Jorge Fernández Menéndez, articulista de El Financiero, escribió hace ocho días que el EZLN no tiene derecho a pedir que sea sustituida la llamada delegación gubernamental que, por decirlo de algún modo, atiende a los zapatistas en la Mesa de San Andrés. ``Es como si el gobierno federal le exigiera al EZLN que cambiara sus mandos porque no les gusta (sic).'' Al margen de la deficiente sintaxis que la expresa, esta visión simplista encubre problemas que afectan al conjunto de los habitantes del país y merece por ello ser discutida.

Para los operadores políticos de lo que resta del sistema --que por otra parte es lo peor--, la gestión de Marco Antonio Bernal y Jorge del Valle en Chiapas representa la adhesión del ``gobierno'' a una concepción pongamos teórica y a una línea de procedimiento. Ambos funcionarios son, en otras palabras, emblemáticos de una forma de ver y tratar a los zapatistas. Jorge del Valle lo definió con claridad, en una entrevista que, de tan citada que ha sido en los meses recientes, amenaza con volverse clásica: a los zapatistas, después de ``achicarlos'' en el terreno militar, ahora lo que procede es ``achicarlos'' políticamente.

Mantener a Bernal y del Valle al frente de la delegación gubernamental en San Andrés, equivale a ratificar este tratamiento. Si ellos lo dicen y Emilio Chuayffet los conserva en sus puestos, esto significa que Emilio Chuayffet piensa como ellos: a los zapatistas hay que achicarlos políticamente. La pregunta sería: achicarlos para qué. ¿Para aislarlos y, entonces sí, aniquilarlos en el campo de batalla? ¿O para hacerlos entrar en la legalidad y en la lucha política abierta, en las peores condiciones posibles? Desde cualquier ángulo que se examine esta dualidad, lo que el régimen quiere obtener en Chiapas no es noble y, mucho menos, democrático.

No lo son, tampoco, la reforma electoral ``definitiva'' ni la reforma política del Distrito Federal. Que los capitalinos puedan por fin elegir a su regente, no deja de ser una burla porque, en los hechos, ese regente no tendrá poder de decisión: le será vedado, por ejemplo, designar a los titulares de las 16 delegaciones políticas de la ciudad. De allí la comprensible reticencia de Diego Fernández de Cevallos a luchar por un cargo que, dígase lo que se diga, lo convertiría en una especie de piñata colgada en el Zócalo.

En cuanto a la reforma electoral ``definitiva'' --que sin embargo, y es apuesta, no servirá sino para reglamentar las elecciones del año entrante y punto--, el régimen olvida que fue negociada por una fuerza política inexistente, o tan pequeña, si se prefiere verla así, como el Partido del Trabajo. Me refiero al PRD de Porfirio Muñoz Ledo, esto es, al escaso 16 por ciento de los militantes activos del PRD que votaron por la línea de Muñoz Ledo al sufragar por Amalia García: una minoría comparada con el 72 por ciento que se inclinó por Andrés Manuel López Obrador, esto es, por la línea opuesta a la de Muñoz Ledo.

Para los sectores más amplios y numerosos de la sociedad mexicana, las elecciones de 1997 deberían ser un plebiscito para ratificar o repudiar la política general del ``gobierno''. Pero, en la realidad, los próximos comicios servirán únicamente para que el país ratifique el aborrecimiento profundo que siente por el PRI... al márgen de los resultados que arrojen no las urnas, sino los sondeos de salida de las muy respetables empresas de opinión, muldialmente reconocidas y bla bla bla, que darán, como en 1994, un veredicto más importante que el del propio IFE. A menos que la sociedad se proponga desde ahora, y luche con firmeza, por impedir que haya ``sondeos de salida'' y ésta sea una regla adicional del juego.

En las pasadas elecciones españolas, las encuestas de salida pronosticaron la victoria de José María Aznar por un amplio margen de ventaja. En los hechos, ya se sabe, Aznar superó a Felipe González por un pelo y tuvo enormes dificultades para formar su gobierno. En 1994, en México, las encuestas de salida, realizadas por una docena de empresas vinculadas a la radio y a la televisión, anunciaron la noche del 21 de agosto el triunfo de Ernesto Zedillo. Pero las computadoras del IFE, bajo la supervisión de Jorge Carpizo, demoraron ocho días en dar toda la información que almacenaban en cuanto a urnas, votos, abstencionismo, etcétera.

