidente Carlos Menem dijo que esta última ley, y afirmó que mientras siga en la presidencia, ese tipo de actitudes no las dejará pasar. ``Si todo el mundo paga sus impuestos, ¿por qué los legisladores no?'', se preguntó. Legisladores de la oposición y varios justicialistas que no estaban en el recinto protestaron este viernes y se proponen actuar en los próximos días contra sus pares.

En tanto, el Banco Nación Argentina inició una demanda por 173 millones y medio de dólares contra la empresa estadunidense IBM, por incumplimiento, solicitando además la nulidad de los contratos establecidos para la informatización de varios organismos estatales.

Esto derivó en un fuerte escándalo, al descubrirse sobrepagos, mientras se investigan cuentas -al parecer de altos funcionarios- fuera del país.

Los escándalos continúan sacudiendo al gobierno aregentino tanto como la violencia de diversos tipos que se revela en agresiones y amenazas, que en las últimas horas afectaron al camarista Javier Ruda Bart, quien denunció a un juez, ahora destituido, por soborno.

Por otra parte, alumnos se movilizaron este viernes en diversas ciudades del país, incluyendo esta capital, en rechazo a la nueva ley de educación que pretende aumentar a nueves años la escuela primaria, lo que causará que la mayoría de los argentinos ``se transforme en mano de obra barata porque ya la deserción es en algunos lugares de 70 por ciento, y con nueve años, serán muy pocos los que podrán acceder a la educación mínima'', dijeron los dirigentes de los maestros.

También miles de padres los acompañaron y en Córdoba se acostaron en las calles en representación de la ``muerte de la educación y la cultura''.

Pero esta tarde aún continúan los ecos de una brutal represión policial en Quimilí, Santiago del Estero, la misma provincia del noroeste que estalló a finales de 1993, por la situación social y otros hechos de grave significación.

Grupos justicialistas de derecha se enfrentan con el nuevo intendente de la Unión Cívica Radical (UCR) en esa pequeña y miserable población. La noche del jueves, actuando al estilo de los operativos de la última dictadura militar, policías golpearon a varias personas y detuvieron a una decena intentando llevarlas hacia lugares desconocidos, lo que fue resistido por los familiares, para impedir una marcha pacífica de unas 2 mil personas. En esta capital, el Ministerio del Interior dispuso hoy la detención de dirigentes del movimiento Quebracho en diversos allanamientos, bajo imputaciones de ``incitación a la violencia y apología del crimen''. El Grupo Quebracho surgió hace dos años agrupando a ex peronistas y a sectores de ultraizquierda, pero desde sus comienzos, por su actuar violento en distintas marchas pacíficas, está rodeado de diversas sospechas.

El ministro Carlos Corach presentó un dossier de''inteligencia'', donde, dijo, consta el ``accionar subversivo'' de los detenidos, hasta ahora unos cuatro, entre ellos Fernando Esteche. Lo que ha causado preocupación en todos los medios. Diversos organismos exigirán explicaciones al ministerio. Córdoba, La Plata y San Juan, son algunas de las ciudades donde Quebracho tiene abierta militancia.

Sin embargo, todas estas acciones, así como las amenazas del ministro de castigar y reprimir la instalación de ollas populares, muchas de las cuales funcionan alrededor de las iglesias, han creado un clima tenso que se añade al llamado ``malhumor'' político por las medidas económicas rechazadas a nivel de las mayorías, apoyadas a regañadientes por las grandes empresas que advirtieron al gobierno sobre la necesidad de ``transparencia'' y disminución en el gasto público .

En tanto, el ministro de Economía, Roque Fernández, se reunirá la próxima semana con una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que dio su apoyo el jueves a las polémicas medidas para enfrentar el déficit de 6 mil 600 millones de dólares que dejó, entre otras herencias difíciles, Domingo Cavallo.

Este año, Argentina deberá pagar en intereses unos 11 mil millones de dólares, y el gobierno trata de obtener ``un perdón'' para no solicitar nuevos créditos stand by, que dispararán aún más la abultada deuda externa.

Buscan funcionarios dialogar con la CGT

En tanto, funcionarios gubernamentales intentan por todos los medios dialogar con la Confederación General del Trabajo (CGT), una firme aliada hasta el paro del 8 de agosto, y que con el apoyo de las 62 organizaciones de gremios peronistas, el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), disidente, y el centroizquierdista Congreso Argentino de los Tabajadores (CTA) impulsan un paro de 36 o 48 horas en septiembre para exigir cambios en el rumbo económico y acciones urgentes ante el desempleo y el subempleo, que han ``excluido a más de 4 millones de trabajadores''.

En este ambiente tenso cierra la semana, con una fuerte protesta del gobierno de Israel por el peritaje realizado por autoridades de ingeniería sobre la explosión que destruyó la embajada israelí en Buenos Aires en 1992. De acuerdo con los nuevos peritajes, que confrontan a los anteriores, los explosivos habrían estado dentro de la sede diplomática.

Este viernes familias de las víctimas de ese hecho realizaron manifestaciones, exigiendo justicia, una vez más. Hubo intercambios de declaraciones duros entre la corte y el embajador israelí, Yitzhak Avirán, así como fuertes palabras de su gobierno.

En este mismo círculo de situaciones trágicas que no cierran, en el cementerio de Escobar continúan siendo excavadas las tumbas de más de 40 personas desconocidas, y ya los peritos descubrieron que dos de ellas fueron asesinadas, con disparos de gracia incluidos, durante la última dictadura militar. Ambos eran detenidos desaparecidos, cuyos familiares pudieron hoy depositar flores en su ahora reconocida tumba, en un acto que volvió a poner en escena la tragedia sin final