La Jornada 17 de agosto de 1996

Si es necesario, que la PGR cite a CSG y Córdoba: María de los Angeles Moreno

El nombramiento del nuevo fiscal para investigar el homicidio de Luis Donaldo Colosio provocó posiciones encontradas entre los panistas: mientras el coordinador de los diputados, Ricardo García Cervantes, anunció que su partido no sugerirá nombre alguno, y se concretará al análisis de perfiles y trayectorias de posibles candidatos, el senador Alfredo Ling Altamirano declaró que los grupos legislativos del PAN ``sí participarán'' en el proceso de propuesta de fiscal, pues no quieren que se le dé carpetazo a la investigación.

De acuerdo a García Cervantes, la actuación de Acción Nacional en este proceso se limitará a revisar las sugerencias que presenten los legisladores del PRI, toda vez que los diputados del PRD anunciaron desde el jueves que tampoco participarán en el proceso de selección de nuevo fiscal.

Los priístas, por su parte, no quieren quedarse solos en la decisión y, aunque fracasaron, ayer hicieron un primer intento por convencer a los perredistas para que den marcha atrás y participen con sus propuestas.

Alfonso Molina Ruibal, presidente de la Comisión Colosio de la Cámara de Diputados, envió un mensaje desalentador a su compañero de partido, Angel Sergio Guerrero Mier, quien encabeza una comisión similar en el Senado, para informarle que no había logrado nada con los perredistas.

Santiago Oñate, dirigente nacional del PRI, al referirse a la decisión del PRD de no participar en la designación del nuevo fiscal, señaló que su partido seguirá trabajando y buscando nuevos consensos, siendo respetuoso de la posición que adopte cada instituto político.

De acuerdo con el líder priísta, el PRD ha externado una posición diversa a la de buscar consenso, pero a pesar de ello se trabaja para lograr una propuesta conjunta, subrayó.

Y es que la fracción del PRD mantuvo su posición de no participar. En conferencia, Cuauhtémoc Sandoval y Mauro González Luna señalaron que constitucionalmente, y apegados a derecho, los legisladores no tienen facultades para intervenir en ello.

Advirtieron que si de verdad el gobierno pretende salirse de la línea de retrocesos en que ha caído la investigación del crimen en Lomas Taurinas, debe iniciar proceso penal contra Carlos Salinas de Gortari, o por lo menos llamarlo a declarar en torno al homicidio del candidato presidencial.

``No es con avales como se va a ahondar en las investigaciones del homicidio de Colosio'', sentenció Sandoval, quien también rechazó que la decisión de retirarse sea una expresión de ``la línea dura'' del PRD, como se ha empezado a manejar, con la intención de criticar al recientemente designado presidente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador.

Mientras, el procurador Antonio Lozano Gracia anunció que el próximo miércoles dará una conferencia de prensa donde asumirá su posición en torno a las investigaciones y el nombramiento del nuevo fiscal.

La divergencia entre panistas

En la Cámara de Diputados, Ricardo García Cervantes anunció que el PAN no presentará ninguna propuesta de nuevo fiscal y que sólo participará en el análisis de perfiles y trayectorias de los candidatos que propongan los legisladores del PRI.

Con lo dicho por García Cervantes, la decisión de proponer al cuarto fiscal para el caso Colosio quedará en manos exclusivamente de los priístas.

No piensa lo mismo su correligionario Alfredo Ling Altamirano, miembro de la comisión senatorial, quien declaró que los legisladores del PAN ``sí participarán en el proceso de selección''. Es más, hasta criticó a los perredistas por salirse del caso:

``Quien renuncia voluntariamente a su capacidad de propuesta, también está renunciando a su capacidad y posibilidad de crítica. Si ellos (los perredistas) no quieren participar en un asunto que es compromiso de todos, es como el que vota y después se queja'', dijo el legislador guanajuatense.

Agregó que el PRD prefiere mantenerse como francotirador, esperando la oportunidad para seguir disparando al siguiente fiscal, sea quien sea.

``Nosotros preferimos correr el riesgo'', subrayó Ling Altamirano, y dijo que un partido político no puede detener la marcha de las instituciones.

Ling sostuvo que ningún mexicano va a ``entrarle'' para ocupar la fiscalía especial, si no siente el respaldo del Ejecutivo y del Legislativo.

Siguen las reacciones

Y mientras los legisladores del Revolucionario Institucional, PRD y Acción Nacional buscan ponerse de acuerdo, continuaron las reacciones en todos los medios por la salida de Pablo Chapa Bezanilla.

La senadora priísta María de los Angeles Moreno indicó que los graves errores cometidos por el procurador Antonio Lozano, han impedido que a más de año y medio del asesinato de Colosio ``no se tenga nada en claro, y se manejen simples suposiciones''.

Consideró que si la comparescencia de Carlos Salinas y Córdoba Montoya es necesaria para llegar al fondo del asunto, que ``los traigan y hablen. Es hora de indagar todas las pistas que se tengan a fin de que la sociedad tenga una respuesta favorable''.

Por su parte, el gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, opinó que la negativa del Partido de la Revolución Democrática de participar en la designación del nuevo fiscal especial, podría ocasionar el retraso de las indagaciones.

Sin embargo, señaló que el retiro de los perredistas también ``pondrá presión'' para que este caso se atienda con mayor profundidad.

Entrevistado en el aeropuerto capitalino, el gobernador consideró que la decisión del Presidente de transferir al Congreso la responsabilidad de nombrar al nuevo fiscal es ``saludable'', pues demuestra una voluntad de apertura para que otras instancias de la sociedad participen en las investigaciones.

Por su parte, la arquidiócesis de México sostuvo que el asesinato de Colosio no fue obra de un asesino solitario y responsabilizó al ex presidente Carlos Salinas de haber resuelto sus dificultades con los demás de forma ``violenta y vengativa''.

El editorial de Nuevo Criterio, órgano de la arquidiócesis, también defendió la labor del titular de la Procuraduría General de la República, y señaló que hace falta la voluntad política de Zedillo para no aumentar la lista de los ``temerosos o corresponsables con la injusticia''.

Otra voz de la Iglesia católica fue la del arzobispo de Hermosillo, Carlos Quintero Arce, quien consideró que las autoridades han ``ocultado'' a los asesinos intelectuales y materiales del homicidio, y sólo han dado promesas en el esclarecimiento del crimen.

El presidente Ernesto Zedillo dijo que había voluntad política para encontrar a los responsables del magnicidio. Después mencionó que empeñaba su palabra de mandatario, recordó el prelado.

``De esto han pasado más de 180 días y, por consiguiente, una vez más nosotros vemos: cómo es posible que haya esas promesas y sin embargo no haya la seguridad'', concluyó (Oscar Camacho, Ismael Romero, Georgina Saldierna, Laura Gómez, Claudia Herrera, David Aponte, David Carrizales y Juan Manuel Venegas).