Para evitar que se cayera el sistema como en 1988, el IFE aprobó la instalación de dos redes de computación que estarían supuestamente conectadas como espejos: el CENARREP I y el CENARREP II. En los hechos --véanse las notas al respecto en El Financiero y Reforma de la semana posterior a los comicios--, a las cuatro de la mañana del 22 de agosto, el CENARREP I, resguardado por representantes de todos los partidos políticos, ya había almacenado el 97 por ciento de la información electoral: en pocas palabras, diez horas después del cierre de las urnas, el gobierno de Salinas tuvo en su poder los resultados casi totales del proceso.

Pese a todo, el cerebro oculto en el CENARREP II --y que según testigos de la época era José Córdova Montoya-- comenzó a soltar la información a cuentagotas, como si en lugar de los poderosos microchips de las máquinas, hubiese unos pequeños comerciantes moscovitas sumando con ábaco. El fraude existió, pues, en grado de tentativa. Si los votos hubiesen resultado adversos al PRI y al candidato presidencial de Salinas, el aparato contaba con toda una semana para ``arreglar'' las cifras y hacerlas coincidir con los sondeos de salida.

Cuando el Ejército ocupó Guadalupe Tepeyac en febrero de 1995, los reportes policiacos dijeron que esa comunidad y el ``Aguascalientes'' contiguo configuraban una base militar estratégica del EZLN. El más poderoso de los argumentos esgrimidos para demostrar este ``hallazgo'', era que en el pueblo no habían sido encontrados ``atuendos típicos de los indígenas'', lo que demostraba que sus habitantes eran ``mercenarios profesionales''.

Esta necedad pasó, automáticamente, a formar parte de los manuales de la Secretaría de Gobernación relativos a Chiapas. Cuando Bernal y del Valle se ``empaparon'' en el tema EZLN antes de sentarse a la Mesa de San Andrés, tuvieron que haber leído en esos manuales que el ``Aguascalientes'' original había sido una base de mercenarios. Y por haberse aprendido la lección de esta manera --desde la óptica de La Rebelión de Las Cañadas, que es la misma-- estuvieron a punto de desencadenar una catástrofe de dimensiones gigantescas.

A mediados de diciembre de 1995, el ``gobierno'' descubrió que los zapatistas estaban no sólo construyendo, sino a punto de concluir, cuatro nuevos ``Aguascalientes'': uno en La Realidad, cerca de Guadalupe Tepeyac; otro en La Garrucha, cerca de Ocosingo; otro en el ejido Roberto Barrios, cerca de Palenque, y otro en Oventic, cerca de San Cristóbal. A pesar del enorme cerco militar, de los patrullajes aéreos, de la infiltración en las comunidades y del espionaje efectuado por múltiples conductos en la zona, el régimen, una vez más, fue tomado por sorpresa.

La reacción inmediata --me dice el tonto del pueblo, recordando viejos testimonios de integrantes de la Conai-- fue ``desmesurada''. La Secretaría de Gobernación llamó al obispo Samuel Ruiz García para exigirle que transmitiera una orden a la comandancia general zapatista: desalojar los nuevos ``Aguascalientes'' pacíficamente en menos de 24 horas, para que el Ejército los ocupara de igual modo y procediera a su destrucción. Hubo, entonces, un arduo intercambio de mensajes entre los rebeldes, los mediadores y la delegación gubernamental, antes que Chuayffet accediera a poner en duda el diagnóstico de Bernal y del Valle, que le aconsejaban ser inflexible hasta las últimas consecuencias.

Los nuevos ``Aguascalientes'', como quedó claro en los hechos, no eran sino centros culturales edificados por los indígenas insurrectos para anunciar su deseo de incorporarse a la lucha civil pacífica. Lo anterior prueba, entonces, que la permanencia de Bernal y del Valle en la Mesa de San Andrés ha afectado a los habitantes del país en su conjunto, como vuelve a afectarnos ahora, porque los ``negociadores'' del régimen parecen estar llevando el diálogo en Chiapas, una vez más, al abismo. Mientras Bernal asegura que el EZLN ``busca todo o nada'', él y sus colegas ofrecen algo más simple: ``O nada, o nada''